La Audiencia de Cádiz recuerda que se puede pedir la nulidad y restitución de una cláusula suelo aunque el préstamo ya esté cancelado
Devuelve al matrimonio afectado el importe de la cláusula suelo que soportó durante toda la vigencia del préstamo hipotecario con sus correspondientes intereses, cancelado hace más de cuatro años.
La Audiencia Provincial de Cádiz ha recordado en una reciente sentencia que se puede pedir la nulidad y la consiguiente restitución de una cláusula suelo aunque el préstamo esté cancelado, ya que la finalidad de la demanda interpuesta es obtener la restitución de lo indebidamente cobrado por el banco en la aplicación de la cláusula suelo durante más de 20 años.
Se ha pronunciado así en una resolución del pasado 26 de mayo (388/2023), que firman los magistrados Carlos Ercilla Labarta (presidente), Ramon Romero Navarro (ponente) y Miguel Ángel Feliz Martínez, de la Sección Quinta, especializada en cláusulas generales de la contratación.
En ella, confirma la sentencia de primera instancia, a excepción de los gastos de cancelación registral de la hipoteca, que son a cargo de los prestatarios. A este respecto, la Audiencia señala que no procede reclamar la nulidad de los gastos de la escritura de cancelación de la hipoteca.
Pese a la estimación parcial del recurso de apelación de la entidad financiera, impone las costas de la primera instancia al banco, por aplicación del principio de efectividad del derecho comunitario y la no vinculación del consumidor con las cláusulas abusivas.
En consecuencia, el banco tendrá que reintegrar a este matrimonio «unos 60.000 euros», equivalentes a lo que le cobró por cláusulas suelo, más intereses durante todo el tiempo que estuvo vigente la hipoteca, según informa a Confilegal su abogado, José Luis Ortiz Miranda, socio director de Bufete Ortiz Abogados, de Cádiz, que ha representado al matrimonio gaditano afectado.
“Esta sentencia, a mi juicio, es enormemente importante porque hay muchos consumidores que todavía no saben que aunque hayan cancelado su hipoteca -bien por vencimiento natural, por dación de pago o por cancelación anticipada, que son las tres causas de cancelación- pueden reclamar lo que el banco les haya cargado”, declara.
«abre los ojos a mucha gente que piensa que no tiene derecho a recuperar nada», agrega.
Este letrado destaca que el hecho de que la hipoteca esté cancelada desde hace muchos años es algo irrelevante, y que en estos casos se puede presentar una demanda por nulidad y restitución para que les sea reintegrado ese importe de cláusula suelo con todos los intereses inherentes de ese tiempo. Una acción que «tiene la máxima protección en nuestro ordenamiento jurídico: nunca prescribe ni caduca”, subraya.
“Despertad consumidores y conocer vuestros derechos en profundidad porque frente al intento de desinformación de la banca, éste es un derecho que os asiste y se puede reclamar con garantía de éxito”, concluye.
LA JURISPRUDENCIA QUE APLICA
En su recurso, el banco mostró su disconformidad con los pronunciamientos de la sentencia recurrida, del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz, de 3 de mayo de 2019, señalando como motivo esencial del recurso la imposibilidad de declarar la nulidad de la cláusula a la que se refiere la resolución ya que el préstamo ya había sido cancelado, y que la resolución incurría en incongruencia por omisión al no pronunciarse al respecto.
La Audiencia señala que como ha dicho el Tribunal Supremo, en sentencia de 12 de diciembre de 2019, no existe fundamento legal para afirmar que la consumación de un contrato impide el ejercicio de la acción de nulidad.
Es más, añade que el artículo 1.301 del Código Civil fija la consumación del contrato como término inicial del plazo para ejercitar la acción de nulidad por error, dolo o falsedad de la causa.
Los magistrados manifiestan que otro tanto ocurre con la extinción del contrato.
“Si la acción ejercitada por los recurrentes hubiera ido dirigida exclusivamente a que se declarara la nulidad del contrato o de una cláusula, sin formularse una petición restitutoria, podría cuestionarse que exista un ya extinguido. Pero en el caso objeto del recurso, la finalidad de la demanda interpuesta por los hoy recurrentes fue obtener la restitución de lo indebidamente cobrado por la entidad financiera en la aplicación de la cláusula suelo”, argumentan.
Y explican que la solicitud en la demanda de un pronunciamiento judicial que declarara la nulidad de dicha cláusula ha de entenderse como un antecedente necesario para lograr el pronunciamiento que condena a la restitución de lo indebidamente cobrado en aplicación de la cláusula nula.
“Los prestatarios tienen un interés legítimo en obtener la restitución de lo que pagaron en aplicación de una cláusula que consideran nula de pleno derecho por ser abusiva”, subraya la Audiencia.
La Audiencia también trae a colación la doctrina del Tribunal Supremo contenida en la sentencia 566/19, de 25 de octubre, en la que se pronunció por primera vez sobre la comisión de reclamación de posiciones deudoras.
Según explica, la que es objeto de este enjuiciamiento no cumple las exigencias del Banco de España para este tipo de comisiones, porque prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática.
Añade que tampoco discrimina periodos de mora, “de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión”, y que tal como está redactada, tampoco identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo, por lo que no cabe deducir que ello generara un gasto efectivo.
