Comisión de apertura: El TS consideró que un «planteamiento distorsionado» había confundido al TJUE y el TJUE le aclaró que no
El 16 de julio de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en respuesta a dos cuestiones prejudiciales elevadas por el Juzgado de Primera Instancia 17 de Palma de Mallorca, por una parte, y por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta, en lo que fueron asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19.
En dicha sentencia el TJUE dejó claro, negro sobre blanco, que «El hecho de que una comisión de apertura esté incluida en el coste total de un préstamo hipotecario no implica que sea una prestación esencial de este». Así debía interpretarse la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
Un año y medio antes el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de España había dictado la sentencia 44/2019, de 23 de enero, se había pronunciado de forma completamente contraria.
En la misma dejaba claro que la comisión de apertura de los préstamos o créditos hipotecarios formaba parte, junto con el interés remuneratorio, del precio del contrato y por lo tanto es un elemento esencial.
Dicha comisión de apertura quedaba, por lo tanto, excluida del control de abusividad. «Blindada». Ningún juez o magistrada por tocarla ni entrar a analizarla.
Por eso, cuando el tribunal de la Sala de lo Civil del Supremo, integrado por Ignacio Sancho Gargallo, Rafael Sarazá Jimena, Pedro José Vela Torres y Juan María Díaz Fraile, le llegó un recurso de casación, interpuesto por La Caixa, consideró que era la oportunidad que estaba esperando.
Así, el 10 de septiembre de 2021, elevó una cuestión prejudicial al TJUE para «rectificar» la cosa de una vez por todas.
En la confianza completa de que el tribunal de Luxemburgo iba a reconocer que una regulación interna que liga la comisión de apertura al precio del contrato está excluida del control de abusividad.
El caso en cuestión procedía del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Mahón, Baleares, del que era titular entonces el magistrado Fernando Pinto Palacios, y había sido ratificada, en apelación, por el tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, formado por los magistrados Mateo Ramón Homar, Santiago Oliver Barceló y Covadonga Sola Ruiz. Había sido fallado en 2018.
Era muy simple. En ambas instancias declararon que la comisión de apertura de un crédito hipotecario era abusiva. Y la declararon nula. Ordenaron que al demandante se le devolvieran los 850 euros.
A juicio de la Sala Primera, la sentencia del TJUE «estuvo condicionada por un planteamiento distorsionado de la petición de decisión prejudicial».
l planteamiento de la magistrada de Palma de Mallorca. Margarita Poveda –a la que no nombra por su nombre– «afectó tanto a la exposición de la normativa interna española como a la exposición de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo».
De ahí la necesidad de aclarar las cosas.
REVÉS A LA SALA DE LO CIVIL DEL SUPREMO
Y lo que le ha contestado ahora el tribunal de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), formado por Constantino Lycourgos, presidente (Chipre), Lucía Serena Rossi (Italia); Jean-Claude Bonichot (Francia), Sinisia Rodin (Croacia) y Octavia Spineanu-Matei (Rumania), con la alemana Juliane Kokott actuando de abogada general, es todo lo contrario: la comisión es un elemento accesorio del contrato, como planteó Poveda.
La comisión de apertura, por lo tanto, no es intocable.
Según esta última sentencia (asunto C-565/21 de 16 de marzo pasado), el juez del caso puede, de oficio, hacer un control de abusividad de la cláusula, de acuerdo con los principios del TJUE, confirmando lo dicho en su sentencia anterior.
Muy en la línea, por cierto, con los votos particulares que hizo en su momento el entonces magistrado de esa Sala de lo Civil, Francisco Javier Orduña, que ya avanzó que el derecho de la Unión prevalece sobre el derecho nacional, por lo que es necesaria una adaptación a esta nueva realidad.
«El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que, a la vista de la normativa nacional que preceptúa que la comisión de apertura retribuye los servicios relacionados con el estudio, la concesión o la tramitación del préstamo o crédito hipotecario u otros servicios similares, considera que la cláusula que establece esa comisión forma parte del ‘objeto principal del contrato‘ a efectos de dicha disposición, por entender que tal comisión constituye una de las partidas principales del precio», dice la sentencia del TJUE en su punto primero de conclusiones.
Y en el tercero, deja claro que el artículo 3, apartado 1 de la misma Directiva, tiene que interpretarse en el sentido que el juez competente, de acuerdo con los criterios de la jurisprudencia, puede hacer un control efectivo, de oficio, de las consecuencias de dichas comisiones.
Y en el tercero, deja claro que el artículo 3, apartado 1 de la misma Directiva, tiene que interpretarse en el sentido que el juez competente, de acuerdo con los criterios de la jurisprudencia, puede hacer un control efectivo, de oficio, de las consecuencias de dichas comisiones.
Para valorar dicho control de abusividad, el juez competente debe comprobar que el consumidor «está en condiciones de evaluar las consecuencias económicas que se derivan para él de dicha cláusula, entender la naturaleza de los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos previstos en ella y verificar que no hay solapamiento entre los distintos gastos previstos en el contrato o entre los servicios que estos retribuyen».
