Cualquier ciudadano español puede detener a quien esté cometiendo un delito
Existe la idea extendida de que los únicos que pueden detener a una persona son los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando tienen una orden judicial contra alguien o cuando son testigos de que se está cometiendo un delito flagrante.
Pero ellos no son los únicos. Cualquier ciudadano español posee la facultad -la facultad, que no obligación-, de poder detener a una persona en el mismo supuesto anteriormente mencionado, es decir, cuando sea testigo directo de la comisión de un delito flagrante.
Y también cuando se halle ante un preso fugado o un imputado en rebeldía.
Como regla general, nuestro Estado de Derecho prohíbe la violencia privada para estos fines.
Sin embargo, en determinadas ocasiones en las que no se puede contar con el apoyo de los agentes de la autoridad, se permite la legítima defensa, y la atribución de funciones públicas, en cuyo caso el particular tiene el derecho de detener provisionalmente al sujeto, cuando exista riesgo de huida, tras la comisión del delito flagrante.
La clave para entender este concepto quizá consista en entender lo que se entiende por flagrancia.
La jurisprudencia constitucional considera la flagrancia como “la situación fáctica en la que el delincuente es sorprendido en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del delito”.
La ley 38/2002, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, define el concepto de delito fragrante de la siguiente forma: “Se considerará delito fragrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el acto sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido el delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él”.
Es muy importante definir pormenorizadamente el contenido de las leyes para que puedan ser aplicadas por los jueces con toda la precisión del mundo. Por ello era necesario también definir lo que se entiende por “particular”.
Particular es el ciudadano no investido de autoridad o un funcionario público cuando no practica la detención en ejercicio de su cargo. A los guardas jurados se les considera, a todos los efectos, como particulares porque la ley no les reconoce carácter de agente de la autoridad.
Sólo se exigen dos obligaciones para que cualquier particular pueda practicar las detenciones: Por una parte, debe justificar que ha obrado movido por motivos racionalmente suficientes para creer que el detenido encajaba en los supuestos relatados.
Y por otra, debe poner al detenido inmediatamente después a disposición de la autoridad policial o judicial.
FUENTE: CONFILEGAL
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La sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcorcón ha desestimado las pretensiones de la inmobiliaria del municipio madrileño. Ello, rechazando los más de 6.000 euros que exigían a una pareja por una vivienda que visitaron, pero cuya compra no se llegó a formalizar. Carmen y Julio (nombres ficticios) acudían a la inmobiliaria Vitapiso Servicios Inmobiliarios, de Alcorcón, en 2018, con la intención de adquirir una vivienda, anunciada en el portal de internet Idealista. Desde la inmobiliaria intermediaria se concertó una visita al inmueble el 7 de abril de 2017, tras la que la pareja realizó una oferta formal por la vivienda, firmada por ambos compradores. Un encuentro en el que, igualmente, Carmen firmaba una hoja de encargo a la inmobiliaria, en la que se formalizaba la relación entre ambos para la búsqueda de un inmueble con las características solicitadas. Un escrito en el que la pareja se comprometía a abonar una comisión del 3% a la inmobiliaria por su gestión «para el supuesto de llegarse a adquirir el inmueble en el año siguiente a la visita». Compra que, sin embargo, no llegaba a formalizarse. Y por la que la inmobiliaria reclamaba el abono de 6.534 euros, IVA incluido, a la pareja visitante. Una exigencia que la entidad llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Tribunal de Instancia de Alcorcón, bajo la magistratura de María del Mar Tomás Corpa. Demanda en la que la intermediaria destacaba que la compra no llegó a formalizarse «por causa no imputable» a la compañía. Razón por la que valoraban que la pareja visitante del inmueble debían abonar sus honorarios, de más de 6.000 euros. NO HAY ABONO DE HONORARIOS PARA LA INMOBILIARIA Se oponía la demandada, ya que la propuesta de compra «nunca fe aceptada por los vendedores, que transmitieron la vivienda a otros compradores», Algo por lo que, alegan, «no se cumplen los presupuestos establecidos en el contrato». Una valoración de los demandados, representados por el abogado Rubén Loro Cáceres que comparte el juzgado en su sentencia 129/2025. Ello, desestimando las pretensiones de la inmobiliaria de Alcorcón. «El documento condiciona el devengo de los honorarios del actor a que se llegase a adquirir el inmueble durante el periodo de un año desde la visita», expone la sentencia. Un condicionante que no se produce. «Es obvio que la compraventa no se formalizó», puntualiza la magistrada. «La parte demandante no ha acreditado, ni siquiera, que la propuesta de compraventa realizada se aceptase por los vendedores, luego difícilmente podrían estos adquirir la propiedad, siendo ello un requisito imprescindible para que se devengaran los honorarios». Del mismo modo, destaca la magistrada que tampoco queda probado que la falta de compra «fuese imputable» a los codemandados. Algo por lo que desestima la demanda. Y con ello, rechaza que la pareja que visitó la vivienda deba abonar pago alguno a la inmobiliaria. Empresa que deberá hacer frente al pago de costas. FUENTE: CONFILEGAL
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