Un juzgado avala el despido disciplinario de un trabajador por envolver por completo a un compañero en plástico retráctil

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la procedencia del despido disciplinario de un trabajador de XPO Transport Solutions Spain S.L. por haber inmovilizado a un compañero envolviéndolo en plástico film estirable desde los pies hasta el cuello y haber intentado hacer lo mismo con otro empleado.
La sentencia 41/2025, de 17 de enero, desestima el recurso de suplicación (equivalente a apelación en civil o penal) interpuesto por el trabajador. Y avala la decisión previa del Juzgado de lo Social 30 de Madrid, que consideró los hechos como una falta muy grave sancionable con la rescisión del contrato.
La Sala de lo Social del TSJM, formada en esta caso por los magistrados Ignacio Moreno González-Aller, presidente y ponente, José Luis Asenjo Pinilla y Ángela Mostajo Veiga, ha basado su fallo en la gravedad de la conducta, acreditada mediante una grabación en video y testimonios, y en su encaje dentro del artículo 44.4 del II Acuerdo General para las Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera, que sanciona las ofensas verbales o físicas contra empleados.
Asimismo, ha rechazado la alegación del demandante sobre una presunta vulneración de derechos fundamentales y ha confirmado la validez de la prueba presentada por la empresa.
La actividad principal de XPO Transport Solutions Spain S.L. se centra en el transporte de mercancías por carretera, actuando como intermediaria en la contratación de transportes y ofreciendo servicios logísticos auxiliares.
LOS HECHOS SUCEDIERON EN UNA OFICINA
Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 2023 en una oficina utilizada como comedor para empleados, donde el trabajador, identificado como Herminio junto con otro compañero identificado como Luis María, envolvieron completamente a un tercer trabajador, José, con plástico retráctil, desde los pies hasta el cuello, dejándolo inmovilizado sobre una mesa.
Mientras intentaba liberarse con un cúter que llevaba en el bolsillo, los implicados abandonaron la sala y regresaron después de un rato. El incidente fue grabado por un tercer trabajador.
Días después, el 18 de noviembre de 2023, el demandante intentó realizar la misma acción con otro compañero, Adolfo, quien se resistió, sufriendo lesiones por el forcejeo. En respuesta, Adolfo tomó un cuchillo y amenazó al actor, lo que derivó en una denuncia posterior presentada por este último ante la empresa el 24 de noviembre de 2023.
La empresa inició una investigación interna y, el 30 de noviembre de 2023, abrió un expediente sancionador. Finalmente, el 11 de diciembre de 2023, comunicó el despido disciplinario del demandante, junto con el de sus compañeros Luis María, Rodolfo y Adolfo, por su implicación en los hechos.
La empresa consideró que esta conducta era lo suficientemente grave para justificar el despido disciplinario de los involucrados.
PRUEBA VÁLIDA Y DESPIDOS JUSTIFICADOS
El tribunal ha considerado lícita la aportación del vídeo como medio de prueba, subrayando que su contenido quedó acreditado por otros medios. Además, fue el propio trabajador despedido quien difundió las imágenes en redes sociales, por lo que resultaba contradictorio que alegara ahora una vulneración de sus derechos fundamentales por el uso del material por parte de la empresa.
Por otro lado, el tribunal descartó que el despido vulnerara la garantía de indemnidad, ya que, aunque el trabajador denunció las amenazas de Adolfo el 18 de noviembre de 2023, la empresa abrió una investigación interna que concluyó con el despido de todos los implicados: el trabajador demandante, Herminio, Luis María, Rodolfo y Adolfo.
Por lo tanto, se determinó que la rescisión del contrato no estaba vinculada a la denuncia del trabajador, sino a su conducta. En consecuencia, el despido disciplinario fue ratificado como procedente.
LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA
“Más allá de las cuestiones de fondo enjuiciadas por la sentencia, es dable destacar por su carácter didáctico e ilustrativo la argumentación vertida por la Sala del TSJ de Madrid en relación con la pretendida nulidad de la resolución por ausencia de motivación suficiente», explica el abogado laboralista y socio director de Labormatters Abogados, Alfredo Aspra.
