La Justicia declara accidente laboral la caída de un teletrabajador en su casa
Estima la demanda del trabajador, que está de baja por contingencia de accidente no laboral, ya que no se le había reconocido que éste fuese de trabajo
El Juzgado de lo Social número 3 de Santander ha declarado accidente laboral la caída en casa de un teletrabajador que realizó una pausa en su jornada laboral para ir a por agua, se tropezó, cayó al suelo y se cortó una mano con el cristal de una puerta.
El trabajador está de baja por contingencia de accidente no laboral, ya que no se le había reconocido que éste fuese de trabajo.
El magistrado-juez Pablo Rueda Díaz de Rábago, titular del Juzgado, ha estimado la demanda que interpuso contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General, la mutua Fremap y su empresa, Nexian Spain ETT S.R.L., y ha declarado que el periodo de incapacidad temporal que inició el 31 de enero de 2022 responde a la contingencia de accidente de trabajo con las consecuencias inherentes a esta declaración a cargo de la mutua, mientras que ha absuelto al resto de codemandadas.
En la sentencia, dictada el pasado 8 de marzo (procedimiento 663/2022), subraya que «no es posible hacer de peor condición a un teletrabajador que a un trabajador ordinario».
La resolución todavía no es firme. Contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
El demandante presta servicios para Nexian Spain ETT S.R.L. con un contrato de trabajo de 30 horas, de lunes a domingos, y con el horario (a turnos) de 9:30 a 15:30 horas y 16:00 a 22:00.
El 31 de enero 2022, el demandante teletrabajaba por la tarde, de 16.00 a 22.00 horas. Sobre las 19:36 realizó un pequeño descanso y se dirigió a la sala de su domicilio (se encontraba solo) a por agua. Tropezó en el pasillo y se golpeó con su mano derecha con el cristal de la puerta de la sala cortándose la mano.
Salió al descansillo de la vivienda y llamó a alguna vecina.
A las 19:49 horas llegó una ambulancia que lo trasladó al hospital de Sierrallana, donde fue atendido en Urgencias a las 20:20 horas, con diagnóstico de corte en mano derecha a nivel palmar zona 2 y 3 de tercer dedo (herida mano izquierda, sección colateral).
Inició incapacidad temporal el 31 de enero, en la que sigue en la actualidad, por contingencia de accidente no laboral.
Se ha tramitado el expediente administrativo en relación con la contingencia del periodo de Incapacidad Temporal referenciado con imputación del mismo a accidente no laboral.
A principios de febrero, el demandante envió el siguiente WhatsApp a su empresa: “Hola, buenas tardes. Estaba en casa teletrabajando y cogí mi descanso de 5 minutos. Entonces me levanté a buscar una botella de agua a la sala, cuando iba por el pasillo tropecé y como me iba a caer puse la mano contra la puerta de la sala que es de cristal, se rompió el cristal y me corté la mano derecha. Así ha sido el accidente”.
«SE CAYÓ EN MEDIO DE LA JORNADA LABORAL»
El trabajador presentó la demanda en octubre de 2022. El juicio se celebró el pasado 1 de marzo.
Como tuvo lugar en su domicilio, tanto la mutua como el INSS alegaron que no se habría demostrado que se encontraba en un descanso que podría justificar su tesis. Señalaron que perfectamente podría haber sucedido que éste se cayera en una labor doméstica cualquiera ya que se encontraba en su domicilio.
El magistrado explica en la resolución que el registro de la actividad laboral del demandante demuestra que a las 19:36 horas descansó y que en ese instante fue cuando tropezó y se cayó en la puerta de cristal.
«El parte de urgencias no permite cuestionar que ese día y a esa hora, se cayó y tropezó con un objeto cortante», señala Pablo Rueda.
El magistrado expone que ha de tenerse en cuenta que el teletrabajador se encontraba en medio de su jornada laboral, que había comenzado a las 16:00 horas y concluía a las 22:00. Por tanto, entiende que «el incidente acaeció en tiempo y lugar de trabajo».
En la resolución también destaca que «si el incidente hubiera acontecido en una empresa, no habría existido siquiera un expediente judicial al respecto».
«Sucede que tuvo lugar en el domicilio del trabajador. Y en este punto, se compartiría el criterio de las demandadas si la caída hubiera sucedido fuera de la jornada laboral, pero ciertamente la caída ocurrió en medio de la jornada de trabajo», argumenta el magistrado. Y hace hincapié en que el hecho de que el trabajador fuera a por agua o lo que fuera, «no empaña la tozuda realidad de que se cayó en medio de la jornada laboral».