La sentencia es, en suma, una nueva declaración pública, «urbi et orbe», del principio de efectividad del TJUE que establece la preeminencia del derecho europeo sobre los diferentes derechos nacionales en materia de consumo cuyas interpretaciones pueden restringir el derecho de los ciudadanos y hacer que el mercado sea menos competitivo.
Ahora queda ver cómo el Supremo adapta esta última sentencia a la jurisprudencia española. Como se suele decir, el gozo en un pozo.
FUENTE. CONFILEGAL
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) mantiene el despido procedente de un trabajador, pese a estar de baja por ansiedad, por su consumo de alcohol. Una práctica que mermaba su capacidad de recuperación, según los tribunales. Vidal trabajaba para TRANSDOYLO SL, empresa dedicada a la actividad de transporte de mercancías, desde febrero de 2011. Un puesto de trabajo en el que se mantenía cuando, en diciembre de 2022, comenzaba una baja médica, siendo diagnosticado con un trastorno de adaptación con ansiedad. Una situación mental ante la que el hombre recibía medicación por parte de la atención primaria. Pero ante la que el hombre no mantenía una actitud de recuperación. Así pues, tal y como pudo comprobar el detective contratado por la compañía durante varios días, Vidal acompañaba esta situación de baja por ansiedad con altos consumos de alcohol, así como conduciendo su vehículo particular. En concreto, según el informe del investigador, el hombre ingirió «cerveza con alcohol, en una cantidad relevante, como mínimo un litro». También «la ingesta de combinado de whiskey», además de cerveza. Consumo de alcohol al que añadía conducción de vehículos a motor de forma habitual. Algo que llevaba a la empresa, en noviembre de 2023, a comunicar al trabajador la carta de despido disciplinario. «Estas actividades están dotadas de una más que suficiente gravedad e intencionalidad como para considerarse que ha transgredido la buena fe contractual», valora la empresa en la carta de despido. Ello, debido a que la ingesta de alcohol está contraindicada en el tratamiento médico del trabajador, «perturbando» su curación. Un despido ante el que el trabajador presentaba una demanda ante el Juzgado de lo Social nº1 de Jaén. Juzgado que, sin embargo, desestimaba su demanda, llegando el caso ante el TSJA. Alcohol y ansiedad son incompatibles Un caso que valoraban los magistrados Beatriz Pérez Heredia (presidente), Fernando Oliet Palá, y Benito Raboso del Amo (ponente), en su sentencia 37/2026. Tribunal ante el que el trabajador alegaba que se había vulnerado su derecho fundamental a la garantía de indemnidad. Ello, al estar de baja médica cuando se produjo el despido disciplinario por parte de la empresa. Una valoración que, sin embargo, no comparte el tribunal. «La suspensión (laboral) exonera al trabajador de prestar servicio, pero no de cumplir con las estantes obligaciones del contrato de trabajo», recuerda, en este sentido, el TSJA. Así pues, pese a estar de baja médica, el trabajador cometió transgresión de la buena fe contractual, al producirse «quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral». En concreto, «por realizar actividades que eran incompatibles con la situación de incapacidad temporal en la que se encontraba el demandante». «Ha realizado una actividad que no tenía permitida por el tipo de medicación que estaba tomando. Ha venido realizando actividades que son incompatibles con su estado médico y tratamiento farmacológico, consistentes en la ingesta de alcohol de forma habitual, estando ante una conducta que retrasa el proceso de curación, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones laborales», valora el TSJA. Algo que lleva al tribunal a coincidir con el criterio de instancia. Y por tanto, a desestimar el recurso de suplicación interpuesto, confirmando el despido procedente. FUENTE: CONFILEGAL
Un juez permite dividir una vivienda en dos, a pesar de que la comunidad de vecinos estaba en contra
El Tribunal de Instancia de Madrid nº92 ha dado la razón a un propietario de un local, en su pretensión de dividir su local para convertirlo en dos viviendas. Un proyecto al que se oponía la comunidad de vecinos, que rechazaba en votación la propuesta del propietario. La crisis de la vivienda se ha convertido en una realidad para muchos jóvenes. No sólo por los elevados y en muchas ocasiones abusivos precios de alquileres y compra, sino también por la falta de oferta de vivienda. Especialmente, en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Un contexto en el que A.A., propietario de un local de más de 100 metros cuadrados en Madrid, tomaba la decisión de dividir un local de su propiedad, a fin de convertirlo en dos viviendas individuales. Algo para lo que solicitaba autorización a la junta de la comunidad de propietarios. Una primera votación en la que no se alcanzaba la mayoría necesaria. Sin embargo, en una segunda votación, sí que se obtenía la mayoría exigida por la Ley de Propiedad Horizontal, cumpliendo con todos los requisitos legales y administrativos. Pese a ello, el administrador exigió unanimidad. Un requisito que no estaba contemplado en la normativa, pero que