La Justicia declara accidente laboral la caída de un teletrabajador en su casa

Estima la demanda del trabajador, que está de baja por contingencia de accidente no laboral, ya que no se le había reconocido que éste fuese de trabajo
El Juzgado de lo Social número 3 de Santander ha declarado accidente laboral la caída en casa de un teletrabajador que realizó una pausa en su jornada laboral para ir a por agua, se tropezó, cayó al suelo y se cortó una mano con el cristal de una puerta.
El trabajador está de baja por contingencia de accidente no laboral, ya que no se le había reconocido que éste fuese de trabajo.
El magistrado-juez Pablo Rueda Díaz de Rábago, titular del Juzgado, ha estimado la demanda que interpuso contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General, la mutua Fremap y su empresa, Nexian Spain ETT S.R.L., y ha declarado que el periodo de incapacidad temporal que inició el 31 de enero de 2022 responde a la contingencia de accidente de trabajo con las consecuencias inherentes a esta declaración a cargo de la mutua, mientras que ha absuelto al resto de codemandadas.
En la sentencia, dictada el pasado 8 de marzo (procedimiento 663/2022), subraya que «no es posible hacer de peor condición a un teletrabajador que a un trabajador ordinario».
La resolución todavía no es firme. Contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
El demandante presta servicios para Nexian Spain ETT S.R.L. con un contrato de trabajo de 30 horas, de lunes a domingos, y con el horario (a turnos) de 9:30 a 15:30 horas y 16:00 a 22:00.
El 31 de enero 2022, el demandante teletrabajaba por la tarde, de 16.00 a 22.00 horas. Sobre las 19:36 realizó un pequeño descanso y se dirigió a la sala de su domicilio (se encontraba solo) a por agua. Tropezó en el pasillo y se golpeó con su mano derecha con el cristal de la puerta de la sala cortándose la mano.
Salió al descansillo de la vivienda y llamó a alguna vecina.
A las 19:49 horas llegó una ambulancia que lo trasladó al hospital de Sierrallana, donde fue atendido en Urgencias a las 20:20 horas, con diagnóstico de corte en mano derecha a nivel palmar zona 2 y 3 de tercer dedo (herida mano izquierda, sección colateral).
Inició incapacidad temporal el 31 de enero, en la que sigue en la actualidad, por contingencia de accidente no laboral.
Se ha tramitado el expediente administrativo en relación con la contingencia del periodo de Incapacidad Temporal referenciado con imputación del mismo a accidente no laboral.
A principios de febrero, el demandante envió el siguiente WhatsApp a su empresa: “Hola, buenas tardes. Estaba en casa teletrabajando y cogí mi descanso de 5 minutos. Entonces me levanté a buscar una botella de agua a la sala, cuando iba por el pasillo tropecé y como me iba a caer puse la mano contra la puerta de la sala que es de cristal, se rompió el cristal y me corté la mano derecha. Así ha sido el accidente”.
«SE CAYÓ EN MEDIO DE LA JORNADA LABORAL»
El trabajador presentó la demanda en octubre de 2022. El juicio se celebró el pasado 1 de marzo.
Como tuvo lugar en su domicilio, tanto la mutua como el INSS alegaron que no se habría demostrado que se encontraba en un descanso que podría justificar su tesis. Señalaron que perfectamente podría haber sucedido que éste se cayera en una labor doméstica cualquiera ya que se encontraba en su domicilio.
El magistrado explica en la resolución que el registro de la actividad laboral del demandante demuestra que a las 19:36 horas descansó y que en ese instante fue cuando tropezó y se cayó en la puerta de cristal.
«El parte de urgencias no permite cuestionar que ese día y a esa hora, se cayó y tropezó con un objeto cortante», señala Pablo Rueda.
El magistrado expone que ha de tenerse en cuenta que el teletrabajador se encontraba en medio de su jornada laboral, que había comenzado a las 16:00 horas y concluía a las 22:00. Por tanto, entiende que «el incidente acaeció en tiempo y lugar de trabajo».
En la resolución también destaca que «si el incidente hubiera acontecido en una empresa, no habría existido siquiera un expediente judicial al respecto».
«Sucede que tuvo lugar en el domicilio del trabajador. Y en este punto, se compartiría el criterio de las demandadas si la caída hubiera sucedido fuera de la jornada laboral, pero ciertamente la caída ocurrió en medio de la jornada de trabajo», argumenta el magistrado. Y hace hincapié en que el hecho de que el trabajador fuera a por agua o lo que fuera, «no empaña la tozuda realidad de que se cayó en medio de la jornada laboral».
