Claves del seguro de impago de alquiler
Cobertura de impago de alquiler
Esta es la principal y por la cual es contratado a la hora de alquilar una vivienda. Cubre el pago de las rentas que el inquilino deje de abonar hasta la cantidad o el número de mensualidades fijados en el contrato de seguro. Esa cobertura se establece, por norma general, en 12 cuotas impagadas del alquiler o hasta 3.000 euros. Pero dependerá de cada póliza.
La cobertura de defensa jurídica en los seguros de impago de alquiler
Ya sea el equipo jurídico que propone la propia aseguradora o bien el abogado de confianza del asegurado, entre los atractivos de estas pólizas está la cobertura de defensa jurídica. Es decir, el pago de los honorarios de abogados que reclamarán, en nombre del propietario, las mensualidades impagadas del alquiler. Esta cobertura también suele estar limitada a una determinada cantidad como en el caso de la cobertura de impago.
Cobertura contra actos vandálicos del inquilino
La tercera cobertura que suelen incluir las pólizas de seguro de impago del alquiler es la que protege al propietario de la casa frente a actos vandálicos de los arrendatarios cuando se produce un desahucio.
Los tres actores que entran en juego
Con la contratación de un seguro de impago de alquiler, además de arrendador y arrendatario, entra en juego la compañía aseguradora. Los dos primeros acordarán las condiciones del contrato de alquiler (renta, forma de pago, duración, etcétera). El propietario, con el contrato y la documentación necesaria del inquilino, firmará su propio contrato con la aseguradora. Una vez esta última da el ok a la solvencia del futuro arrendatario.
Análisis de solvencia
Como decíamos, son tres los actores que entran en juego pese a que el contrato de seguro de impago del alquiler lo firman entre propietario y compañía aseguradora, que evalúa al miembro restante de la ecuación: el inquilino.
Toda la documentación que habitualmente se pide para formalizar el contrato de arrendamiento (nóminas, vida laboral, contrato de trabajo, etcétera) es examinado por la aseguradora y determina la solvencia del arrendatario. Si la compañía de seguros da el ok a la operación -en definitiva al nuevo inquilino- aseguradora y arrendador firman el contrato.
Cobrar los impagos
Este es uno de los puntos más importantes a la hora de decantarse por un seguro u otro. Esto es así porque dependiendo de la póliza contratada, para que el propietario pueda cobrar la deuda del inquilino hay seguros que piden que se presente en vía judicial la reclamación para que ellos abonen la deuda. Otras pólizas, únicamente piden que el propietario les informe en un determinado tiempo desde que se ha producido el impago, para que se ejecute el seguro y el propietario reciba su dinero.
El precio del seguro de impago de alquiler
Respecto a cuánto cuesta un seguro para protegerse frente a los impagos de las mensualidades por parte del inquilino, suele ser un porcentaje del precio anual del alquiler. Aproximadamente, ese porcentaje varía entre el 3% y el 10% de la renta anual. Pese a lo anterior, si quieres contratar un seguro de impago, estudia varias ofertas. Los precios y coberturas varían en función de la compañía aseguradora.
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La sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcorcón ha desestimado las pretensiones de la inmobiliaria del municipio madrileño. Ello, rechazando los más de 6.000 euros que exigían a una pareja por una vivienda que visitaron, pero cuya compra no se llegó a formalizar. Carmen y Julio (nombres ficticios) acudían a la inmobiliaria Vitapiso Servicios Inmobiliarios, de Alcorcón, en 2018, con la intención de adquirir una vivienda, anunciada en el portal de internet Idealista. Desde la inmobiliaria intermediaria se concertó una visita al inmueble el 7 de abril de 2017, tras la que la pareja realizó una oferta formal por la vivienda, firmada por ambos compradores. Un encuentro en el que, igualmente, Carmen firmaba una hoja de encargo a la inmobiliaria, en la que se formalizaba la relación entre ambos para la búsqueda de un inmueble con las características solicitadas. Un escrito en el que la pareja se comprometía a abonar una comisión del 3% a la inmobiliaria por su gestión «para el supuesto de llegarse a adquirir el inmueble en el año siguiente a la visita». Compra que, sin embargo, no llegaba a formalizarse. Y por la que la inmobiliaria reclamaba el abono de 6.534 euros, IVA incluido, a la pareja visitante. Una exigencia que la entidad llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Tribunal de Instancia de Alcorcón, bajo la magistratura de María del Mar Tomás Corpa. Demanda en la que la intermediaria destacaba que la compra no llegó a formalizarse «por causa no imputable» a la compañía. Razón por la que valoraban que la pareja visitante del inmueble debían abonar sus honorarios, de más de 6.000 euros. NO HAY ABONO DE HONORARIOS PARA LA INMOBILIARIA Se oponía la demandada, ya que la propuesta de compra «nunca fe aceptada por los vendedores, que transmitieron la vivienda a otros compradores», Algo por lo que, alegan, «no se cumplen los presupuestos establecidos en el contrato». Una valoración de los demandados, representados por el abogado Rubén Loro Cáceres que comparte el juzgado en su sentencia 129/2025. Ello, desestimando las pretensiones de la inmobiliaria de Alcorcón. «El documento condiciona el devengo de los honorarios del actor a que se llegase a adquirir el inmueble durante el periodo de un año desde la visita», expone la sentencia. Un condicionante que no se produce. «Es obvio que la compraventa no se formalizó», puntualiza la magistrada. «La parte demandante no ha acreditado, ni siquiera, que la propuesta de compraventa realizada se aceptase por los vendedores, luego difícilmente podrían estos adquirir la propiedad, siendo ello un requisito imprescindible para que se devengaran los honorarios». Del mismo modo, destaca la magistrada que tampoco queda probado que la falta de compra «fuese imputable» a los codemandados. Algo por lo que desestima la demanda. Y con ello, rechaza que la pareja que visitó la vivienda deba abonar pago alguno a la inmobiliaria. Empresa que deberá hacer frente al pago de costas. FUENTE: CONFILEGAL
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