Las estafas inmobiliarias acechan: cómo protegerte de fraudes al comprar o alquilar
En primer lugar, una estafa común que suele producirse en el proceso de compra o alquiler de una propiedad es el caso de los anuncios fraudulentos.
Estos anuncios engañosos pueden presentar propiedades inexistentes, en condiciones de alquiler engañosas o ventas ficticias, con el fin de sacar dinero o información personal a personas que no lo sospechan.
Otro esquema prevalente es la aparición de agencias inmobiliarias fantasma, que operan con el único propósito de engañar a los clientes, utilizando información falsa de la agencia y promesas falsas para atraer a sus víctimas.
Por último, el alquiler o venta no autorizados de una propiedad por un estafador que se hace pasar por el propietario legítimo, a pesar de no tener derecho legal a la propiedad, también es una situación lamentablemente frecuente.
Como si el proceso de comprar o alquilar una vivienda no fuera lo bastante desalentador, la presencia de estas estafas agrava aún más los retos a los que deben enfrentarse los posibles compradores e inquilinos.
Las señales habituales de posibles estafas inmobiliarias incluyen peticiones de pago inusuales, tácticas de venta o alquiler a toda prisa, y propiedades ofertadas a precios que parecen demasiado buenos para ser verdad.
Es esencial estar alerta e informado para evitar ser víctima de estas actividades fraudulentas.
SEÑALES DE ALARMA
Para evitar las estafas inmobiliarias, es crucial ser consciente de las señales de alarma que pueden indicar un posible fraude.
Las peticiones de pago inusuales, como que le pidan que transfiera dinero para asegurar una propiedad sin haberla visto en persona, o que le presionen para que tome una decisión apresurada sin que le faciliten un contrato adecuado, son grandes señales de alarma.
También las propiedades que se ofrezcan a precios notablemente bajos en comparación con otros anuncios similares de la misma zona deben recibir una sana dosis de escepticismo.
Y si una supuesta agencia inmobiliaria no puede o no quiere proporcionar referencias verificables o pruebas de su legitimidad, el comprador o arrendatario debe proceder con extrema precaución.
No hay que pasar por alto las señales de falta de transparencia, como discrepancias en la titularidad de la propiedad o en el historial del anuncio.
Cualquier incoherencia o intento de precipitar el proceso sin proporcionar información adecuada debe servir como claro indicador de una situación potencialmente fraudulenta.
Al reconocer y prestar atención a estas señales de alarma, las personas pueden reducir significativamente la probabilidad de ser víctimas de estafas inmobiliarias.
PROTEGERSE
Al participar en cualquier transacción inmobiliaria, ya sea la compra de una propiedad o un contrato de arrendamiento, hay medidas esenciales que las personas pueden tomar para protegerse de caer presas de esquemas fraudulentos.
En primer lugar, es imprescindible verificar la legitimidad de todas las personas o agencias que intervengan en la transacción.
Esto puede conseguirse realizando una investigación exhaustiva, solicitando y verificando referencias y asegurándose de que todas las partes implicadas estén debidamente autorizadas y registradas, si la ley lo exige.
Otro paso crucial para protegerse es ejercer prudencia a la hora de compartir información personal o financiera.
Las personas deben abstenerse de divulgar información sensible, como el número de la Seguridad Social o detalles financieros, sin haber confirmado previamente la legitimidad de la otra parte implicada en la transacción.
El uso de métodos de pago seguros y rastreables, así como la insistencia en un contrato escrito formal en el que se establezcan todos los términos y condiciones de la transacción, pueden servir como salvaguardas instrumentales contra posibles fraudes.
Aparte de estas medidas proactivas, buscar el asesoramiento de un abogado inmobiliario cualificado o contratar los servicios de una agencia inmobiliaria de prestigio con una trayectoria probada de integridad y fiabilidad puede proporcionar un nivel adicional de seguridad y orientación a lo largo del proceso de transacción.
QUÉ HACER SI ES USTED VÍCTIMA
En el desafortunado caso de que una persona sea víctima de una estafa inmobiliaria, es crucial emprender acciones inmediatas para mitigar los daños y buscar reparación.
El primer paso es denunciar el incidente a las autoridades competentes, como la policía local y los organismos de defensa del consumidor.
Documentando los detalles de la transacción fraudulenta y aportando cualquier prueba disponible, las víctimas pueden contribuir a la investigación y, potencialmente, impedir que otras personas sean víctimas del mismo sistema.
Además, solicitar la asesoría de profesionales del Derecho especializados en Derecho inmobiliario y fraude financiero puede ser fundamental para explorar las vías legales disponibles para buscar reparación.
