El Supremo ratifica el despido disciplinario de un vigilante de seguridad tras ser condenado por conducir con un carnet sin puntos
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha ratificado el despido disciplinario de un vigilante de seguridad contratado por una empresa de seguridad en Alcantarilla, Murcia, que fue condenado a 8 meses de multa por un delito de conducción con permiso no vigente por pérdida total de puntos.
El tribunal, formado por los magistrados Rosa María Virolés Piñol –presidenta de la Sala–, Antonio V. Sempere Navarro, Ángel Blasco Pellicer, María Luz García Paredes y Juan Molins García-Atance –ponente–, en su sentencia 887/2022, de 2 de noviembre, confirmó la sentencia de suplicación (equivalente a apelación en las otras jurisdicciones), dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) el 23 de marzo de 2021.
El TSJM, a su vez, había ratificado el fallo del Juzgado de lo Social 8 de Murcia, que se había pronunciado en ese mismo sentido el 15 de junio de 2020, validando el despido disciplinario del trabajador, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.
La empresa para la que prestaba servicio, Vigilant, S.A., la primera empresa de servicios de seguridad del Levante español y una de las diez primeras de España, lo despidió el 4 de mayo de 2018 tras conocer dicha condena.
El director general de la Policía Nacional acordó extinguir la habilitación de vigilante de seguridad al condenado, al perder un requisito fundamental, contemplado en el artículo 28 de la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada: carecer de antecedentes penales. Por lo que informó a la empresa.
Vigilant, S.A., aplicó, además, el vigente Convenio de Empresas de Seguridad Privada que, en su artículo 74.11 tipifica como falta muy grave «la participación directa o indirecta en la comisión de un delito calificado como tal en las leyes penales, que conlleve la retirada de la habilitación para los Vigilantes de Seguridad».
En la carta de despido la empresa le comunicó al trabajador que «Tal retirada de carné profesional es como consecuencia del cumplimiento de la condena penal que le ha sido impuesta por los tribunales por la comisión de un delito doloso que conlleva antecedentes penales. Como usted conoce, se le ha requerido repetidamente para que diera cuenta de su situación procesal respecto a la condena penal citada, sin obtener ninguna colaboración por su parte a este respecto, manteniéndole hasta el momento suspendido de empleo, no de sueldo, hasta concluir las averiguaciones oportunas».
El trabajador demandó tanto en primera instancia como en suplicación tanto a Vigilant, S.A., como a Vigilantes Asociados al Servicio de Banca y Empresas, S.L. (VASBE), con la que la primera tenía suscrito una subcontrata en la que éste prestaba sus servicios, y al Fondo de Garantía Salarial.
RECURSO DE CASACIÓN PARA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA CON SENTENCIA DE CONTRASTE
El abogado del trabajador, José Antonio Crego Martín, interpuso ante la Sala de lo Social del Supremo el consiguiente recurso de casación para unificación de doctrina invocando como sentencia de contraste la que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, el 10 de marzo de 2017.
En aquel caso, el trabajador fue despedido disciplinariamente tras haber sido condenado por un delito de amenazas. El TSJC estimó el recurso del trabajador y declaró la improcedencia del despido porque no constaba la vinculación del delito al trabajo ni la condena a inhabilitación especial para la profesión, como establecía el artículo 55.11 del Convenio Colectivo.
«Tanto en la sentencia recurrida como en la de contraste se trataba de vigilantes de seguridad que cometieron delitos dolosos fuera del ámbito laboral, siendo condenados penalmente, razón por las que se les retiró la habilitación. Ambas empresas de seguridad los despidieron disciplinariamente», dice el Supremo.
«La tipificación de esta falta muy grave en las normas colectivas aplicables en los dos pleitos es virtualmente igual. La sentencia recurrida declara el despido procedente mientras que la referencial lo declara improcedente. En mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, la sentencia recurrida y la de contraste dictan pronunciamientos contradictorios que deben ser unificados», añade.
El Supremo dice, en su sentencia, que, como regla general el poder de dirección del empleador se centra en la conducta del trabajador en el lugar y tiempo de trabajo: en principio, lo que hace el empleado fuera del trabajo no constituye materia disciplinaria.
EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL ESTABLECIDA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Y refiere la sentencia del Tribunal Constitucional 192/2003, de 27 de octubre, que estimó el recurso de amparo contra la sentencia que había declarado procedente el despido disciplinario de un trabajador porque durante sus vacaciones había trabajado para otra empresa.
Sin embargo, «se exceptúan de dicha regla general las obligaciones contractuales que despliegan efectos cuando el trabajador no está a disposición del empresario: deber de no concurrencia desleal, deber de no revelar secretos empresariales, deber de no ofender al empleador o a otros trabajadores… No es cierto que el despido disciplinario únicamente pueda sustentarse en incumplimientos contractuales producidos en tiempo y lugar de trabajo«.
Y precisa el Alto Tribunal: «debido a las funciones de vigilancia y seguridad que desarrollan los vigilantes de seguridad, la Ley de Seguridad Privada establece que la existencia de antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos es causa de extinción de la habilitación profesional de los vigilantes de seguridad».
