Tramitar una herencia
Cómo proceder con los trámites de reclamación de la herencia
La gestión para tramitar una herencia cuenta con un plazo de seis meses, extensibles por otros seis meses para que los beneficiarios efectúen la adjudicación y liquidación de los bienes del difunto. A continuación, mencionaremos los pasos para iniciar el trámite de reclamación de la herencia.
Obtener testamento y certificados
En primer lugar, se requiere del certificado de defunción una vez transcurridas 24 horas desde el fallecimiento en el Registro Civil. Una vez conseguido el certificado, siempre y cuando hayan pasado más de 15 días desde el deceso, habrá que requerir la constancia de última voluntad. Este certificado indicará si el fallecido ha entregado o no testamento y en ese caso, en cuál notaría se ubica el último realizado por el difunto.
Una vez se especifique que Notario resguarda el testamento, se debe acudir a él para que entregue copia del documento.
Inventario de la herencia
Una vez que tenga en poder el testamento o bien se haya ejecutado la declaración de beneficiarios abintestato, prosigue hacer un inventario de todos los bienes, así como también de las deudas, para poder determinar los activos y los pasivos que constituyen el caudal hereditario.
Hay que considerar que, de aceptar la herencia, se aceptan también las deudas, lo que implica que el heredero responde con sus bienes propios. En este proceso es indispensable contar con un profesional en el área.
Partición de la herencia
Cuando se han realizado los pasos anteriores procede realizar la partición de la herencia. Si la participación de un abogado especialista en herencias era necesaria anteriormente, ahora lo será mucho más. Al momento de repartir los bienes además de los activos y pasivos, se deben considerar lo dispuesto por el difunto en el caso en que haya dejado un testamento y respetar la fracción que ha sido asignada a cada beneficiario.
Pago de impuestos
¿Necesitas un asesor fiscal? Cuando ya se han adjudicado los bienes se debe proceder con el pago de los impuestos. En este caso, se debe aportar el impuesto de sucesiones de la Comunidad correspondiente. Esto deberá hacerse presente dentro de los seis meses posteriores a la muerte y puede prolongarse hasta seis meses más. También se deberá aportar la plusvalía del ayuntamiento si existen propiedades inmuebles.
Inscripción en los registros pertinentes
Finalmente, una vez que se han llevado a cabo todas las acciones mencionadas con antelación, solo resta apersonarse a los registros pertinentes con el objetivo de inscribir la titularidad correspondiente.
De igual modo, se debe proceder tanto en las cuentas bancarias como en las entidades bancarias que tuviese el causante, así como también si existen vehículos a nombre del difunto. En este último caso, se debe adjuntar otra documentación extra que figura en el sitio web de tráfico.
Documentos necesarios para tramitar la herencia
Existen una serie de documentos que deben ser presentados para proceder con la gestión de trámite de la herencia. A continuación, se mencionan cada uno de ellos:
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del fallecido.
• Fotocopia del DNI de los herederos
• Certificados bancarios originales.
• Documentos vehiculares.
• Certificado de defunción.
• Certificado de últimas voluntades.
• Testamento del fallecido (original y copia).
• Fotocopia de las escrituras de los inmuebles a heredar (escritura de herencia o de compra).
• Certificado de seguros de vida.
• Impuestos de plusvalía cancelados.
• Impuestos de sucesión cancelados.
• Inscripción en el registro de propiedad.
¿Qué pasa si no hay testamento?
En el supuesto, que no haya testamento se debe tramitar una declaración de abintestato ante el Notario con el objetivo de establecer los parientes más cercanos que se puedan beneficiar del caudal hereditario. En este escenario, suelen ser hijos, hermanos o cónyuges, así como también, familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o primos carnales.
En realidad, la declaración de herederos cuenta con dos documentos. En el primero de ellos se inicia el proceso, y transcurridos 30 días se otorga otro escrito que señala quienes son los beneficiarios o herederos a la vista de testigos y gracias a las pruebas entregadas.
Para instaurar la declaración, se debe contactar con una notaría propiamente del último lugar donde el fallecido haya vivido para que indiquen con exactitud el proceso y documentos que se deben entregar.
En la mayoría de los casos, se solicita el DNI del fallecido en el que se pueda apreciar la dirección domiciliaria (se puede solicitar también certificado de empadronamiento), acta de defunción y constancia del Certificado de últimas voluntades. Además, se deben señalar todos los datos de los involucrados en la sucesión.
