Desahucio express contra un inquilino
Variables que afectan a la duración de un desahucio
En un proceso intervienen tres sujetos: el estado (el juzgado), el propietario y el inquilino.
El Juzgado
Sin duda el funcionamiento del juzgado afecta muchísimo en que el desahucio se acelere o se atrase.
Es una realidad que los juzgados tienen una carga de trabajo inmensa, y ello hace que los asuntos que tienen vayan muy lentos.
Cuando el personal del juzgado no puede atender convenientemente su trabajo (por ejemplo, cuando hay una baja laboral que no es sustituida por otro trabajador o simplemente por haber menos personal en el juzgado del recomendable) entonces el desahucio se alarga bastante.
Fecha de juicio y desahucio
Lo primero que marca el plazo del proceso van a ser las fechas de juicio y desahucio. Esas fechas vienen en el decreto de admisión a trámite, y dependen de la agenda del juzgado.
Por tanto, si la agenda del juzgado está repleta entonces la fecha de juicio y desahucio será para dentro de varios meses, con lo que como puedes imaginar el desahucio se retrasará muchísimo. Es el primer indicio de un proceso largo.
Si por el contrario el juzgado funciona bien y tienen una agenda bien gestionada, entonces nos darán fechas más próximas, con lo que el proceso tardará menos.
Las notificaciones
Dentro de esta sección tengo que incluir las notificaciones. Para mí son la pesadilla de cualquier proceso. Las notificaciones suele hacerlas el juzgado, y los servicios de notificaciones de los juzgados están muy colapsados, por lo que es frecuente que notificar una demanda al inquilino pueda consumir fácilmente dos meses o más.
Desde hace tiempo existe la posibilidad de que sea el procurador/a del propietario quien haga las notificaciones, y es una opción excelente, pues lo que el juzgado tarda dos meses en comunicar, el procurador lo hace en una semana o menos.
Particularmente, yo trabajo bajo esta modalidad siempre que puedo.
El abogado del propietario
El abogado del arrendador o propietario es una figura fundamental para hacer que el proceso vaya más rápido.
Un abogado especialista y con habilidades informáticas puede conseguir resultados muy buenos dado que en casi todo momento sabe, sobre la marcha, que respuesta hay que dar al juzgado ante cada escrito que el juzgado le manda.
El inquilino
También la duración del proceso va a depender, sobre todo, de los que haga el inquilino.
Cuando el inquilino recibe la demanda en su casa, puede pedir justicia gratuita o no pedirla.
Si pide abogado de oficio el proceso será más largo, pues el proceso de asignación de abogado de oficio suele tardar tres o cuatro semanas (a veces un par de meses). Si no pide justicia gratuita mejor, pues el proceso durará menos.
Otra de las variables es si el inquilino se opone o no a la demanda.
Así, si el inquilino no se opone a la demanda no habrá juicio. Esto hará que el desahucio no dure tanto. Si el inquilino sí se opone a la demanda (tiene que hacerlo con abogado y procurador) entonces habrá juicio, y esto hace que el proceso se retrase.
Otras acciones que se pueden dar y que afectan a la duración del proceso es, por ejemplo, que el inquilino o su familia se encuentre en situación de vulnerabilidad social, que el inquilino tenga niños menores de edad en la vivienda, etc.
Terceras personas
Otra cuestión que afecta, y bastante, es que haya en la vivienda personas distintas a los inquilinos. Es decir, que en cualquier momento del proceso vaya al juzgado alguna otra persona diciendo que también vive en esa vivienda.
Y ello porque entonces a esa tercera persona se le concede un plazo de cinco días para que aporte la documentación que le permite vivir en la casa. Normalmente no existirá dicha documentación, así que esa tercera persona no puede seguir viviendo en la casa.
Pero el problema radica en que si esa tercera persona pide justicia gratuita, entonces ya tenemos un nuevo retraso de varias semanas.
Resumen
Tal y como he mencionado, la norma general es que un desahucio dure unos seis meses porque en la mayoría de los casos (aproximadamente un 75% de los casos) el inquilino no se opone a la demanda ni pide justicia gratuita.
Pero en el momento que pida justicia gratuita o que se oponga a la demanda, entonces ya nos vamos con facilidad a unos ocho meses, y eso sin que se de ningún tipo de problema, ya que si se da algún tipo de problema adicional del tipo que he comentado anteriormente, entonces es posible irse a los diez o doce meses.