«Debemos hacer hincapié en que el Convenio Colectivo estatal de las empresas de seguridad considera falta muy grave la comisión de un delito que conlleve la retirada de la habilitación para los vigilantes de seguridad porque sin ella no pueden ejercitar su profesión».
De acuerdo con el tribunal «una norma legal impide que un condenado por un delito doloso pueda prestar servicios como vigilante de seguridad, en atención a las especiales funciones atribuidas a dichos trabajadores, que exigen una confianza en el vigilante incompatible con dichos antecedentes penales; y una norma colectiva prevé expresamente que dicha conducta delictiva constituye una infracción muy grave que justifica el despido disciplinario. Por ello, debemos concluir que el actor incurrió en un incumplimiento contractual grave y culpable que justifica su despido disciplinario».
En opinión de Alfredo Aspra, socio director de Labormatters Abogados, «el poder de dirección empresarial se manifiesta en lugar y tiempo de trabajo. Lo que hace el empleado fuera del trabajo, ‘a priori’, no constituye materia disciplinaria tal y como en su día fijo la sentencia del tribunal Constitucional número 192/2003«.
«Sin embargo, dicha sentencia tiene múltiples excepciones como, por ejemplo, las conductas realizadas que contravengan la obligación de no concurrencia desleal lo cual conduce a pensar que, fruto de la evolución y sofisticación que está adquiriendo la manera de prestar servicios, aun siendo por cuenta ajena, se empiece a sentar como reglar general doctrinal y jurisprudencial que el despido disciplinario pueda también sustentarse en incumplimientos contractuales no producidos en tiempo y lugar de trabajo«, concluye.
FUIENTE: CONFILEGAL
LA DISCAPACIDAD DE UN HIJO MAYOR DE EDAD NO IMPIDE POR SI MISMO LA EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado el despido de un trabajador, «pillado» en el gimnasio estando de baja por dolor de espalda, con una sintomatología que desaconsejaba los ejercicios de intensidad sobre la zona. Una sentencia en la que el tribunal estipula que el centro deportivo no es una zona «privada». El absentismo laboral se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las empresas en España. También dentro de la administración pública. Ausencias que se multiplican en los puestos de trabajo que llevan a muchas empresas a apostar por contratar detectives privados para comprobar si esos trabajadores realmente se encuentran en incapacidad temporal, o están intentando «engañar» al sistema. Una práctica que llevaba a FCC Aqualia S.A. a despedir a Jesús, un empleado de la empresa desde mayo de 2008. Así pues, en enero de 2022, el trabajador iniciaba una IT hasta junio de 2023 por «dolor en la parte inferior de la espalda». Una IT que volvía a causar baja en la empresa en enero de 2024, por la misma dolencia. Un dolor ante el que la recomendación médica era «no cargar peso sobre la espalda, no realizar ejercicios de cargas axilares de columna, saltos, carrera intensa», o ejercicios que supusiesen agresión a la zona afectada. Sin embargo, en abril de 2024, Detectives Garbo comprobaba que el trabajador, además de conducir y realizar todo tipo de actividades, había acudido a hacer un circuito intenso de montaña durante tres horas. También, durante varios días, «acudió a un club deportivo a realizar clases dirigidas en las que se realiza todo tipo de movimientos y esfuerzos», sin que se observase dolencia alguna. Algo que llevaba a la empresa a despedir al trabajador el 23 de abril de 2024 por falta muy grave. Ir al gimnasio puede ser motivo de despido Un despido que el hombre llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Juzgado de lo Social nº4 de Elche que, en su sentencia de 22 de noviembre de 2024, desestimaba las pretensiones del trabajador. Decisión que llevaba a Jesús a presentar un recurso de suplicación ante el TSJCV. Caso que recaía sobre los magistrados Isabel Moreno de Viana-Cárdenas (presidente), Miguel Ángel Beltrán Aleu y María del Carmen Torregrosa Maicas (ponente). Recurso en el que el trabajador alegaba que el informe del detective debía ser declarado nulo debido a que las fotos obtenidas en el gimnasio «lo fueron en un espacio privado, por lo que son ilícitas». Del mismo modo, alegaba Jesús que su despido era discriminatorio por baja médica. Y que, del mismo modo, no se podía demostrar una vulneración de la buena fe contractual. Motivos que desestimaba el tribunal. «El club privado, gimnasio, en el que se tomaron las fotografías no tiene la consideración de espacio reservado puesto que, de un lado, el detective obtuvo permiso para entrar; y de otro, no puede considerarse que se trate de un lugar donde se ejerce la vida íntima, personal y familiar», expone el tribunal. Una valoración que el TSJCV acompaña de que el trabajador no cumplió con el «leal comportamiento» que le imponía la incapacidad temporal de cara a la empresa, en busca de cooperar activamente en su recuperación. Algo que sí supone la transgresión de la buena fe contractual, justificando así su despido. Fallo en el que el tribunal desestima el recurso, confirmando el despido. Sin costas.