Certificado de seguros de vida
Al momento de explicar cómo tramitar una herencia, otra gestión, es la petición del certificado de seguros de vida. Se trata de una escritura que permite conocer si el difunto contaba con seguros de vida por los cuales sus beneficiarios perciben una indemnización en caso de la muerte. Esto es un modo bastante usual de transferir la herencia.
Para tramitarlo, se debe entregar el certificado de últimas voluntades y el modelo 790. Se debe cancelar otra tasa por gestión en el Ministerio de Justicia, por canales presenciales o en línea con certificado electrónico.
Certificado de últimas voluntades
Se entiende por certificado de últimas voluntades al documento que permite validar si un fallecido hizo o no un testamento. Se trata de un documento indispensable para tramitar la herencia.
Es probable que los parientes de un difunto estén al tanto que otorgó un testamento y la notaría donde se hizo, inclusive pueden tener consigo una copia simple del documento. Sin embargo, esta información no es suficiente para empezar los trámites de la reclamación de la herencia, ya que, es posible que el fallecido haya generado un testamento posterior sin conocimiento de sus familiares.
El testamento legítimo será el último y esto solo puede ser verificado mediante el certificado de últimas voluntades.
¿Cuándo se puede solicitar el certificado de últimas voluntades?
Se puede requerir transcurridos 15 días hábiles a partir del día del deceso. En este periodo no se incluye el día de la muerte, ni sábados, ni domingos y tampoco días festivos.
¿Cómo se puede solicitar el certificado de últimas voluntades?
Esta solicitud puede llevarse a cabo de las siguientes maneras:
Solicitud presencial o por correo
Se debe completar el formulario 790 y debe ser presentado. Puede obtenerse en:
• Página web oficial del Ministerio de Justicia.
• Las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.
• La Oficina Central de Atención al Ciudadano en Madrid.
Los documentos que deben acompañar esta solicitud son:
1. Justificante del aporte de la tasa: se podrá realizar el pago en cualquier entidad financiera que colabore con la Agencia Tributaria.
2. Certificado de defunción: deberá constar indispensablemente con el nombre de los padres del difunto. Este certificado se solicita ante el Registro Civil que corresponda a la localidad en la que haya muerto la persona.
Solicitud de certificado electrónico de acciones de última voluntad
Si el fallecimiento ocurrió posterior al 02 de abril del año 2009 y la muerte está inscrita en el Registro Civil, no en un juzgado de paz. Si cumple con lo antes expuesto y se tiene el certificado digital es posible tramitar la solicitud en la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.
¿Qué información se obtiene en el certificado de últimas voluntades?
• Si el difunto ha generado testamento, figuran los testamentos que haya elaborado y el nombre de los notarios que han autorizado. Tendrá validez solo el último testamento.
• Si el fallecido no ha creado ningún testamento, se registrará: sin testamento.
• Constancia de convenios de seguros de cobertura por muerte. En el mismo modelo de solicitud de certificación de última voluntad, se puede requerir certificación de contratos de seguros por deceso.
¿Qué procede una vez obtenido el certificado de últimas voluntades?
En el caso que el fallecido haya elaborado un testamento, se debe solicitar la copia del último que ha sido otorgado en la Notaría que corresponda.
De no existir ningún testamento, se debe gestionar un documento de declaración de beneficiarios abintestato.
Otros escenarios es los que se requiere de la Declaración de herederos abintestato
También existen otros escenarios en los cuales, a pesar de que el causante haya otorgado testamento, se necesita de la declaración de herederos abintestato:
• Cuando el testamento se declara nulo.
• Cuando el beneficiario se encuentra incapacitado de suceder.
• Si el heredero fallece antes que el causante o repudia la herencia, si no tiene reemplazante y no posee el derecho de acrecer.
• Cuando el beneficiario incumple las reglas establecidas por el testador.
