Una mala carta de despido libra a un trabajador de Carrefour su extinción laboral: le acusaron de hacer la vista gorda ante un hurto
La carta de despido, para que sea legalmente válida, debe cumplir con unos requisitos formales. Por ejemplo, deben aparecer la fecha y lugar de los hechos, los datos de la empresa y del trabajador y, también, una descripción detallada de los motivos que han llevado a la extinción laboral.
Por lo que una mala carta de despido puede acabar dando la razón al trabajador en los tribunales.
El este caso, el Tribunal Supremo ha avalado la decisión de declarar improcedente el despido de un empleado de Carrefour al faltar diversos datos en la misiva.
Los magistrados Sebastián Moralo, Concepción Rosario Ureste e Ignacio García-Perrote acaban de confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras haber inadmitido el recurso de casación impuesto por el supermercado. Por lo que tendrá que readmitirle o indemnizarle con 4.348,27 euros.
Según el auto de 20 de febrero, el empleado afectado, que desempeñaba su labor desde 2019, fue despedido por «haber permitido que un trabajador de mantenimiento se apropiase indebidamente de una serie de productos propiedad de la compañía», decía la carta.
En concreto le comentaron que él no había hecho nada cuando este compañero había sido pillado en el parking portando consigo una cesta de compra y una bolsa de basura que no había pagado y que había metido en su coche. Incluso en la carta le explicaron que él mismo reconoció al responsable de recursos humanos que había permitido que se llevase barras de sonido, planchas y auriculares.
EN PRIMERA INSTANCIA, FUE PROCEDENTE
El trabajador decidió demandar a Carrefour y en el escrito, además de negar los hechos que se le imputaban, manifestó que la carta de despido no estaba detallada.
n un primer momento, el Juzgado de lo Social Nº7 de Madrid manifestó que su despido debía ser procedente. Consideró probados los hechos en base a las declaraciones del personal de recursos humanos.
Por lo que el trabajador presentó un recurso de suplicación ante el TSJM alegando que «la carta de despido disciplinario omitió datos relevantes sobre la identificación de la persona del departamento de mantenimiento a la que se dice se le incentivó y permitió la apropiación indebida que se relata en la carta de despido».
Así como que esa falta de concreción de datos le habían impedido articular su defensa adecuadamente al no conocer la identidad de la responsable de recursos humanos hasta el día del juicio.
A ello añadió que tampoco concreta «las circunstancias de las conversaciones sobre las que se dice mantenidas con responsables de la empresa, sin identificarlos, incluso deslizando que una de estas personas, el responsable regional, es un varón, cuando en el acto del juicio comparece una mujer en tal condición».
La carta tampoco identificaba al trabajador infractor que se había llevado el material.
EL MOTIVO DE LA IMPROCEDENCIA, NO SE IDENTIFICABA EN LA CARTA AL TRABAJADOR
Pues bien, para los magistrados del TSJM la falta de identificación de los responsables de la empresa que entrevistaron al empleado en la investigación de los hechos no podía determinar la improcedencia del despido.
Ahora bien, la identificación del trabajador de mantenimiento sí era precisa e imprenscindible para evitar la indefensión del recurrente.
De modo que la imputación contenida en la carta de despido, si no se identifica al trabajador de mantenimiento en cuyo poder se encontraron los objetos, no puede considerarse suficiente. Por lo que procedieron a revocar la sentencia de instancia y declarar el despido improcedente.
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La sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcorcón ha desestimado las pretensiones de la inmobiliaria del municipio madrileño. Ello, rechazando los más de 6.000 euros que exigían a una pareja por una vivienda que visitaron, pero cuya compra no se llegó a formalizar. Carmen y Julio (nombres ficticios) acudían a la inmobiliaria Vitapiso Servicios Inmobiliarios, de Alcorcón, en 2018, con la intención de adquirir una vivienda, anunciada en el portal de internet Idealista. Desde la inmobiliaria intermediaria se concertó una visita al inmueble el 7 de abril de 2017, tras la que la pareja realizó una oferta formal por la vivienda, firmada por ambos compradores. Un encuentro en el que, igualmente, Carmen firmaba una hoja de encargo a la inmobiliaria, en la que se formalizaba la relación entre ambos para la búsqueda de un inmueble con las características solicitadas. Un escrito en el que la pareja se comprometía a abonar una comisión del 3% a la inmobiliaria por su gestión «para el supuesto de llegarse a adquirir el inmueble en el año siguiente a la visita». Compra que, sin embargo, no llegaba a formalizarse. Y por la que la inmobiliaria reclamaba el abono de 6.534 euros, IVA incluido, a la pareja visitante. Una exigencia que la entidad llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Tribunal de Instancia de Alcorcón, bajo la magistratura de María del Mar Tomás Corpa. Demanda en la que la intermediaria destacaba que la compra no llegó a formalizarse «por causa no imputable» a la compañía. Razón por la que valoraban que la pareja visitante del inmueble debían abonar sus honorarios, de más de 6.000 euros. NO HAY ABONO DE HONORARIOS PARA LA INMOBILIARIA Se oponía la demandada, ya que la propuesta de compra «nunca fe aceptada por los vendedores, que transmitieron la vivienda a otros compradores», Algo por lo que, alegan, «no se cumplen los presupuestos establecidos en el contrato». Una valoración de los demandados, representados por el abogado Rubén Loro Cáceres que comparte el juzgado en su sentencia 129/2025. Ello, desestimando las pretensiones de la inmobiliaria de Alcorcón. «El documento condiciona el devengo de los honorarios del actor a que se llegase a adquirir el inmueble durante el periodo de un año desde la visita», expone la sentencia. Un condicionante que no se produce. «Es obvio que la compraventa no se formalizó», puntualiza la magistrada. «La parte demandante no ha acreditado, ni siquiera, que la propuesta de compraventa realizada se aceptase por los vendedores, luego difícilmente podrían estos adquirir la propiedad, siendo ello un requisito imprescindible para que se devengaran los honorarios». Del mismo modo, destaca la magistrada que tampoco queda probado que la falta de compra «fuese imputable» a los codemandados. Algo por lo que desestima la demanda. Y con ello, rechaza que la pareja que visitó la vivienda deba abonar pago alguno a la inmobiliaria. Empresa que deberá hacer frente al pago de costas. FUENTE: CONFILEGAL
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