Llamar a tu vecina «difamadora, mentirosa, sinvergüenza y metiche» es una intromisión ilegítima en el derecho al honor
La Audiencia Provincial de Salamanca ha fallado a favor de la vecina, entendiendo que las declaraciones vertidas sobre ella en una Junta de Propietarios exceden la libertad de expresión. Y, con ello, suponen una intromisión ilegítima del derecho al honor.
La bronca entre unos vecinos por unas nuevas puertas de seguridad para el bloque se convertía en un asunto judicial que ha llegado hasta la Audiencia Provincial.
El 10 de octubre de 2018, se celebraba en el portal de la comunidad una Junta de Propietarios. En total, cerca de 30 vecinos. Encuentro en el que, entre otros puntos del día, se valoró instalar cerraduras digitales. Ello, con el fin de evitar los robos que se estaban produciendo en la comunidad.
Un momento en el que Fidela (nombre ficticio), residente junto con su hermana Florencia en el bloque, apelaba a la necesidad de que los vecinos no compartieran las llaves con otras terceras personas. Especialmente, si se producía este cambio de cerraduras.
Ello, ejemplificando Fidela que «había visto entrar a señoras de nacionalidad rumana que visitaban a Luis Alberto utilizando las llaves». Y que, del mismo modo, «Luis Alberto se había quejado varias veces de que esas señoras le robaban dentro de su casa las llaves, por lo que había tenido que llamar en múltiples ocasiones a la policía».
Palabras ante las que el vecino Luis Alberto, sacerdote, no dudaba en contestar a la vecina, señalándola con el dedo. «Es una difamadora, una mentirosa, una sinvergüenza y metiche», criticaba.
oco después de la reunión, era la segunda hermana, Florencia, la que acababa siendo insultada por el sacerdote. «Es usted una puta», criticó Luis Alberto, en tono agresivo y «a voces».
Insultos que acababan en los tribunales por una presunta vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal, y a la propia imagen.
Críticas a la vecina que vulneran el derecho al honor
Demanda en la que, además, se afirma que «la actuación del demandado iba encaminada a conseguir tal fin».
Algo que no compartía el Juzgado de Primera Instancia nº6 de Salamanca que, en su sentencia 29 de septiembre de 2023, desestimaba la demanda. Así pues, entendía el magistrado que las expresiones contra las vecinas «se produjeron en un contexto en el que el demandado reaccionó a la manifestación de que era el causante de los robos».
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Audiencia Provincial de Salamancalibertad de expresiónMaría del Carmen Borjabadvulneración del derecho al honor
La Audiencia Provincial de Salamanca ha fallado a favor de la vecina, entendiendo que las declaraciones vertidas sobre ella en una Junta de Propietarios exceden la libertad de expresión. Y, con ello, suponen una intromisión ilegítima del derecho al honor.
La bronca entre unos vecinos por unas nuevas puertas de seguridad para el bloque se convertía en un asunto judicial que ha llegado hasta la Audiencia Provincial.
El 10 de octubre de 2018, se celebraba en el portal de la comunidad una Junta de Propietarios. En total, cerca de 30 vecinos. Encuentro en el que, entre otros puntos del día, se valoró instalar cerraduras digitales. Ello, con el fin de evitar los robos que se estaban produciendo en la comunidad.
Un momento en el que Fidela (nombre ficticio), residente junto con su hermana Florencia en el bloque, apelaba a la necesidad de que los vecinos no compartieran las llaves con otras terceras personas. Especialmente, si se producía este cambio de cerraduras.
Ello, ejemplificando Fidela que «había visto entrar a señoras de nacionalidad rumana que visitaban a Luis Alberto utilizando las llaves». Y que, del mismo modo, «Luis Alberto se había quejado varias veces de que esas señoras le robaban dentro de su casa las llaves, por lo que había tenido que llamar en múltiples ocasiones a la policía».
Palabras ante las que el vecino Luis Alberto, sacerdote, no dudaba en contestar a la vecina, señalándola con el dedo. «Es una difamadora, una mentirosa, una sinvergüenza y metiche», criticaba.
Poco después de la reunión, era la segunda hermana, Florencia, la que acababa siendo insultada por el sacerdote. «Es usted una puta», criticó Luis Alberto, en tono agresivo y «a voces».
Insultos que acababan en los tribunales por una presunta vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal, y a la propia imagen.
Críticas a la vecina que vulneran el derecho al honor
Demanda en la que, además, se afirma que «la actuación del demandado iba encaminada a conseguir tal fin».