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) mantiene el despido procedente de un trabajador, pese a estar de baja por ansiedad, por su consumo de alcohol. Una práctica que mermaba su capacidad de recuperación, según los tribunales. Vidal trabajaba para TRANSDOYLO SL, empresa dedicada a la actividad de transporte de mercancías, desde febrero de 2011. Un puesto de trabajo en el que se mantenía cuando, en diciembre de 2022, comenzaba una baja médica, siendo diagnosticado con un trastorno de adaptación con ansiedad. Una situación mental ante la que el hombre recibía medicación por parte de la atención primaria. Pero ante la que el hombre no mantenía una actitud de recuperación. Así pues, tal y como pudo comprobar el detective contratado por la compañía durante varios días, Vidal acompañaba esta situación de baja por ansiedad con altos consumos de alcohol, así como conduciendo su vehículo particular. En concreto, según el informe del investigador, el hombre ingirió «cerveza con alcohol, en una cantidad relevante, como mínimo un litro». También «la ingesta de combinado de whiskey», además de cerveza. Consumo de alcohol al que añadía conducción de vehículos a motor de forma habitual. Algo que llevaba a la empresa, en noviembre de 2023, a comunicar al trabajador la carta de despido disciplinario. «Estas actividades están dotadas de una más que suficiente gravedad e intencionalidad como para considerarse que ha transgredido la buena fe contractual», valora la empresa en la carta de despido. Ello, debido a que la ingesta de alcohol está contraindicada en el tratamiento médico del trabajador, «perturbando» su curación. Un despido ante el que el trabajador presentaba una demanda ante el Juzgado de lo Social nº1 de Jaén. Juzgado que, sin embargo, desestimaba su demanda, llegando el caso ante el TSJA. Alcohol y ansiedad son incompatibles Un caso que valoraban los magistrados Beatriz Pérez Heredia (presidente), Fernando Oliet Palá, y Benito Raboso del Amo (ponente), en su sentencia 37/2026. Tribunal ante el que el trabajador alegaba que se había vulnerado su derecho fundamental a la garantía de indemnidad. Ello, al estar de baja médica cuando se produjo el despido disciplinario por parte de la empresa. Una valoración que, sin embargo, no comparte el tribunal. «La suspensión (laboral) exonera al trabajador de prestar servicio, pero no de cumplir con las estantes obligaciones del contrato de trabajo», recuerda, en este sentido, el TSJA. Así pues, pese a estar de baja médica, el trabajador cometió transgresión de la buena fe contractual, al producirse «quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral». En concreto, «por realizar actividades que eran incompatibles con la situación de incapacidad temporal en la que se encontraba el demandante». «Ha realizado una actividad que no tenía permitida por el tipo de medicación que estaba tomando. Ha venido realizando actividades que son incompatibles con su estado médico y tratamiento farmacológico, consistentes en la ingesta de alcohol de forma habitual, estando ante una conducta que retrasa el proceso de curación, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones laborales», valora el TSJA. Algo que lleva al tribunal a coincidir con el criterio de instancia. Y por tanto, a desestimar el recurso de suplicación interpuesto, confirmando el despido procedente. FUENTE: CONFILEGAL
Un juez permite dividir una vivienda en dos, a pesar de que la comunidad de vecinos estaba en contra
El Tribunal de Instancia de Madrid nº92 ha dado la razón a un propietario de un local, en su pretensión de dividir su local para convertirlo en dos viviendas. Un proyecto al que se oponía la comunidad de vecinos, que rechazaba en votación la propuesta del propietario. La crisis de la vivienda se ha convertido en una realidad para muchos jóvenes. No sólo por los elevados y en muchas ocasiones abusivos precios de alquileres y compra, sino también por la falta de oferta de vivienda. Especialmente, en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Un contexto en el que A.A., propietario de un local de más de 100 metros cuadrados en Madrid, tomaba la decisión de dividir un local de su propiedad, a fin de convertirlo en dos viviendas individuales. Algo para lo que solicitaba autorización a la junta de la comunidad de propietarios. Una primera votación en la que no se alcanzaba la mayoría necesaria. Sin embargo, en una segunda votación, sí que se obtenía la mayoría exigida por la Ley de Propiedad Horizontal, cumpliendo con todos los requisitos legales y administrativos. Pese a ello, el administrador exigió unanimidad. Un requisito que no estaba contemplado en la normativa, pero que llevó a la comunidad a intentar revocar, en una junta posterior, la autorización ya admitida al propietario. Un caso que A.A., representado por Servilegal Abogados, llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Tribunal de Instancia de