Vías de impugnación de una partición hereditaria o de una liquidación de gananciales
Victoria López Barrio | 28 Junio, 2020
Es bastante usual que, una vez efectuada una partición hereditaria entre los herederos o, en su caso, una liquidación de la sociedad de gananciales entre los cónyuges, alguno de ellos no se encuentre conforme, pues entiende que, se han vulnerado sus derechos y pretende su reparación, mediante la interposición de la correspondiente de demanda.
CAUSAS COMUNES DE IMPUGNACIÓN
Hay que indicar que las mismas vías de impugnación de la partición hereditaria pueden emplearse para impugnar la liquidación de la sociedad de gananciales.
Así lo establece el artículo 1.410 del Código Civil (CC), relativo a la liquidación de la sociedad de gananciales, al disponer que en todo lo no previsto sobre formación de inventario, reglas sobre tasación y ventas de los bienes, división del caudal, adjudicaciones a los partícipes y demás que no se halle expresamente determinado, se observará lo establecido para la partición y liquidación de la herencia.
PRINCIPIO “FAVOR PARTITIONIS”
Con independencia de las causas que se puedan dar para la nulidad, anulabilidad o rescisión de la partición o liquidación, se debe tener en cuenta el principio rector tanto en materia sucesoria o de contratos, que es el principio de conservación de la partición o de eficacia del negocio jurídico. Principio “favor partitionis”.
Veamos a continuación las vías de impugnación.
1.- RESCISIÓN POR LESIÓN
Tiene su base en el artículo 1074 del CC, al establecer que podrán también ser rescindidas las particiones por causa de lesión en más de la cuarta parte, atendido el valor de las cosas cuando fueron adjudicadas.
La acción de rescisión por lesión en más de una cuarta parte, es una acción que caduca a los 4 años. La jurisprudencia discute si este plazo es de caducidad o de prescripción.
El “dies a quo” para el cómputo del plazo se iniciaría, conforme el artículo 1076 del CC, en el momento en que se hiciera la partición o liquidación.
Cualquiera de los cónyuges o los herederos en su caso, podrán pedir la rescisión de la liquidación y adjudicación de bienes si la misma lesiona sus derechos en más de una cuarta parte atendiendo al valor de las cosas cuando fueron adjudicadas.
Es de destacar, que se está refiriendo al valor de las cosas adjudicadas y no a la omisión de bienes o derechos que formen parte del caudal, en ese caso, tendríamos la acción de adición o complemento de la partición.
2.- ACCIÓN DE ADICIÓN O COMPLEMENTO DE LA PARTICIÓN
Es uno de los claros ejemplos de aplicación del principio “favor partitionis” la partición realizada sigue siendo eficaz, pero procede la adición de ciertos bienes o derechos que quedaron fuera de la partición realizada en un primer momento.
Viene regulada en el artículo 1.079 C.C., en el que se establece que la omisión de alguno o algunos objetos o valores de la herencia no da lugar a que se rescinda la partición por lesión, sino a que se complete o adicione con los objetos o valores omitidos.
3.- NULIDAD RADICAL Y ANULABILIDAD
3.1 NULIDAD RADICAL O DE PLENO DERECHO. ACCIÓN IMPRESCRIPTIBLE
Cuando no concurren los requisitos establecidos en el artículo 1.261 CC, estamos en presencia de un supuesto de nulidad absoluta o de pleno Derecho, cuya declaración puede solicitarse sin sujeción a plazo alguno.
Así la jurisprudencia declara: las SSTS de 4 de noviembre de 1996 y 14 de marzo de 2000, “la nulidad es perpetua e insubsanable, el contrato viciado de nulidad absoluta en ningún caso podrá ser objeto de confirmación ni de prescripción” (en el mismo sentido la SSTS de 14 de marzo de 2000, entre muchas otras), pues un supuesto de nulidad absoluta o de pleno Derecho (STS de 10 de abril de 2001) es equivalente a la inexistencia, cuya característica radica en la imposibilidad de producir efecto jurídico alguno.