En cualquier caso, opta por un abogado especialista y con experiencia, capaz de adelantarse a lo que pueda ir sucediendo y capaz de resolver con rapidez los imprevistos que vayan surgiendo.
El Juzgado de Primera Instancia nº21 de Madrid ha anulado el último testamento de una mujer con Alzhéimer. Y con ello, ha reconocido el reparto de la herencia planteado anteriormente, en el que se reconoce como herederos a partes iguales a los dos hijos de la fallecida, así como a su nieta, única hija del tercer hijo, anteriormente fallecido. María (nombre ficticio) era declarada incapaz por sentencia 78/2013, de 3 de julio de 2013. Ello, debido a que la mujer padecía «un diagnóstico de deterioro cognitivo moderado mixto neurodegenerativo-vascular con Alzhéimer». Una patología que, según sus médicos, empeoraba a nivel cognitivo y general, falleciendo la anciana el 27 de diciembre de 2015. Sin embargo, poco antes de fallecer, y estando ya incapacitada, la mujer cambiaba su testamento. Ello, favoreciendo únicamente a uno de sus hijos, Manuel, al que le instituía como único y universal heredero. Y con ello, determinaba como legatarios de la legítima estricta a su otro hijo, Juan, así como a su nieta, Laura. Un testamento ante el que Juan no dudaba en presentar una demanda judicial. Un procedimiento que recaía sobre el Juzgado de Primera Instancia nº21 de Madrid. Demanda en la que el hombre impugnaba el testamento realizado el 4 de julio de 2014 «por falta de capacidad del testador», «El mencionado testamento fue otorgado un año después de ser declarada incapaz, por lo que es manifiestamente nulo», estipula la defensa del hombre, representado por Ignacio Palomar Ruiz, socio director de Servilegal Abogados. Razonamiento por el que desde Servilegal Abogados se solicitaba la nulidad del testamento. También la imposición de costas a la parte demandada. LA JUSTICIA ANULA EL TESTAMENTO IMPUGNADO «María, cuando otorgó el testamento de 2014, no regía bien. De hecho, fue Manuel quién forzó con ir a notaría. Y luego, al sentirse mal, renunció a la herencia», estipula la impugnación del testamento. Las otras partes del procedimiento se allanaron a la demanda ante la objetividad de los hechos, lo que permitió una rápida resolución, dado que todos los hechos estaban debidamente acreditados mediante prueba documental: informes médicos, sentencia de incapacitación y certificado de últimas voluntades. Una valoración que acepta el juzgado madrileño, bajo la magistratura de María Luz Losada Vime. Y así, reconoce las pretensiones de la nieta de la mujer fallecida, y de uno de sus hijos, en reconocimiento del anterior testamento. «En el presente caso, la parte actora ejercita una acción de nulidad del testamento otorgado el 4 de julio de 2014 por falta de capacidad de la otorgante para testar. Frente a esta pretensión, la parte demandada se allana», expone el juzgado. Y así, estima la demanda presentada. Algo que supone que sea el testamento anterior, firmado por la fallecida en abril de 2003, el que se aplique en este caso, reconociendo «por terceras partes e iguales» a todos los herederos. “Este caso demuestra que no todo vale en materia sucesoria. Muchas familias se ven perjudicadas por testamentos otorgados cuando el testador ya no tenía capacidad. La justicia está para restaurar el equilibrio y proteger a quienes realmente tienen derecho”, afirma Ignacio Palomar, responsable del caso, a Confilegal. Un caso que demuestra que acreditar la nulidad de un testamento es posible. Eso sí, actuando «con prontitud y una estrategia jurídica clara». FUENTE. CONFILEGAL
l Tribunal Supremo ha precisado que su nueva doctrina sobre la necesidad de conceder al trabajador un trámite de audiencia previa antes de proceder a un despido disciplinario no tiene efectos retroactivos. Sólo se aplica a los despidos realizados con posterioridad a la sentencia que la estableció, dictada el 13 de noviembre de 2024 por el Pleno de la Sala de lo Social (sentencia 250/2024). Así lo aclara el Alto Tribunal en dos nuevas resoluciones, con fechas de 5 y 11 de marzo de 2025, en las que desestima los recursos presentados por los Tribunales Superiores de Justicia de Navarra y de la Comunidad Valenciana, que pretendían aplicar la nueva doctrina a casos previos a su publicación. En esta noticia se habla de: audiencia previadespido disciplinarioTribunal Supremo (TS) El Tribunal Supremo ha precisado que su nueva doctrina sobre la necesidad de conceder al trabajador un trámite de audiencia previa antes de proceder