«No es tan relevante si fue en medio de un descanso, porque si se hubiera caído al ir al baño, la respuesta jurídica sería la misma, salvo que se pretenda que un teletrabajador no acuda al baño durante 6 horas seguidas», expone.
«Desde luego, en un ambiente fabril ordinario no existiría debate alguno al respecto», agrega el juzgador, y subraya que «no es posible hacer de peor condición a un teletrabajador que a un trabajador ordinario».
En la resolución también de manifiesto que el trabajador siempre ha mantenido la misma versión. «Tanto en urgencias como en el WhatsApp que a primeros de febrero remitió a la empresa, la versión ha permanecido inalterable», indica.
Respecto a la tesis de la mutua y del INSS, que se apoya en que quizás el trabajador realizaba una labor doméstica, el juez manifiesta que «esto es tanto como aseverar que dejó de trabajar y defraudó a la empresa».
«Esta postura coloca a la parte demandante en una prueba diabólica, como es acreditar que había dejado de teletrabajar», razona.
En cualquier caso, recuerda que «el seguimiento informático demuestra que estaba prestando servicios, salvo el pequeño descanso que tomó a las 19.36 horas».
Y en base a lo expuesto, estima la demanda porque «el actor sufrió un accidente de trabajo».

El Juzgado de Primera Instancia nº21 de Madrid ha anulado el último testamento de una mujer con Alzhéimer. Y con ello, ha reconocido el reparto de la herencia planteado anteriormente, en el que se reconoce como herederos a partes iguales a los dos hijos de la fallecida, así como a su nieta, única hija del tercer hijo, anteriormente fallecido. María (nombre ficticio) era declarada incapaz por sentencia 78/2013, de 3 de julio de 2013. Ello, debido a que la mujer padecía «un diagnóstico de deterioro cognitivo moderado mixto neurodegenerativo-vascular con Alzhéimer». Una patología que, según sus médicos, empeoraba a nivel cognitivo y general, falleciendo la anciana el 27 de diciembre de 2015. Sin embargo, poco antes de fallecer, y estando ya incapacitada, la mujer cambiaba su testamento. Ello, favoreciendo únicamente a uno de sus hijos, Manuel, al que le instituía como único y universal heredero. Y con ello, determinaba como legatarios de la legítima estricta a su otro hijo, Juan, así como a su nieta, Laura. Un testamento ante el que Juan no dudaba en presentar una demanda judicial. Un procedimiento que recaía sobre el Juzgado de Primera Instancia nº21 de Madrid. Demanda en la que el hombre impugnaba el testamento realizado el 4 de julio de 2014 «por falta de capacidad del testador», «El mencionado testamento fue otorgado un año después de ser declarada incapaz, por lo que es manifiestamente nulo», estipula la defensa del hombre, representado por Ignacio Palomar Ruiz, socio director de Servilegal Abogados. Razonamiento por el que desde Servilegal Abogados se solicitaba la nulidad del testamento. También la imposición de costas a la parte demandada. LA JUSTICIA ANULA EL TESTAMENTO IMPUGNADO «María, cuando otorgó el testamento de 2014, no regía bien. De hecho, fue Manuel quién forzó con ir a notaría. Y luego, al sentirse mal, renunció a la herencia», estipula la impugnación del testamento. Las otras partes del procedimiento se allanaron a la demanda ante la objetividad de los hechos, lo que permitió una rápida resolución, dado que todos los hechos estaban debidamente acreditados mediante prueba documental: informes médicos, sentencia de incapacitación y certificado de últimas voluntades. Una valoración que acepta el juzgado madrileño, bajo la magistratura de María Luz Losada Vime. Y así, reconoce las pretensiones de la nieta de la mujer fallecida, y de uno de sus hijos, en reconocimiento del anterior testamento. «En el presente caso, la parte actora ejercita una acción de nulidad del testamento otorgado el 4 de julio de 2014 por falta de capacidad de la otorgante para testar. Frente a esta pretensión, la parte demandada se allana», expone el juzgado. Y así, estima la demanda presentada. Algo que supone que sea el testamento anterior, firmado por la fallecida en abril de 2003, el que se aplique en este caso, reconociendo «por terceras partes e iguales» a todos los herederos. “Este caso demuestra que no todo vale en materia sucesoria. Muchas familias se ven perjudicadas por testamentos otorgados cuando el testador ya no tenía capacidad. La justicia está para restaurar el equilibrio y proteger a quienes realmente tienen derecho”, afirma Ignacio Palomar, responsable del caso, a Confilegal. Un caso que demuestra que acreditar la nulidad de un testamento es posible. Eso sí, actuando «con prontitud y una estrategia jurídica clara». FUENTE. CONFILEGAL