«No es tan relevante si fue en medio de un descanso, porque si se hubiera caído al ir al baño, la respuesta jurídica sería la misma, salvo que se pretenda que un teletrabajador no acuda al baño durante 6 horas seguidas», expone.
«Desde luego, en un ambiente fabril ordinario no existiría debate alguno al respecto», agrega el juzgador, y subraya que «no es posible hacer de peor condición a un teletrabajador que a un trabajador ordinario».
En la resolución también de manifiesto que el trabajador siempre ha mantenido la misma versión. «Tanto en urgencias como en el WhatsApp que a primeros de febrero remitió a la empresa, la versión ha permanecido inalterable», indica.
Respecto a la tesis de la mutua y del INSS, que se apoya en que quizás el trabajador realizaba una labor doméstica, el juez manifiesta que «esto es tanto como aseverar que dejó de trabajar y defraudó a la empresa».
«Esta postura coloca a la parte demandante en una prueba diabólica, como es acreditar que había dejado de teletrabajar», razona.
En cualquier caso, recuerda que «el seguimiento informático demuestra que estaba prestando servicios, salvo el pequeño descanso que tomó a las 19.36 horas».
Y en base a lo expuesto, estima la demanda porque «el actor sufrió un accidente de trabajo».
El juzgado de lo Penal nº03 de Móstoles ha absuelto a un agente de policía de un presunto delito de revelación de secretos, después de que la abogada denunciante haya retirado los cargos. Una decisión con la que se cierra un procedimiento abierto en 2021 por la letrada contra dos agentes, después de que uno de ellos accediera a sus datos personales gracias a sus credenciales policiales. Era noviembre de 2020 cuando el agente Alejandro (nombre ficticio), consultaba las bases de datos policiales en relación a la matrícula de una abogada. Pocos meses después, en febrero de 2021, este mismo agente consultaba nuevamente la base de datos policial. En este caso, para conocer las denuncias que esta mujer, abogada de profesión, había realizado ante la Policía. Una actuación que llevaba poco después a Sandra , esta abogada, a presentar una denuncia a este agente, así como a su compañero, ante asuntos internos. Ello, acusándoles de un presunto delito de revelación de secretos. Algo a lo que la mujer unía un presunto delito de injurias. Y es que, en este mismo escrito, aseguraba que estos agentes habían utilizado esta información, así como la información obtenida en una intervención policial en su casa, para difamarla delante de sus clientes. Ello, haciendo declaraciones del tipo «si ya se la había follado, si había ido ya a su domicilio. Que era una drogadicta y tomaba pastillas». Acusaciones ante las que las investigaciones realizadas por la Unidad de Asuntos Internos concluye que estas investigaciones en la base de datos de la Policía las realizó Alejandro, sin que hubiera intervención alguna del otro agente. Unas consultas que se reconoce que «no tienen causa legal alguna». Pero sin que existan «suficientes indicios de criminalidad» debido a ellas, al existir relación entre estas búsquedas y las comprobaciones policiales para la prevención de delitos. EL POLICÍA, ABSUELTO DE LOS CARGOS DE REVELACIÓN DE SECRETOS Un caso ante el que el juez de instrucción decidía ir a juicio por un prsunto delito de revelación de secretos, y otro de injurias. Algo ante lo que el abogado Manuel Chamorro, representante del agente de policía, recurría ante la Audiencia Provincial de Madrid. En concreto, ante los magistrados Esther Arranz Cuesta (ponente), Luis Carlos Pelluz Robles, y Mª del Pilar Casado Rubio. Magistrados que, en su auto 261/2023, determinaban la extinción de la responsabilidad penal del delito de injurias. Ello, debido a que este supuesto delito ya habría prescrito. Una decisión en la que, a la vez, la Audiencia determinaba la continuación de la causa por un presunto delito de revelación de secretos. Ello, a pesar de reconocer que estas consultas, pese a que sí son datos reservados de carácter personal, no tienen «la consideración de sensibles». Algo por lo que «el mero acceso no integraría delito, salvo que se acreditara perjuicio para el titular de los datos o que este fuera ínsito, por la naturaleza de los descubiertos, como es el caso de los datos sensibles». Y es que la Audiencia decidía no archivar la causa, debido a que existían, aparentemente, testigos que podían corroborar la revelación de secretos por parte del agente de Policía, afectando a la abogada denunciante. Caso