En los casos en que se hayan producido pérdidas económicas como consecuencia de la estafa, puede ser posible emprender acciones civiles contra los autores en un esfuerzo por recuperar los fondos perdidos.
Adoptando medidas decisivas y exhaustivas, las personas que han sido defraudadas pueden trabajar para responsabilizar a las partes responsables y minimizar el impacto de la estafa en sus bienestar financiero y legal.
INFORMACIÓN DE EXPERTOS SOBRE ESTAFAS COMUNES EN EL MERCADO
A medida que he profundizado en el mundo del derecho inmobiliario, he tenido la oportunidad de obtener valiosos conocimientos de expertos del sector que cuentan con una amplia experiencia en la identificación y lucha contra las estafas comunes en el mercado inmobiliario.
Según estos profesionales, una de las tendencias predominantes en el fraude inmobiliario implica la explotación de las plataformas digitales y los canales de comunicación para llevar a cabo esquemas engañosos.
La sofisticación creciente de las actividades fraudulentas en línea, como la creación de anuncios de propiedades falsos y la suplantación de entidades inmobiliarias legítimas, ha planteado un formidable reto tanto a los consumidores como a los profesionales del sector.
Los expertos hacen hincapié en la importancia crítica de llevar a cabo una diligencia debida exhaustiva al participar en cualquier transacción inmobiliaria, independientemente de que se refiera a la compra, venta o alquiler de una propiedad.
Esto incluye la verificación de la titularidad de la propiedad y la legitimidad de las personas y entidades implicadas, así como la revisión exhaustiva de todos los términos y condiciones contractuales para identificar y abordar cualquier posible área de preocupación o ambigüedad.
Al permanecer vigilantes y contratar los servicios de profesionales cualificados, como abogados inmobiliarios y agentes acreditados, las personas pueden protegerse proactivamente contra las estafas prevalentes y las actividades fraudulentas que persisten en el mercado inmobiliario.
TENDENCIAS RECIENTES EN EL FRAUDE INMOBILIARIO Y CÓMO EVITAR CAER VÍCTIMA
En los últimos años, el panorama del fraude inmobiliario ha evolucionado paralelamente a los avances tecnológicos, lo que ha provocado un aumento de los sofisticados y polifacéticos esquemas fraudulentos.
Desde el robo de identidad y los documentos de propiedad falsificados hasta la manipulación de los sistemas de pago digital, los métodos empleados por los estafadores inmobiliarios se han vuelto cada vez más insidiosos y difíciles de detectar.
Una de las tendencias emergentes en el fraude inmobiliario implica la manipulación de los procesos de transacción digital, en los que los estafadores explotan las vulnerabilidades de los sistemas de pago en línea y los canales de comunicación para engañar a sus objetivos.
Para evitar ser víctimas de estas formas evolutivas de estafa inmobiliaria, es imprescindible que las personas ejerzan un mayor discernimiento y precaución al navegar por el ámbito digital de las transacciones inmobiliarias.
Esto incluye la verificación de la autenticidad de los anuncios en línea y la aplicación de métodos de pago seguros y verificados para mitigar el riesgo de pérdida económica.
Además, la adopción de protocolos de autenticación multifactoriales y de encriptación al participar en comunicaciones digitales con entidades inmobiliarias puede servir como medio valioso para mejorar la seguridad y la integridad del proceso de intercambio de información.
Al permanecer informadas sobre las últimas tendencias en estafas inmobiliarias y mantenerse vigilantes y proactivas en su enfoque de las transacciones inmobiliarias, las personas pueden fortalecer sus defensas frente al panorama dinámico y evolutivo de las estafas inmobiliarias, reduciendo así su susceptibilidad a las actividades fraudulentas.
PENSAMIENTOS DE CIERRE: SALVAGUARDA DE SUS ESFUERZOS INMOBILIARIOS
Al concluir esta exploración del omnipresente problema de las estafas inmobiliarias, es primordial subrayar la importancia de la vigilancia, la diligencia debida y la toma de decisiones informada al emprender cualquier transacción relacionada con la propiedad.
Tanto si es usted un comprador de vivienda por primera vez, un inversor experimentado o un inquilino potencial, estar equipado con el conocimiento y la conciencia necesarios para identificar, prevenir y abordar las posibles estafas inmobiliarias es de vital importancia para salvaguardar sus intereses y bienestar financiero.
Al familiarizarse con los tipos comunes de estafas inmobiliarias, al reconocer las señales de alerta que pueden indicar una situación fraudulenta potencial y al aplicar proactivamente medidas de protección, como la verificación de la titularidad de la propiedad, el examen de los contratos y la contratación de profesionales inmobiliarios de reputación y verificables, puede navegar por el panorama inmobiliario con confianza y seguridad.