Madrid nº92 , bajo la magistratura de Francisco Juan Hernández Bautista. Dividir la vivienda no necesita el «sí» unánime de la comunidad Magistrado que, en su sentencia 21/2026, da la razón al propietario del inmueble. Ello, recordando que la Ley a este respecto «no exige unanimidad en estos supuestos, sino una mayoría cualificada» explican desde el bufete a Confilegal. “Demostramos que la interpretación legal debía ser la de la mayoría cualificada. La ley es clara. Exigir unanimidad cuando no procede supone un abuso y genera un perjuicio injustificado al propietario”, explica Ignacio Palomar Ruiz, letrado del caso y director de Servilegal Abogados. Así pues, el tribunal declaró que la mayoría exigible era de tres quintos en la comunidad de propietarios, y no era necesaria la unanimidad. Además, se puso de manifiesto que, tras un «sí» concedido a la división de la vivienda, no se podía dar marcha atrás. Decisión con la que el magistrado estimaba la demanda. Y, así, aceptaba la división del inmueble, con imposición de costas a la comunidad de vecinos. «El caso tiene una trascendencia que va más allá del conflicto concreto», valora el abogado. Ello, debido a que cada vez son más frecuentes estos casos de cambio de uso en un local. Especialmente, en las grandes ciudades, donde cada vez es más complicado encontrar un lugar al que llamar hogar. “Este fallo devuelve la confianza en la justicia frente a decisiones arbitrarias dentro de las comunidades. No se puede cambiar las reglas cuando no gusta el resultado de una votación», expone Palomar. FUENTE: CONFILEGAL
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha desestimado las pretensiones del trabajador, confirmando el despido procedente. Y es que, tras amenazar a su encargado de obra con golpearle en la cabeza con una piedra, la defensa del despedido no justificó la razón por la que no era merecedor de la sanción máxima por parte de la compañía. Raúl trabajaba para Opera Catalonia S.L.U. desde septiembre de 2018, con contrato indefinido como Oficial 1ª. Un puesto de trabajo que el hombre mantenía el 27 de junio de 2023, día en el que tenía un duro enfrentamiento con el encargado de la obra en la que trabajaba. Así pues, después de criticar el encargado que la obra estaba hecha «una mierda», Raúl se enfrentaba a él, «reaccionando de una forma violenta». «Le ha dicho ‘»cojo una piedra y te reviento la cabeza». Seguidamente, se ha dirigido al encargado, con la intención de agredirle, llegando a cogerlo del cuello, y debiendo se separado por otro trabajador presente en ese momento», explica ahora la sentencia del TSJCat. Acciones que llevaban a la empresa a despedir al trabajador disciplinariamente, con efectos ese mismo día. Ello, alegando que el trabajador había cometido una falta muy grave, tipificada en el artículo 101h) del convenio colectivo estatal del sector de la Construcción, como malos tratos de palabra y obra, o faltas graves de respeto y consideraciones a los superiores. Un apartado que se contempla como sanción en el art. 102 del mismo Convenio con suspensión de empleo y sueldo de 16 a 90 días, o el despido. Un despido disciplinario que el hombre llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Juzgado de lo Social nº2 de Tarragona que, en su sentencia de 18 de octubre de 2024, desestimaba las pretensiones del trabajador. Fallo ante el que el hombre elevaba el caso ante el TSJCat. Recurso de suplicación que llegaba ante la sala compuesta por los magistrados Amparo Illán Teba (ponente), María Pía Casajuana Palet y Jesús Gómez Esteban. Amenazas que suponen un despido procedente «No se ha guardado una proporcionalidad entre la falta y la sanción impuesta, habiendo optado la empresa demandada por la sanción máxima del despido, cuando tenía la posibilidad de imponer la suspensión de empleo y sueldo», expone la defensa de Raúl ante el TSJCat. Unas alegaciones ante las que se oponía la empresa demandada. Ello, recordando que «los hechos probados ponen en evidencia que el trabajador en dos ocasiones amenaza y trata de agredir a su encargado». Respuesta de la empresa en la que, además, se pone de manifiesto que la recurrente «se limita a efectuar una exposición teórica sobre el principio de proporcionalidad, pero sin argumentar sobre las razones por las que no resultaría proporcionada la sanción en este caso». Alegaciones expuestas por Opera Catalonia S.L.U. con las que coincide el tribunal. «Debe señalarse que, si bien la parte recurrente alega que no existe proporcionalidad entre la conducta y la sanción de despido, ni siquiera alega circunstancia alguna que pudiera atenuar la gravedad de la conducta del trabajador», sentencia el TSJCat, que recuerda que conducta de Raúl fue «muy violenta y agresiva». Y por tanto, justificaba el despido disciplinario. Valoración con la que el tribunal desestima el recurso de suplicación, confirmando la sentencia de instancia. Sin costas. FUENTE: CONFILEGAL