que llegaba ante el Juzgado de lo Penal nº03 de Móstoles, bajo la magistratura de José Antonio Blanco Anes. Magistrado que, en su sentencia 182/2025, absolvía al agente de los cargos. Así pues, ante este auto de la Audiencia Provincial de Madrid, la Fiscalía decidía no acusar al agente de Policía. Por su parte, la abogada mantenía la acusación, exigiendo cinco años por revelación de secretos con ocasión del cargo a Alejandro. Una acusación que, finalmente, la abogada decidía retirar en juicio de penales. Y por tanto, sin acusación, el magistrado de lo penal absuelve «libremente de toda responsabilidad criminal derivada de la imputación formulada contra él». Ello, debido a que, «no habiendo delito, no puede hablarse de autor de delito», ni de sus consecuencias penales. Decisión del magistrado que es firme, en cuanto a que todas las partes mostraron su conformidad en el acto de vista. FUENTE. CONFILEGAL
El Tribunal Supremo (TS) ha determinado que, si durante el tiempo de comida, no «desconectas» por completo del trabajo, este espacio temporal cuenta como tiempo efectivo de trabajo. Una sentencia con la que el alto tribunal resuelve el conflicto de los trabajadores de transporte sanitario urgente de Barcelona con la empresa encargada, Ambulancias Domingo SAU. La hora de comida de los trabajadores del servicio de transporte de urgencias de la Ciudad Condal ha llegado ante los tribunales. Así pues, todo comenzaba en el conflicto acerca de esa hora de pausa para almorzar antes de 2018. En aquellos momentos, aunque estuviesen en su hora de descanso, los trabajadores debían seguir disponibles para atender las emergencias. Ello, manteniendo las «comunicaciones» abiertas. Una obligación que llegaba a los tribunales, produciéndose varias sentencias en las que se reconocía que este periodo debía ser considerado «tiempo efectivo de trabajo». Situación ante la que la empresa, en 2018, tomaba ,la decisión de reformular la organización del servicio. Así pues, comunicaba a los trabajadores que el tiempo de comida pasaría a ser una hora de descanso no retribuida. Ello, estableciendo que no sería necesario que los trabajadores estuviesen localizables. La modificación desencadenó un conflicto sindical inmediato. SITAC y la sección sindical de CGT criticaron que el cambio afectaba a derechos fundamentales y que constituía una represalia hacia quienes habían reclamado judicialmente en el pasado. Una demanda que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) admitía. EL SUPREMO DETERMINA SI ES TIEMPO DE TRABAJO, O NO Ello, declarando nula la modificación sustancial comunicada por Ambulancias Domingo SAU en enero de 2018. Así pues, la sala entendió que la empresa había actuado movida por un propósito lesivo. Ello, al considerar que la medida constituía “una clara represalia por haber reclamado judicialmente”. Y que así, los trabajadores afectados quedaban así “en peor situación” que aquellos que no habían demandado. Además, el TSJ concluyó que la empresa no había acreditado “razones de tipo productivo u organizativo” que justificaran el cambio. A partir de ese razonamiento, declaró la nulidad de la medida y estimó la demanda de los sindicatos. Una decisión que la empresa recurría ante el Tribunal Supremo. En concreto, ante la sala de lo Social compuesta por los magistrados Félix Vicente Azon (ponente), Antonio V.Sempere Navarro, Juan Molins García-Atance, Juan Manuel San Cristóbal, y Luisa María Gómez Garrido. Magistrados que, en su sentencia 808/2025, cambiaban el rumbo del procedimiento. Ello, en primer lugar, asegurando que este cambio “se aplicó por igual a todos los trabajadores”, lo que descarta cualquier trato diferenciado, motivo por el cual “no puede apreciarse represalia alguna”. El Supremo identifica después el elemento que considera decisivo: las instrucciones internas entregadas a la plantilla. En ellas se indicaba literalmente que durante la hora de comida “no estará usted a disposición de CECOS” y que los trabajadores podían proceder “al apagado de todos los sistemas de telecomunicaciones”. Para el Tribunal Supremo, esto demuestra que el tiempo de comida pasó a ser “tiempo de descanso real y efectivo”, algo que el TSJ no valoró. Por esa razón, el Alto Tribunal concluye que “no puede hablarse de cosa juzgada”, Y así, estima el recurso de la empresa, revocando la sentencia anterior y declarando ajustada a derecho la modificación de 2018. FUENTE: CONFILEGAL
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