a un despido disciplinario no tiene efectos retroactivos. Sólo se aplica a los despidos realizados con posterioridad a la sentencia que la estableció, dictada el 13 de noviembre de 2024 por el Pleno de la Sala de lo Social (sentencia 250/2024). Así lo aclara el Alto Tribunal en dos nuevas resoluciones, con fechas de 5 y 11 de marzo de 2025, en las que desestima los recursos presentados por los Tribunales Superiores de Justicia de Navarra y de la Comunidad Valenciana, que pretendían aplicar la nueva doctrina a casos previos a su publicación. La sentencia del pasado noviembre marcó un hito jurisprudencial al establecer que los trabajadores no pueden ser despedidos disciplinariamente sin haber tenido la oportunidad de defenderse previamente frente a las acusaciones que fundamentan la extinción de su contrato. Un derecho que, según la Sala de lo Social, deriva directamente del artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en vigor en España desde 1982. Esa norma internacional exige que el trabajador pueda exponer las razones por las que considera injustificadas las acusaciones antes de que se adopte la decisión de despido, “salvo que no pueda pedirse razonablemente al empleador”. Con ese fundamento, el Supremo modificó una doctrina que había mantenido durante décadas, justificando el cambio por “los avances producidos en nuestro ordenamiento jurídico desde entonces”, como la Ley de Tratados Internacionales, la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional, la calificación de los despidos o la inaplicación de la norma más favorable considerada de forma global. NO EXIGIBLE RETROACTIVAMENTE En las recientes sentencias de marzo, el Supremo subraya que, en los casos analizados, los despidos se produjeron antes del cambio jurisprudencial, cuando todavía no era exigible la audiencia previa. Por tanto, no se puede sancionar a los empleadores por no haber cumplido con un requisito que en ese momento no formaba parte de las exigencias legales o jurisprudenciales. “No podía razonablemente pedirse al empleador que tuviera que conceder la audiencia previa al trabajador en tanto que en el momento en que activó el despido no se le podía exigir ese requisito”, concluye una de las resoluciones. Y remata: “En todos los casos en los que el despido se produjo con anterioridad a nuestro cambio de doctrina, es aplicable la excepción”. El caso resuelto por el Supremo en la sentencia 250/2024 partía de una trabajadora despedida sin ese trámite de audiencia. En ese fallo, la Sala reconocía que se apartaba de su criterio anterior para alinearse definitivamente con el Convenio 158 de la OIT. Como explicó entonces a Confilegal el abogado Alfredo Aspra, socio director de Labormatters Abogados, se trataba de “la sentencia más relevante de los últimos años dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo”. Un auténtico leading case que, a su juicio, “establecía un cambio de jurisprudencia sobre esta materia” y obligaba a los tribunales españoles “a aplicar el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT a la hora de valorar los despidos disciplinarios”. Ahora, las dos nuevas sentencias de marzo, el Supremo acota el alcance temporal de esa transformación doctrinal y da seguridad jurídica a las empresas en relación con decisiones adoptadas antes de noviembre de 2024. A partir de esa fecha, la audiencia previa se convierte en un requisito esencial en todo despido disciplinario. FUENTE: CONFILEGAL
Abogado de familia en Geranada. Divorcio. Separación. Pensión alimenticia. Régimen de custodia y visitas. Pensión alimenticia. Modificación de medidas. Matrimonialista.
Abogado de familia en Málaga. Divorcio. Separación. Pensión alimenticia. Régimen de custodia y visitas. Pensión alimenticia. Modificación de medidas. Matrimonialista.
Abogado de familia en Estepona (MALAGA). Divorcio. Separación. Pensión alimenticia. Régimen de custodia y visitas. Pensión alimenticia. Modificación de medidas. Matrimonialista.
Abogado de familia en San Pedro de Alcántara (MALAGA). Divorcio. Separación. Pensión alimenticia. Régimen de custodia y visitas. Pensión alimenticia. Modificación de medidas. Matrimonialista.
Abogado de familia en Marbella (MALAGA). Divorcio. Separación. Pensión alimenticia. Régimen de custodia y visitas. Pensión alimenticia. Modificación de medidas. Matrimonialista.
Abogado de familia en Benalmádena (MALAGA). Divorcio. Separación. Pensión alimenticia. Régimen de custodia y visitas. Pensión alimenticia. Modificación de medidas. Matrimonialista.