Algo que no compartía el Juzgado de Primera Instancia nº6 de Salamanca que, en su sentencia 29 de septiembre de 2023, desestimaba la demanda. Así pues, entendía el magistrado que las expresiones contra las vecinas «se produjeron en un contexto en el que el demandado reaccionó a la manifestación de que era el causante de los robos».
«Son la respuesta a estas imputaciones, fruto de un acaloramiento. No atentan al honor de la actora», destaca la sentencia de primera instancia.
Posición que, sin embargo, no comparte la Audiencia Provincial de Salamanca. Así pues, el tribunal, compuesto por los magistrados José Antonio Vega Campo (presidente), María del Carmen Borjabad (ponente) Victoria Guinaldo López y José María Crespo de Pablo, admitía el recurso de apelación presentado por las vecinas.
«Las manifestaciones efectuadas por el demandado no son inocuas, y permiten dar preferencia al derecho al honor de la demandante», expresa la Audiencia Provincial. Especialmente, debido a que éstas «no pueden quedar amapradas en un acaloramiento que no existió». Y es que, tal y como destaca el tribunal, las mujeres demandantes en ningún momento acusaron al sacerdote de provocar los robos, sino que sólo mostraron su preocupación ante la pérdida de las llaves.
«No cabe sino señalar que la expresión proferida es objetivamente injuriosa, que se profirió en presencia de varios vecinos y a grandes gritos», remarca el tribunal. Algo que llega a la Audiencia a estimar el recurso de apelación. Y con ello, a condenar a Luis Alberto por una intromisión ilegítima en el derecho al honor de cada una de las vecinas involucradas. Condena que supone el abono de 1.000 euros a cada vecina. Y del mismo modo, a la lectura de la sentencia ante la Junta de Propietarios.
El juzgado de lo Penal nº03 de Móstoles ha absuelto a un agente de policía de un presunto delito de revelación de secretos, después de que la abogada denunciante haya retirado los cargos. Una decisión con la que se cierra un procedimiento abierto en 2021 por la letrada contra dos agentes, después de que uno de ellos accediera a sus datos personales gracias a sus credenciales policiales. Era noviembre de 2020 cuando el agente Alejandro (nombre ficticio), consultaba las bases de datos policiales en relación a la matrícula de una abogada. Pocos meses después, en febrero de 2021, este mismo agente consultaba nuevamente la base de datos policial. En este caso, para conocer las denuncias que esta mujer, abogada de profesión, había realizado ante la Policía. Una actuación que llevaba poco después a Sandra , esta abogada, a presentar una denuncia a este agente, así como a su compañero, ante asuntos internos. Ello, acusándoles de un presunto delito de revelación de secretos. Algo a lo que la mujer unía un presunto delito de injurias. Y es que, en este mismo escrito, aseguraba que estos agentes habían utilizado esta información, así como la información obtenida en una intervención policial en su casa, para difamarla delante de sus clientes. Ello, haciendo declaraciones del tipo «si ya se la había follado, si había ido ya a su domicilio. Que era una drogadicta y tomaba pastillas». Acusaciones ante las que las investigaciones realizadas por la Unidad de Asuntos Internos concluye que estas investigaciones en la base de datos de la Policía las realizó Alejandro, sin que hubiera intervención alguna del otro agente. Unas consultas que se reconoce que «no tienen causa legal alguna». Pero sin que existan «suficientes indicios de criminalidad» debido a ellas, al existir relación entre estas búsquedas y las comprobaciones policiales para la prevención de delitos. EL POLICÍA, ABSUELTO DE LOS CARGOS DE REVELACIÓN DE SECRETOS Un caso ante el que el juez de instrucción decidía ir a juicio por un prsunto delito de revelación de secretos, y otro de injurias. Algo ante lo que el abogado Manuel Chamorro, representante del agente de policía, recurría ante la Audiencia Provincial de Madrid. En concreto, ante los magistrados Esther Arranz Cuesta (ponente), Luis Carlos Pelluz Robles, y Mª del Pilar Casado Rubio. Magistrados que, en su auto 261/2023, determinaban la extinción de la responsabilidad penal del delito de injurias. Ello, debido a que este supuesto delito ya habría prescrito. Una decisión en la que, a la vez, la Audiencia determinaba la continuación de la causa por un presunto delito de revelación de secretos. Ello, a pesar de reconocer que estas consultas, pese a que sí son datos reservados de carácter personal, no tienen «la consideración de sensibles». Algo por lo que «el mero acceso no integraría delito, salvo que se acreditara perjuicio para el titular de los datos o que este fuera ínsito, por la naturaleza de los descubiertos, como es el