l Tribunal Supremo ha precisado que su nueva doctrina sobre la necesidad de conceder al trabajador un trámite de audiencia previa antes de proceder a un despido disciplinario no tiene efectos retroactivos. Sólo se aplica a los despidos realizados con posterioridad a la sentencia que la estableció, dictada el 13 de noviembre de 2024 por el Pleno de la Sala de lo Social (sentencia 250/2024). Así lo aclara el Alto Tribunal en dos nuevas resoluciones, con fechas de 5 y 11 de marzo de 2025, en las que desestima los recursos presentados por los Tribunales Superiores de Justicia de Navarra y de la Comunidad Valenciana, que pretendían aplicar la nueva doctrina a casos previos a su publicación. En esta noticia se habla de: audiencia previadespido disciplinarioTribunal Supremo (TS) El Tribunal Supremo ha precisado que su nueva doctrina sobre la necesidad de conceder al trabajador un trámite de audiencia previa antes de proceder a un despido disciplinario no tiene efectos retroactivos. Sólo se aplica a los despidos realizados con posterioridad a la sentencia que la estableció, dictada el 13 de noviembre de 2024 por el Pleno de la Sala de lo Social (sentencia 250/2024). Así lo aclara el Alto Tribunal en dos nuevas resoluciones, con fechas de 5 y 11 de marzo de 2025, en las que desestima los recursos presentados por los Tribunales Superiores de Justicia de Navarra y de la Comunidad Valenciana, que pretendían aplicar la nueva doctrina a casos previos a su publicación. La sentencia del pasado noviembre marcó un hito jurisprudencial al establecer que los trabajadores no pueden ser despedidos disciplinariamente sin haber tenido la oportunidad de defenderse previamente frente a las acusaciones que fundamentan la extinción de su contrato. Un derecho que, según la Sala de lo Social, deriva directamente del artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en vigor en España desde 1982. Esa norma internacional exige que el trabajador pueda exponer las razones por las que considera injustificadas las acusaciones antes de que se adopte la decisión de despido, “salvo que no pueda pedirse razonablemente al empleador”. Con ese fundamento, el Supremo modificó una doctrina que había mantenido durante décadas, justificando el cambio por “los avances producidos en nuestro ordenamiento jurídico desde entonces”, como la Ley de Tratados Internacionales, la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional, la calificación de los despidos o la inaplicación de la norma más favorable considerada de forma global. NO EXIGIBLE RETROACTIVAMENTE En las recientes sentencias de marzo, el Supremo subraya que, en los casos analizados, los despidos se produjeron antes del cambio jurisprudencial, cuando todavía no era exigible la audiencia previa. Por tanto, no se puede sancionar a los empleadores por no haber cumplido con un requisito que en ese momento no formaba parte de las exigencias legales o jurisprudenciales. “No podía razonablemente pedirse al empleador que tuviera que conceder la audiencia previa al trabajador en tanto que en el momento en que activó el despido no se le podía exigir ese requisito”, concluye una de las resoluciones. Y remata: “En todos los casos en los que el despido se produjo con anterioridad a nuestro cambio de doctrina, es aplicable la excepción”. El caso resuelto por el Supremo en la sentencia 250/2024 partía de una trabajadora despedida sin ese trámite de audiencia. En ese fallo, la Sala reconocía que se apartaba de su criterio anterior para alinearse definitivamente con el Convenio 158 de la OIT. Como explicó entonces a Confilegal el abogado Alfredo Aspra, socio director de Labormatters Abogados, se trataba de “la sentencia más relevante de los últimos años dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo”. Un auténtico leading case que, a su juicio, “establecía un cambio de jurisprudencia sobre esta materia” y obligaba a los tribunales españoles “a aplicar el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT a la hora de valorar los despidos disciplinarios”. Ahora, las dos nuevas sentencias de marzo, el Supremo acota el alcance temporal de esa transformación doctrinal y da seguridad jurídica a las empresas en relación con decisiones adoptadas antes de noviembre de 2024. A partir de esa fecha, la audiencia previa se convierte en un requisito esencial en todo despido disciplinario. FUENTE: CONFILEGAL