Derecho a ser informado de los hechos delictivos que se imputan

Cualquier persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho delictivo tiene derecho a ser informado de la acusación que frente a ella se dirige, de tal modo que ese conocimiento previo se configura como un presupuesto indispensable para poder ejercer debidamente el derecho de defensa. 
El principio acusatorio trasciende al derecho fundamental contenido en el artículo 24.2 de la Constitución Española –previsto también en los artículos 118.1 a) y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal–, comprendiendo toda una serie de garantías procesales, entre las que cabe destacar el derecho a ser informado de los hechos que se le imputan a una persona, de tal modo que ese conocimiento previo de los hechos delictivos que se le atribuyen se configura como un presupuesto indispensable para poder ejercer debidamente el derecho de defensa. 
El Convenio para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales establece en su artículo 5.2 que toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve plazo y en una lengua que comprenda, los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella. 
Nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones a este respecto, convirtiendo ese conocimiento previo de la acusación formulada contra una persona, en términos suficientemente determinados para poder defenderse de ella de manera contradictoria, en una exigencia ineludible para garantizar el derecho de defensa constitucionalmente reconocido. 
En palabras de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (STS núm. 426/2016, de 19 de mayo, Rec. 2107/2015), cabe recordar que el derecho a conocer los hechos que motivase su declaración como imputado es un requisito sine qua non para ejercitar su derecho de defensa. Por ello tiene derecho a ser informado de los hechos imputados, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación. Información que también debe recaer sobre la infracción penal que se sospecha cometida, sin perjuicio del desarrollo de las investigaciones en curso. El derecho al conocimiento de la imputación comprende, así, una descripción de los hechos y la mención del tipo penal al que corresponden según pueda determinarse en la fase en la que el proceso se encuentre.
La Fiscalía General del Estado, a través de su Circular 3/2018, sobre el derecho de información de los investigados en los procesos penales, señaló que el derecho del sospechoso o investigado a ser informado de los hechos presuntamente delictivos que se investigan y los indicios y pruebas existentes acerca de su perpetración, constituye una de las manifestaciones esenciales del derecho a un proceso equitativo y del derecho de defensa, pilares del proceso penal. 
Resulta evidente, pues, que conocer los hechos delictivos que se atribuyen a una persona debe consagrarse como un elemento esencial a la hora de tener en consideración y garantizar el derecho de defensa, pues difícilmente puede alguien defenderse de una acusación que desconoce o que conoce parcialmente. Este derecho, debe reunir dos elementos esenciales para colmar las exigencias constitucionales: en primer lugar, la persona en cuestión debe tener conocimiento de los hechos que se le atribuyen, el grado de perfección, su participación en los hechos y las circunstancias y, en segundo lugar, debe tener conocimiento de la calificación jurídica, que debe ser coherente con los hechos descritos (STS núm. 1674/2002, de 10 de octubre, Rec. 91/2001). 
En lo que respecta a la persona jurídica investigada, esta ostenta el mismo estatuto procesal que la persona física investigada, de tal modo que conforme a lo dispuesto en los artículos 119 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la primera comparecencia el Juez informará al representante legal de la persona jurídica los hechos que a ésta se le imputan. 
Hay que tener en cuenta que el derecho a ser informado de los hechos que se le imputan podrá quedar limitado en el caso de que en el procedimiento penal el Juez haya acordado el secreto de las actuaciones previsto en el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien, una vez alzada la medida restrictiva, la persona investigada tendrá derecho a acceder a las actuaciones y a que se le informe completamente de la acusación que frente a ella se dirige, conforme a lo dispuesto en los artículos 24.2 de la Constitución Española y 118.1. a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
En conclusión, el estatuto básico de toda persona investigada integra el derecho a ser informado de los hechos delictivos que se le atribuyen, consagrándose este derecho como uno de los pilares fundamentales de nuestro proceso penal y del derecho de defensa que la Constitución Española le reconoce a cualquier persona investigada y únicamente podrá verse limitado temporalmente en los casos excepcionalmente previstos en la Ley. 

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Por Juan José Sanchez Busnadiego 29 de abril de 2026
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Por Juan José Sanchez Busnadiego 8 de abril de 2026
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Por Juan José Sanchez Busnadiego 13 de marzo de 2026
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Por Juan José Sanchez Busnadiego 13 de marzo de 2026
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado el despido de un trabajador, «pillado» en el gimnasio estando de baja por dolor de espalda, con una sintomatología que desaconsejaba los ejercicios de intensidad sobre la zona. Una sentencia en la que el tribunal estipula que el centro deportivo no es una zona «privada». El absentismo laboral se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las empresas en España. También dentro de la administración pública. Ausencias que se multiplican en los puestos de trabajo que llevan a muchas empresas a apostar por contratar detectives privados para comprobar si esos trabajadores realmente se encuentran en incapacidad temporal, o están intentando «engañar» al sistema. Una práctica que llevaba a FCC Aqualia S.A. a despedir a Jesús, un empleado de la empresa desde mayo de 2008. Así pues, en enero de 2022, el trabajador iniciaba una IT hasta junio de 2023 por «dolor en la parte inferior de la espalda». Una IT que volvía a causar baja en la empresa en enero de 2024, por la misma dolencia. Un dolor ante el que la recomendación médica era «no cargar peso sobre la espalda, no realizar ejercicios de cargas axilares de columna, saltos, carrera intensa», o ejercicios que supusiesen agresión a la zona afectada. Sin embargo, en abril de 2024, Detectives Garbo comprobaba que el trabajador, además de conducir y realizar todo tipo de actividades, había acudido a hacer un circuito intenso de montaña durante tres horas. También, durante varios días, «acudió a un club deportivo a realizar clases dirigidas en las que se realiza todo tipo de movimientos y esfuerzos», sin que se observase dolencia alguna. Algo que llevaba a la empresa a despedir al trabajador el 23 de abril de 2024 por falta muy grave. Ir al gimnasio puede ser motivo de despido Un despido que el hombre llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Juzgado de lo Social nº4 de Elche que, en su sentencia de 22 de noviembre de 2024, desestimaba las pretensiones del trabajador. Decisión que llevaba a Jesús a presentar un recurso de suplicación ante el TSJCV. Caso que recaía sobre los magistrados Isabel Moreno de Viana-Cárdenas (presidente), Miguel Ángel Beltrán Aleu y María del Carmen Torregrosa Maicas (ponente). Recurso en el que el trabajador alegaba que el informe del detective debía ser declarado nulo debido a que las fotos obtenidas en el gimnasio «lo fueron en un espacio privado, por lo que son ilícitas». Del mismo modo, alegaba Jesús que su despido era discriminatorio por baja médica. Y que, del mismo modo, no se podía demostrar una vulneración de la buena fe contractual. Motivos que desestimaba el tribunal. «El club privado, gimnasio, en el que se tomaron las fotografías no tiene la consideración de espacio reservado puesto que, de un lado, el detective obtuvo permiso para entrar; y de otro, no puede considerarse que se trate de un lugar donde se ejerce la vida íntima, personal y familiar», expone el tribunal. Una valoración que el TSJCV acompaña de que el trabajador no cumplió con el «leal comportamiento» que le imponía la incapacidad temporal de cara a la empresa, en busca de cooperar activamente en su recuperación. Algo que sí supone la transgresión de la buena fe contractual, justificando así su despido. Fallo en el que el tribunal desestima el recurso, confirmando el despido. Sin costas.
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