Grabar una conversación con otro. ¿Prueba en un proceso penal?
La grabación de esa comunicación constituyo una de las pruebas de cargo para condenar a un sujeto por un delito de apropiación indebida. Ahora, el alto Tribunal ratifica la condena y justifica que este tipo de grabaciones no vulneran ni el secreto de las comunicaciones, ni la intimidad ni la propia imagen, ni el derecho a no declarar o a no confesarse culpable, derechos todos ellos fundamentales y sujetos a una especial protección, tal como se recoge en el artículo 53 de la Constitución Española.
En relación con el derecho al secreto de las comunicaciones, el Tribunal Supremo, siguiendo la doctrina constitucional, distingue grabación con otro de la grabación de otro, razonando que quién graba la conversación de otro atenta contra el derecho previsto en el artículo 18.3 de la Constitución a diferencia del supuesto de grabación con otro, resultando que en este caso no incurre en conducta contraria a la norma suprema.
Por otro lado, la sentencia citada también descarta que en estos supuestos se pueda producir una vulneración del derecho a la propia imagen por cuanto a pesar de que la voz forma parte del contenido propio de este derecho, en cuanto es un elemento definitorio de la personalidad de un individuo, en todo caso, la captación de la voz no quebranta el derecho a la propia imagen cuando el otro interlocutor se limita a registrar una comunicación verbal consentida por ambos y la grabación responde a la necesidad de dejar constancia probatoria del contenido de la conversación.
Y en lo atinente al derecho a la intimidad, razona el Tribunal Supremo, que tampoco la grabación de la conversación supone una restricción del mismo por cuánto la información que se obtenga sobre el espacio de intimidad del otro es el resultado de la libre revelación de su titular.
Por último, la sentencia analiza si estos supuestos pueden vulnerar el derecho a no declarar, a no confesarse culpable que, en la medida en que el acusado desconocía que aquellas grabaciones pudieran estarse produciendo pudieran ser empleadas contra él en un procedimiento futuro.
Reza la sentencia que en el presente caso, las grabaciones controvertidas no tuvieron por objeto la constitución de una prueba de cargo a presentar en un procedimiento judicial en curso… por lo que desde esta consideración no existe vulneración de derecho alguno, infracción que se daría si el informador particular actuara en calidad de instrumento o agente del Estado en el momento en que el acusado emitió su declaración, y siempre que sea el informador quien lleve al acusado a hacer su confesión. A estos efectos, el Tribunal destaca la necesidad de observar siempre si la conversación es similar a un interrogatorio, así como resulta aconsejable conocer la naturaleza de la relación existente entre el informante y el encausado. Estas consideraciones permitirán al Tribunal descartar si la grabación viene precedida de algún tipo de acuerdo con los agentes de Estado.
Por tanto, grabar una conversación con otro no infringe ninguno de los derechos fundamentales del individuo salvo que la persona que graba intervenga en calidad de instrumento del Estado sin previa autorización judicial.
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La sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcorcón ha desestimado las pretensiones de la inmobiliaria del municipio madrileño. Ello, rechazando los más de 6.000 euros que exigían a una pareja por una vivienda que visitaron, pero cuya compra no se llegó a formalizar. Carmen y Julio (nombres ficticios) acudían a la inmobiliaria Vitapiso Servicios Inmobiliarios, de Alcorcón, en 2018, con la intención de adquirir una vivienda, anunciada en el portal de internet Idealista. Desde la inmobiliaria intermediaria se concertó una visita al inmueble el 7 de abril de 2017, tras la que la pareja realizó una oferta formal por la vivienda, firmada por ambos compradores. Un encuentro en el que, igualmente, Carmen firmaba una hoja de encargo a la inmobiliaria, en la que se formalizaba la relación entre ambos para la búsqueda de un inmueble con las características solicitadas. Un escrito en el que la pareja se comprometía a abonar una comisión del 3% a la inmobiliaria por su gestión «para el supuesto de llegarse a adquirir el inmueble en el año siguiente a la visita». Compra que, sin embargo, no llegaba a formalizarse. Y por la que la inmobiliaria reclamaba el abono de 6.534 euros, IVA incluido, a la pareja visitante. Una exigencia que la entidad llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Tribunal de Instancia de Alcorcón, bajo la magistratura de María del Mar Tomás Corpa. Demanda en la que la intermediaria destacaba que la compra no llegó a formalizarse «por causa no imputable» a la compañía. Razón por la que valoraban que la pareja visitante del inmueble debían abonar sus honorarios, de más de 6.000 euros. NO HAY ABONO DE HONORARIOS PARA LA INMOBILIARIA Se oponía la demandada, ya que la propuesta de compra «nunca fe aceptada por los vendedores, que transmitieron la vivienda a otros compradores», Algo por lo que, alegan, «no se cumplen los presupuestos establecidos en el contrato». Una valoración de los demandados, representados por el abogado Rubén Loro Cáceres que comparte el juzgado en su sentencia 129/2025. Ello, desestimando las pretensiones de la inmobiliaria de Alcorcón. «El documento condiciona el devengo de los honorarios del actor a que se llegase a adquirir el inmueble durante el periodo de un año desde la visita», expone la sentencia. Un condicionante que no se produce. «Es obvio que la compraventa no se formalizó», puntualiza la magistrada. «La parte demandante no ha acreditado, ni siquiera, que la propuesta de compraventa realizada se aceptase por los vendedores, luego difícilmente podrían estos adquirir la propiedad, siendo ello un requisito imprescindible para que se devengaran los honorarios». Del mismo modo, destaca la magistrada que tampoco queda probado que la falta de compra «fuese imputable» a los codemandados. Algo por lo que desestima la demanda. Y con ello, rechaza que la pareja que visitó la vivienda deba abonar pago alguno a la inmobiliaria. Empresa que deberá hacer frente al pago de costas. FUENTE: CONFILEGAL
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