La jurisprudencia establece, como casos de nulidad de la partición, además del específico del artículo 1081 CC , la falta de consentimiento de la persona designada para realizar la partición, la inclusión de bienes no pertenecientes al causante (STS de 15 de diciembre de 2005 y supuestos en que no se ha liquidado previamente la sociedad de gananciales, SSTS de 2 de noviembre de 2005 , 14 de diciembre de 2005 , 15 de junio de 2006 ), la ilicitud de la causa por deliberada ocultación de componentes del caudal, la invalidez del testamento, la infracción de prescripciones legales imperativas (STS de 28 de noviembre de 2005). Entre otros.
3.2. ANULABILIDAD
La anulabilidad, viene regulada en el artículo 1.300 del CC, que dispone, los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a ley.
Los motivos de anulabilidad más frecuentes son el error, el dolo y la violencia e intimidación. Y estos vicios pueden ser subsanables.
PLAZO. ARTÍCULO 1301 CC, 4 AÑOS
La acción de nulidad sólo durará cuatro años.
Este tiempo empezará a correr:
En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que éstas hubiesen cesado.
En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato.
Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por los menores o incapacitados, desde que salieren de tutela.
Si la acción se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados por uno de los cónyuges sin consentimiento del otro, cuando este consentimiento fuere necesario, desde el día de la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio salvo que antes hubiere tenido conocimiento suficiente de dicho acto o contrato.
Si se acuerda la anulabilidad de la partición se subsanará conforme a lo dispuesto en los artículos 1.300 a 1.314 del CC.
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La sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcorcón ha desestimado las pretensiones de la inmobiliaria del municipio madrileño. Ello, rechazando los más de 6.000 euros que exigían a una pareja por una vivienda que visitaron, pero cuya compra no se llegó a formalizar. Carmen y Julio (nombres ficticios) acudían a la inmobiliaria Vitapiso Servicios Inmobiliarios, de Alcorcón, en 2018, con la intención de adquirir una vivienda, anunciada en el portal de internet Idealista. Desde la inmobiliaria intermediaria se concertó una visita al inmueble el 7 de abril de 2017, tras la que la pareja realizó una oferta formal por la vivienda, firmada por ambos compradores. Un encuentro en el que, igualmente, Carmen firmaba una hoja de encargo a la inmobiliaria, en la que se formalizaba la relación entre ambos para la búsqueda de un inmueble con las características solicitadas. Un escrito en el que la pareja se comprometía a abonar una comisión del 3% a la inmobiliaria por su gestión «para el supuesto de llegarse a adquirir el inmueble en el año siguiente a la visita». Compra que, sin embargo, no llegaba a formalizarse. Y por la que la inmobiliaria reclamaba el abono de 6.534 euros, IVA incluido, a la pareja visitante. Una exigencia que la entidad llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Tribunal de Instancia de Alcorcón, bajo la magistratura de María del Mar Tomás Corpa. Demanda en la que la intermediaria destacaba que la compra no llegó a formalizarse «por causa no imputable» a la compañía. Razón por la que valoraban que la pareja visitante del inmueble debían abonar sus honorarios, de más de 6.000 euros. NO HAY ABONO DE HONORARIOS PARA LA INMOBILIARIA Se oponía la demandada, ya que la propuesta de compra «nunca fe aceptada por los vendedores, que transmitieron la vivienda a otros compradores», Algo por lo que, alegan, «no se cumplen los presupuestos establecidos en el contrato». Una valoración de los demandados, representados por el abogado Rubén Loro Cáceres que comparte el juzgado en su sentencia 129/2025. Ello, desestimando las pretensiones de la inmobiliaria de Alcorcón. «El documento condiciona el devengo de los honorarios del actor a que se llegase a adquirir el inmueble durante el periodo de un año desde la visita», expone la sentencia. Un condicionante que no se produce. «Es obvio que la compraventa no se formalizó», puntualiza la magistrada. «La parte demandante no ha acreditado, ni siquiera, que la propuesta de compraventa realizada se aceptase por los vendedores, luego difícilmente podrían estos adquirir la propiedad, siendo ello un requisito imprescindible para que se devengaran los honorarios». Del mismo modo, destaca la magistrada que tampoco queda probado que la falta de compra «fuese imputable» a los codemandados. Algo por lo que desestima la demanda. Y con ello, rechaza que la pareja que visitó la vivienda deba abonar pago alguno a la inmobiliaria. Empresa que deberá hacer frente al pago de costas. FUENTE: CONFILEGAL
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