caso de los datos sensibles». Y es que la Audiencia decidía no archivar la causa, debido a que existían, aparentemente, testigos que podían corroborar la revelación de secretos por parte del agente de Policía, afectando a la abogada denunciante. Caso que llegaba ante el Juzgado de lo Penal nº03 de Móstoles, bajo la magistratura de José Antonio Blanco Anes. Magistrado que, en su sentencia 182/2025, absolvía al agente de los cargos. Así pues, ante este auto de la Audiencia Provincial de Madrid, la Fiscalía decidía no acusar al agente de Policía. Por su parte, la abogada mantenía la acusación, exigiendo cinco años por revelación de secretos con ocasión del cargo a Alejandro. Una acusación que, finalmente, la abogada decidía retirar en juicio de penales. Y por tanto, sin acusación, el magistrado de lo penal absuelve «libremente de toda responsabilidad criminal derivada de la imputación formulada contra él». Ello, debido a que, «no habiendo delito, no puede hablarse de autor de delito», ni de sus consecuencias penales. Decisión del magistrado que es firme, en cuanto a que todas las partes mostraron su conformidad en el acto de vista. FUENTE. CONFILEGAL
El Tribunal Supremo (TS) ha determinado que, si durante el tiempo de comida, no «desconectas» por completo del trabajo, este espacio temporal cuenta como tiempo efectivo de trabajo. Una sentencia con la que el alto tribunal resuelve el conflicto de los trabajadores de transporte sanitario urgente de Barcelona con la empresa encargada, Ambulancias Domingo SAU. La hora de comida de los trabajadores del servicio de transporte de urgencias de la Ciudad Condal ha llegado ante los tribunales. Así pues, todo comenzaba en el conflicto acerca de esa hora de pausa para almorzar antes de 2018. En aquellos momentos, aunque estuviesen en su hora de descanso, los trabajadores debían seguir disponibles para atender las emergencias. Ello, manteniendo las «comunicaciones» abiertas. Una obligación que llegaba a los tribunales, produciéndose varias sentencias en las que se reconocía que este periodo debía ser considerado «tiempo efectivo de trabajo». Situación ante la que la empresa, en 2018, tomaba ,la decisión de reformular la organización del servicio. Así pues, comunicaba a los trabajadores que el tiempo de comida pasaría a ser una hora de descanso no retribuida. Ello, estableciendo que no sería necesario que los trabajadores estuviesen localizables. La modificación desencadenó un conflicto sindical inmediato. SITAC y la sección sindical de CGT criticaron que el cambio afectaba a derechos fundamentales y que constituía una represalia hacia quienes habían reclamado judicialmente en el pasado. Una demanda que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) admitía. EL SUPREMO DETERMINA SI ES TIEMPO DE TRABAJO, O NO Ello, declarando nula la modificación sustancial comunicada por Ambulancias Domingo SAU en enero de 2018. Así pues, la sala entendió que la empresa había actuado movida por un propósito lesivo. Ello, al considerar que la medida constituía “una clara represalia por haber reclamado judicialmente”. Y que así, los trabajadores afectados quedaban así “en peor situación” que aquellos que no habían demandado. Además, el TSJ concluyó que la empresa no había acreditado “razones de tipo productivo u organizativo” que justificaran el cambio. A partir de ese razonamiento, declaró la nulidad de la medida y estimó la demanda de los sindicatos. Una decisión que la empresa recurría ante el Tribunal Supremo. En concreto, ante la sala de lo Social compuesta por los magistrados Félix Vicente Azon (ponente), Antonio V.Sempere Navarro, Juan Molins García-Atance, Juan Manuel San Cristóbal, y Luisa María Gómez Garrido. Magistrados que, en su sentencia 808/2025, cambiaban el rumbo del procedimiento. Ello, en primer lugar, asegurando que este cambio “se aplicó por igual a todos los trabajadores”, lo que descarta cualquier trato diferenciado, motivo por el cual “no puede apreciarse represalia alguna”. El Supremo identifica después el elemento que considera decisivo: las instrucciones internas entregadas a la plantilla. En ellas se indicaba literalmente que durante la hora de comida “no estará usted a disposición de CECOS” y que los trabajadores podían proceder “al apagado de todos los sistemas de telecomunicaciones”. Para el Tribunal Supremo, esto demuestra que el tiempo de comida pasó a ser “tiempo de descanso real y efectivo”, algo que el TSJ no valoró. Por esa razón, el Alto Tribunal concluye que “no puede hablarse de cosa juzgada”, Y así, estima el recurso de la empresa, revocando la sentencia anterior y declarando ajustada a derecho la modificación de 2018. FUENTE: CONFILEGAL
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