La Justicia reconoce el derecho al teletrabajo a una mujer que tenía que viajar desde La Rioja a Santander

El Juzgado de lo Social número 3 de Santander ha reconocido el derecho al teletrabajo a una mujer que tenía que viajar desde un municipio de La Rioja hasta Cantabria (Santander) para ir su empresa, un trayecto de más de 190 kilómetros, con una duración de dos horas.
Había solicitado teletrabajar para conciliar la vida laboral y familiar, pero se le denegó.
Es teleoperadora.
Ahora, el magistrado-juez Pablo Rueda Díaz de Rábago ha estimado la demanda que interpuso contra Digitex Informática S.L.U.
La sentencia, dictada el pasado 2 de febrero, ya es firme.
«Ella acreditó la necesidad que tenía de teletrabajar, pero desde la empresa se limitaban a decir que no. Había veces que teletrabajaba y otras que le decían que por calendario tenía que ir de forma presencial, prácticamente cada semana o cada dos. Y ello, pese a que es teleoperadora y para trabajar solo necesita un teléfono y un ordenador. Ante el Juzgado acreditamos que no se generaba ningún perjuicio a la empresa y que durante varios años había estado teletrabajando y el rendimiento se había mantenido y le ha dado la razón haciendo justicia»,
a demandante viene prestando sus servicios para esta empresa desde el 3 de agosto de 2006, con categoría de teleoperadora especialista.
En noviembre de 2017 tuvo un hijo y desde entonces y hasta el 5 de noviembre de 2020 disfrutó de excedencia para su cuidado.
Desde noviembre de 2020 trabajó de forma telemática, pero en septiembre de 2022 le comunicaron que tenía que trabajar de forma presencial.
La demandante y su marido residen en La Rioja desde febrero de 2018, por lo que su hijo está matriculado en un centro educativo de allí, y el esposo de la demandante también trabaja en La Rioja. desde enero de 2020
Por este motivo, sostuvo que la propuesta que realizó no era compatible con las necesidades organizativas o productivas de la empresa, y ello porque tras la valoración de las necesidades que alegó, y atendiendo a las necesidades organizativas y productivas del servicio al cual está adscrita, esta parte entiende que «no hay proporcionalidad ni razonabilidad para acceder a lo que solicita».
No obstante, le recordó que tenía la posibilidad de solicitar otras medidas de conciliación de entre las legalmente previstas, y siempre y cuando sean de aplicación en la empresa.
De igual modo, le transmitió que quería hacer especial hincapié en que, en caso de cambiar la realidad de la empresa y ser posible la aceptación de su petición, la avisarían para comunicárselo.
La trabajadoRA presentó la demanda el 4 de octubre de 2022 y el juicio se celebró el pasado 30 de enero. La empresa no compareció, pese a estar citada. 
l juez explica que como la demandada no compareció en el juicio, «debe ser tenida por confesa en todo aquello que le pueda perjudicar».
El artículo 34-8 del Estatuto de los Trabajadores (ET) dispone que «las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral». 
Y añade que «dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa».
En el caso de que tengan hijos, los trabajadores tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan 12 años.
El citado artículo señala, además, que «en la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo». 
En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, «abrirá un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio», prosigue dicho artículo. 
En este último caso, «se indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión».
Además, indica que el trabajador «tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo previsto».
El artículo 34-8 del ET precisa que «lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende, en todo caso, sin perjuicio de los permisos a los que tenga derecho la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el artículo 37».
Y concluye precisando que «las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora serán resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social”.
El magistrado explica que no consta que la empresa haya abierto proceso negociador alguno y que, por tanto, «vulneraría directamente este precepto».
Afirma que «se ha demostrado la necesidad de la trabajadora de teletrabajar, no solo por la ausencia de la empresa, sino porque la actora reside en La Rioja, su marido también y el niño lo mismo» y, además, «la actividad que desempeña la trabajadora permite el teletrabajo».

Por Juan José Sanchez Busnadiego 30 de octubre de 2025
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Por Juan José Sanchez Busnadiego 29 de octubre de 2025
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Por Juan José Sanchez Busnadiego 27 de octubre de 2025
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Por Juan José Sanchez Busnadiego 27 de octubre de 2025
La sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcorcón ha desestimado las pretensiones de la inmobiliaria del municipio madrileño. Ello, rechazando los más de 6.000 euros que exigían a una pareja por una vivienda que visitaron, pero cuya compra no se llegó a formalizar. Carmen y Julio (nombres ficticios) acudían a la inmobiliaria Vitapiso Servicios Inmobiliarios, de Alcorcón, en 2018, con la intención de adquirir una vivienda, anunciada en el portal de internet Idealista. Desde la inmobiliaria intermediaria se concertó una visita al inmueble el 7 de abril de 2017, tras la que la pareja realizó una oferta formal por la vivienda, firmada por ambos compradores. Un encuentro en el que, igualmente, Carmen firmaba una hoja de encargo a la inmobiliaria, en la que se formalizaba la relación entre ambos para la búsqueda de un inmueble con las características solicitadas. Un escrito en el que la pareja se comprometía a abonar una comisión del 3% a la inmobiliaria por su gestión «para el supuesto de llegarse a adquirir el inmueble en el año siguiente a la visita». Compra que, sin embargo, no llegaba a formalizarse. Y por la que la inmobiliaria reclamaba el abono de 6.534 euros, IVA incluido, a la pareja visitante. Una exigencia que la entidad llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Tribunal de Instancia de Alcorcón, bajo la magistratura de María del Mar Tomás Corpa. Demanda en la que la intermediaria destacaba que la compra no llegó a formalizarse «por causa no imputable» a la compañía. Razón por la que valoraban que la pareja visitante del inmueble debían abonar sus honorarios, de más de 6.000 euros. NO HAY ABONO DE HONORARIOS PARA LA INMOBILIARIA Se oponía la demandada, ya que la propuesta de compra «nunca fe aceptada por los vendedores, que transmitieron la vivienda a otros compradores», Algo por lo que, alegan, «no se cumplen los presupuestos establecidos en el contrato». Una valoración de los demandados, representados por el abogado Rubén Loro Cáceres que comparte el juzgado en su sentencia 129/2025. Ello, desestimando las pretensiones de la inmobiliaria de Alcorcón. «El documento condiciona el devengo de los honorarios del actor a que se llegase a adquirir el inmueble durante el periodo de un año desde la visita», expone la sentencia. Un condicionante que no se produce. «Es obvio que la compraventa no se formalizó», puntualiza la magistrada. «La parte demandante no ha acreditado, ni siquiera, que la propuesta de compraventa realizada se aceptase por los vendedores, luego difícilmente podrían estos adquirir la propiedad, siendo ello un requisito imprescindible para que se devengaran los honorarios». Del mismo modo, destaca la magistrada que tampoco queda probado que la falta de compra «fuese imputable» a los codemandados. Algo por lo que desestima la demanda. Y con ello, rechaza que la pareja que visitó la vivienda deba abonar pago alguno a la inmobiliaria. Empresa que deberá hacer frente al pago de costas. FUENTE: CONFILEGAL
Por Juan José Sanchez Busnadiego 24 de octubre de 2025
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Por Juan José Sanchez Busnadiego 16 de octubre de 2025
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Por Juan José Sanchez Busnadiego 15 de octubre de 2025
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