Además, permanecer atento a las perspicacias y advertencias de los expertos del sector y los profesionales del Derecho puede ofrecer una valiosa orientación y apoyo para garantizar que sus esfuerzos inmobiliarios estén protegidos de la amenaza generalizada de las actividades fraudulentas.
En última instancia, la búsqueda de una propiedad, ya sea para residencia personal o fines de inversión, debe basarse en una fundación de confianza, transparencia e integridad legal.
Al dotarse de conocimientos y una mentalidad proactiva, puede contribuir activamente a la creación de un entorno inmobiliario caracterizado por la seguridad, la responsabilidad y la conducta ética de todas las partes implicadas.
CONCLUSIÓN
Como abogado que ha visto innumerables casos de estafas inmobiliarias, puedo decirle que es importante ser consciente de los diversos tipos de fraude que pueden producirse al comprar una vivienda.
Desde anuncios de alquiler falsos hasta agentes y vendedores fraudulentos, hay muchas señales de alarma a las que hay que prestar atención.
Asegúrese de protegerse investigando a fondo la propiedad y su titularidad, leyendo atentamente los contratos y evitando acuerdos que parezcan demasiado buenos para ser verdad.
Utilice siempre métodos de pago seguros y nunca se precipite a la hora de tomar una decisión.
Con el auge de la digitalización, es crucial ser cauteloso y buscar ayuda en fuentes de confianza. No se convierta en víctima de estas estafas. Manténgase informado y seguro al comprar una vivienda
FUENTE: CONFILEGAL
El Juzgado de Primera Instancia nº21 de Madrid ha anulado el último testamento de una mujer con Alzhéimer. Y con ello, ha reconocido el reparto de la herencia planteado anteriormente, en el que se reconoce como herederos a partes iguales a los dos hijos de la fallecida, así como a su nieta, única hija del tercer hijo, anteriormente fallecido. María (nombre ficticio) era declarada incapaz por sentencia 78/2013, de 3 de julio de 2013. Ello, debido a que la mujer padecía «un diagnóstico de deterioro cognitivo moderado mixto neurodegenerativo-vascular con Alzhéimer». Una patología que, según sus médicos, empeoraba a nivel cognitivo y general, falleciendo la anciana el 27 de diciembre de 2015. Sin embargo, poco antes de fallecer, y estando ya incapacitada, la mujer cambiaba su testamento. Ello, favoreciendo únicamente a uno de sus hijos, Manuel, al que le instituía como único y universal heredero. Y con ello, determinaba como legatarios de la legítima estricta a su otro hijo, Juan, así como a su nieta, Laura. Un testamento ante el que Juan no dudaba en presentar una demanda judicial. Un procedimiento que recaía sobre el Juzgado de Primera Instancia nº21 de Madrid. Demanda en la que el hombre impugnaba el testamento realizado el 4 de julio de 2014 «por falta de capacidad del testador», «El mencionado testamento fue otorgado un año después de ser declarada incapaz, por lo que es manifiestamente nulo», estipula la defensa del hombre, representado por Ignacio Palomar Ruiz, socio director de Servilegal Abogados. Razonamiento por el que desde Servilegal Abogados se solicitaba la nulidad del testamento. También la imposición de costas a la parte demandada. LA JUSTICIA ANULA EL TESTAMENTO IMPUGNADO «María, cuando otorgó el testamento de 2014, no regía bien. De hecho, fue Manuel quién forzó con ir a notaría. Y luego, al sentirse mal, renunció a la herencia», estipula la impugnación del testamento. Las otras partes del procedimiento se allanaron a la demanda ante la objetividad de los hechos, lo que permitió una rápida resolución, dado que todos los hechos estaban debidamente acreditados mediante prueba documental: informes médicos, sentencia de incapacitación y certificado de últimas voluntades. Una valoración que acepta el juzgado madrileño, bajo la magistratura de María Luz Losada Vime. Y así, reconoce las pretensiones de la nieta de la mujer fallecida, y de uno de sus hijos, en reconocimiento del anterior testamento. «En el presente caso, la parte actora ejercita una acción de nulidad del testamento otorgado el 4 de julio de 2014 por falta de capacidad de la otorgante para testar. Frente a esta pretensión, la parte demandada se allana», expone el juzgado. Y así, estima la demanda presentada. Algo que supone que sea el testamento anterior, firmado por la fallecida en abril de 2003, el que se aplique en este caso, reconociendo «por terceras partes e iguales» a todos los herederos. “Este caso demuestra que no todo vale en materia sucesoria. Muchas familias se ven perjudicadas por testamentos otorgados cuando el testador ya no tenía capacidad. La justicia está para restaurar el equilibrio y proteger a quienes realmente tienen derecho”, afirma Ignacio Palomar, responsable del caso, a Confilegal. Un caso que demuestra que acreditar la nulidad de un testamento es posible. Eso sí, actuando «con prontitud y una estrategia jurídica clara». FUENTE. CONFILEGAL