«Recuerda el ponente que no debe confundirse falta de motivación con discrepancia con la valoración de las pruebas que llevó a cabo la juez ‘a quo’, apreciación por cierto, de facultad exclusiva del órgano de instancia. Además, trae a colación con gran acierto el Tribunal que los criterios que procede aplicar para adoptar una decisión no son los de extensión argumental o exhaustividad en la valoración de los distintos elementos de convicción, sino que hay que atender al contenido de los razonamientos desplegados, puestos en conexión con las posiciones de los litigantes en el proceso y con las pruebas practicadas», añade.
«Y ello, con el objeto de comprobar si a la vista de las circunstancias concurrentes se han cumplido o no las finalidades a las que tal requisito obedece», concluye.
FUENTE: CONFILEGAL

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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado el despido de un trabajador, «pillado» en el gimnasio estando de baja por dolor de espalda, con una sintomatología que desaconsejaba los ejercicios de intensidad sobre la zona. Una sentencia en la que el tribunal estipula que el centro deportivo no es una zona «privada». El absentismo laboral se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las empresas en España. También dentro de la administración pública. Ausencias que se multiplican en los puestos de trabajo que llevan a muchas empresas a apostar por contratar detectives privados para comprobar si esos trabajadores realmente se encuentran en incapacidad temporal, o están intentando «engañar» al sistema. Una práctica que llevaba a FCC Aqualia S.A. a despedir a Jesús, un empleado de la empresa desde mayo de 2008. Así pues, en enero de 2022, el trabajador iniciaba una IT hasta junio de 2023 por «dolor en la parte inferior de la espalda». Una IT que volvía a causar baja en la empresa en enero de 2024, por la misma dolencia. Un dolor ante el que la recomendación médica era «no cargar peso sobre la espalda, no realizar ejercicios de cargas axilares de columna, saltos, carrera intensa», o ejercicios que supusiesen agresión a la zona afectada. Sin embargo, en abril de 2024, Detectives Garbo comprobaba que el trabajador, además de conducir y realizar todo tipo de actividades, había acudido a hacer un circuito intenso de montaña durante tres horas. También, durante varios días, «acudió a un club deportivo a realizar clases dirigidas en las que se realiza todo tipo de movimientos y esfuerzos», sin que se observase dolencia alguna. Algo que llevaba a la empresa a despedir al trabajador el 23 de abril de 2024 por falta muy grave. Ir al gimnasio puede ser motivo de despido Un despido que el hombre llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Juzgado de lo Social nº4 de Elche que, en su sentencia de 22 de noviembre de 2024, desestimaba las pretensiones del trabajador. Decisión que llevaba a Jesús a presentar un recurso de suplicación ante el TSJCV. Caso que recaía sobre los magistrados Isabel Moreno de Viana-Cárdenas (presidente), Miguel Ángel Beltrán Aleu y María del Carmen Torregrosa Maicas (ponente). Recurso en el que el trabajador alegaba que el informe del detective debía ser declarado nulo debido a que las fotos obtenidas en el gimnasio «lo fueron en un espacio privado, por lo que son ilícitas». Del mismo modo, alegaba Jesús que su despido era discriminatorio por baja médica. Y que, del mismo modo, no se podía demostrar una vulneración de la buena fe contractual. Motivos que desestimaba el tribunal. «El club privado, gimnasio, en el que se tomaron las fotografías no tiene la consideración de espacio reservado puesto que, de un lado, el detective obtuvo permiso para entrar; y de otro, no puede considerarse que se trate de un lugar donde se ejerce la vida íntima, personal y familiar», expone el tribunal. Una valoración que el TSJCV acompaña de que el trabajador no cumplió con el «leal comportamiento» que le imponía la incapacidad temporal de cara a la empresa, en busca de cooperar activamente en su recuperación. Algo que sí supone la transgresión de la buena fe contractual, justificando así su despido. Fallo en el que el tribunal desestima el recurso, confirmando el despido. Sin costas.