llevó a la comunidad a intentar revocar, en una junta posterior, la autorización ya admitida al propietario. Un caso que A.A., representado por Servilegal Abogados, llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Tribunal de Instancia de Madrid nº92 , bajo la magistratura de Francisco Juan Hernández Bautista. Dividir la vivienda no necesita el «sí» unánime de la comunidad Magistrado que, en su sentencia 21/2026, da la razón al propietario del inmueble. Ello, recordando que la Ley a este respecto «no exige unanimidad en estos supuestos, sino una mayoría cualificada» explican desde el bufete a Confilegal. “Demostramos que la interpretación legal debía ser la de la mayoría cualificada. La ley es clara. Exigir unanimidad cuando no procede supone un abuso y genera un perjuicio injustificado al propietario”, explica Ignacio Palomar Ruiz, letrado del caso y director de Servilegal Abogados. Así pues, el tribunal declaró que la mayoría exigible era de tres quintos en la comunidad de propietarios, y no era necesaria la unanimidad. Además, se puso de manifiesto que, tras un «sí» concedido a la división de la vivienda, no se podía dar marcha atrás. Decisión con la que el magistrado estimaba la demanda. Y, así, aceptaba la división del inmueble, con imposición de costas a la comunidad de vecinos. «El caso tiene una trascendencia que va más allá del conflicto concreto», valora el abogado. Ello, debido a que cada vez son más frecuentes estos casos de cambio de uso en un local. Especialmente, en las grandes ciudades, donde cada vez es más complicado encontrar un lugar al que llamar hogar. “Este fallo devuelve la confianza en la justicia frente a decisiones arbitrarias dentro de las comunidades. No se puede cambiar las reglas cuando no gusta el resultado de una votación», expone Palomar. FUENTE: CONFILEGAL
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha desestimado las pretensiones del trabajador, confirmando el despido procedente. Y es que, tras amenazar a su encargado de obra con golpearle en la cabeza con una piedra, la defensa del despedido no justificó la razón por la que no era merecedor de la sanción máxima por parte de la compañía. Raúl trabajaba para Opera Catalonia S.L.U. desde septiembre de 2018, con contrato indefinido como Oficial 1ª. Un puesto de trabajo que el hombre mantenía el 27 de junio de 2023, día en el que tenía un duro enfrentamiento con el encargado de la obra en la que trabajaba. Así pues, después de criticar el encargado que la obra estaba hecha «una mierda», Raúl se enfrentaba a él, «reaccionando de una forma violenta». «Le ha dicho ‘»cojo una piedra y te reviento la cabeza». Seguidamente, se ha dirigido al encargado, con la intención de agredirle, llegando a cogerlo del cuello, y debiendo se separado por otro trabajador presente en ese momento», explica ahora la sentencia del TSJCat. Acciones que llevaban a la empresa a despedir al trabajador disciplinariamente, con efectos ese mismo día. Ello, alegando que el trabajador había cometido una falta muy grave, tipificada en el artículo 101h) del convenio colectivo estatal del sector de la Construcción, como malos tratos de palabra y obra, o faltas graves de respeto y consideraciones a los superiores. Un apartado que se contempla como sanción en el art. 102 del mismo Convenio con suspensión de empleo y sueldo de 16 a 90 días, o el despido. Un despido disciplinario que el hombre llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Juzgado de lo Social nº2 de Tarragona que, en su sentencia de 18 de octubre de 2024, desestimaba las pretensiones del trabajador. Fallo ante el que el hombre elevaba el caso ante el TSJCat. Recurso de suplicación que llegaba ante la sala compuesta por los magistrados Amparo Illán Teba (ponente), María Pía Casajuana Palet y Jesús Gómez Esteban. Amenazas que suponen un despido procedente «No se ha guardado una proporcionalidad entre la falta y la sanción impuesta, habiendo optado la empresa demandada por la sanción máxima del despido, cuando tenía la posibilidad de imponer la suspensión de empleo y sueldo», expone la defensa de Raúl ante el TSJCat. Unas alegaciones ante las que se oponía la empresa demandada. Ello, recordando que «los hechos probados ponen en evidencia que el trabajador en dos ocasiones amenaza y trata de agredir a su encargado». Respuesta de la empresa en la que, además, se pone de manifiesto que la recurrente «se limita a efectuar una exposición teórica sobre el principio de proporcionalidad, pero sin argumentar sobre las razones por las que no resultaría proporcionada la sanción en este caso». Alegaciones expuestas por Opera Catalonia S.L.U. con las que coincide el tribunal. «Debe señalarse que, si bien la parte recurrente alega que no existe proporcionalidad entre la conducta y la sanción de despido, ni siquiera alega circunstancia alguna que pudiera atenuar la gravedad de la conducta del trabajador», sentencia el TSJCat, que recuerda que conducta de Raúl fue «muy violenta y agresiva». Y por tanto, justificaba el despido disciplinario. Valoración con la que el tribunal desestima el recurso de suplicación, confirmando la sentencia de instancia. Sin costas. FUENTE: CONFILEGAL