l Tribunal Supremo ha precisado que su nueva doctrina sobre la necesidad de conceder al trabajador un trámite de audiencia previa antes de proceder a un despido disciplinario no tiene efectos retroactivos. Sólo se aplica a los despidos realizados con posterioridad a la sentencia que la estableció, dictada el 13 de noviembre de 2024 por el Pleno de la Sala de lo Social (sentencia 250/2024). Así lo aclara el Alto Tribunal en dos nuevas resoluciones, con fechas de 5 y 11 de marzo de 2025, en las que desestima los recursos presentados por los Tribunales Superiores de Justicia de Navarra y de la Comunidad Valenciana, que pretendían aplicar la nueva doctrina a casos previos a su publicación. En esta noticia se habla de: audiencia previadespido disciplinarioTribunal Supremo (TS) El Tribunal Supremo ha precisado que su nueva doctrina sobre la necesidad de conceder al trabajador un trámite de audiencia previa antes de proceder a un despido disciplinario no tiene efectos retroactivos. Sólo se aplica a los despidos realizados con posterioridad a la sentencia que la estableció, dictada el 13 de noviembre de 2024 por el Pleno de la Sala de lo Social (sentencia 250/2024). Así lo aclara el Alto Tribunal en dos nuevas resoluciones, con fechas de 5 y 11 de marzo de 2025, en las que desestima los recursos presentados por los Tribunales Superiores de Justicia de Navarra y de la Comunidad Valenciana, que pretendían aplicar la nueva doctrina a casos previos a su publicación. La sentencia del pasado noviembre marcó un hito jurisprudencial al establecer que los trabajadores no pueden ser despedidos disciplinariamente sin haber tenido la oportunidad de defenderse previamente frente a las acusaciones que fundamentan la extinción de su contrato. Un derecho que, según la Sala de lo Social, deriva directamente del artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en vigor en España desde 1982. Esa norma internacional exige que el trabajador pueda exponer las razones por las que considera injustificadas las acusaciones antes de que se adopte la decisión de despido, “salvo que no pueda pedirse razonablemente al empleador”. Con ese fundamento, el Supremo modificó una doctrina que había mantenido durante décadas, justificando el cambio por “los avances producidos en nuestro ordenamiento jurídico desde entonces”, como la Ley de Tratados Internacionales, la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional, la calificación de los despidos o la inaplicación de la norma más favorable considerada de forma global. NO EXIGIBLE RETROACTIVAMENTE En las recientes sentencias de marzo, el Supremo subraya que, en los casos analizados, los despidos se produjeron antes del cambio jurisprudencial, cuando todavía no era exigible la audiencia previa. Por tanto, no se puede sancionar a los empleadores por no haber cumplido con un requisito que en ese momento no formaba parte de las exigencias legales o jurisprudenciales. “No podía razonablemente pedirse al empleador que tuviera que conceder la audiencia previa al trabajador en tanto que en el momento en que activó el despido no se le podía exigir ese requisito”, concluye una de las resoluciones. Y remata: “En todos los casos en los que el despido se produjo con anterioridad a nuestro cambio de doctrina, es aplicable la excepción”. El caso resuelto por el Supremo en la sentencia 250/2024 partía de una trabajadora despedida sin ese trámite de audiencia. En ese fallo, la Sala reconocía que se apartaba de su criterio anterior para alinearse definitivamente con el Convenio 158 de la OIT. Como explicó entonces a Confilegal el abogado Alfredo Aspra, socio director de Labormatters Abogados, se trataba de “la sentencia más relevante de los últimos años dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo”. Un auténtico leading case que, a su juicio, “establecía un cambio de jurisprudencia sobre esta materia” y obligaba a los tribunales españoles “a aplicar el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT a la hora de valorar los despidos disciplinarios”. Ahora, las dos nuevas sentencias de marzo, el Supremo acota el alcance temporal de esa transformación doctrinal y da seguridad jurídica a las empresas en relación con decisiones adoptadas antes de noviembre de 2024. A partir de esa fecha, la audiencia previa se convierte en un requisito esencial en todo despido disciplinario. FUENTE: CONFILEGAL
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