FUENTE: CONFILEGAL
El Juzgado de Primera Instancia nº21 de Madrid ha anulado el último testamento de una mujer con Alzhéimer. Y con ello, ha reconocido el reparto de la herencia planteado anteriormente, en el que se reconoce como herederos a partes iguales a los dos hijos de la fallecida, así como a su nieta, única hija del tercer hijo, anteriormente fallecido. María (nombre ficticio) era declarada incapaz por sentencia 78/2013, de 3 de julio de 2013. Ello, debido a que la mujer padecía «un diagnóstico de deterioro cognitivo moderado mixto neurodegenerativo-vascular con Alzhéimer». Una patología que, según sus médicos, empeoraba a nivel cognitivo y general, falleciendo la anciana el 27 de diciembre de 2015. Sin embargo, poco antes de fallecer, y estando ya incapacitada, la mujer cambiaba su testamento. Ello, favoreciendo únicamente a uno de sus hijos, Manuel, al que le instituía como único y universal heredero. Y con ello, determinaba como legatarios de la legítima estricta a su otro hijo, Juan, así como a su nieta, Laura. Un testamento ante el que Juan no dudaba en presentar una demanda judicial. Un procedimiento que recaía sobre el Juzgado de Primera Instancia nº21 de Madrid. Demanda en la que el hombre impugnaba el testamento realizado el 4 de julio de 2014 «por falta de capacidad del testador», «El mencionado testamento fue otorgado un año después de ser declarada incapaz, por lo que es manifiestamente nulo», estipula la defensa del hombre, representado por Ignacio Palomar Ruiz, socio director de Servilegal Abogados. Razonamiento por el que desde Servilegal Abogados se solicitaba la nulidad del testamento. También la imposición de costas a la parte demandada. LA JUSTICIA ANULA EL TESTAMENTO IMPUGNADO «María, cuando otorgó el testamento de 2014, no regía bien. De hecho, fue Manuel quién forzó con ir a notaría. Y luego, al sentirse mal, renunció a la herencia», estipula la impugnación del testamento. Las otras partes del procedimiento se allanaron a la demanda ante la objetividad de los hechos, lo que permitió una rápida resolución, dado que todos los hechos estaban debidamente acreditados mediante prueba documental: informes médicos, sentencia de incapacitación y certificado de últimas voluntades. Una valoración que acepta el juzgado madrileño, bajo la magistratura de María Luz Losada Vime. Y así, reconoce las pretensiones de la nieta de la mujer fallecida, y de uno de sus hijos, en reconocimiento del anterior testamento. «En el presente caso, la parte actora ejercita una acción de nulidad del testamento otorgado el 4 de julio de 2014 por falta de capacidad de la otorgante para testar. Frente a esta pretensión, la parte demandada se allana», expone el juzgado. Y así, estima la demanda presentada. Algo que supone que sea el testamento anterior, firmado por la fallecida en abril de 2003, el que se aplique en este caso, reconociendo «por terceras partes e iguales» a todos los herederos. “Este caso demuestra que no todo vale en materia sucesoria. Muchas familias se ven perjudicadas por testamentos otorgados cuando el testador ya no tenía capacidad. La justicia está para restaurar el equilibrio y proteger a quienes realmente tienen derecho”, afirma Ignacio Palomar, responsable del caso, a Confilegal. Un caso que demuestra que acreditar la nulidad de un testamento es posible. Eso sí, actuando «con prontitud y una estrategia jurídica clara». FUENTE. CONFILEGAL
l Tribunal Supremo ha precisado que su nueva doctrina sobre la necesidad de conceder al trabajador un trámite de audiencia previa antes de proceder a un despido disciplinario no tiene efectos retroactivos. Sólo se aplica a los despidos realizados con posterioridad a la sentencia que la estableció, dictada el 13 de noviembre de 2024 por el Pleno de la Sala de lo Social (sentencia 250/2024). Así lo aclara el Alto Tribunal en dos nuevas resoluciones, con fechas de 5 y 11 de marzo de 2025, en las que desestima los recursos presentados por los Tribunales Superiores de Justicia de Navarra y de la Comunidad Valenciana, que pretendían aplicar la nueva doctrina a casos previos a su publicación. En esta noticia se habla de: audiencia previadespido disciplinarioTribunal Supremo (TS) El Tribunal Supremo ha precisado que su nueva doctrina sobre la necesidad de conceder al trabajador un trámite de audiencia previa antes de proceder a un despido disciplinario no tiene efectos retroactivos. Sólo se aplica a los despidos realizados con posterioridad a la sentencia que la estableció, dictada el 13 de noviembre de 2024 por el Pleno de la Sala de lo Social (sentencia 250/2024). Así lo aclara el Alto Tribunal en dos nuevas resoluciones, con fechas de 5 y 11 de marzo de 2025, en las que desestima los recursos presentados por los Tribunales Superiores de Justicia de Navarra y de la Comunidad Valenciana, que pretendían aplicar la nueva doctrina a casos previos a su publicación. La sentencia del pasado noviembre marcó un hito jurisprudencial al establecer que los trabajadores no pueden ser despedidos disciplinariamente sin haber tenido la oportunidad de defenderse previamente frente a las acusaciones que fundamentan la extinción de su contrato. Un derecho que, según la Sala de lo Social, deriva directamente del artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en vigor en España desde 1982. Esa norma internacional exige que el trabajador pueda exponer las razones por las que considera injustificadas las acusaciones antes de que se adopte la decisión de despido, “salvo que no pueda pedirse razonablemente al empleador”. Con ese fundamento, el Supremo modificó una doctrina que había mantenido durante décadas, justificando el cambio por “los avances producidos en nuestro ordenamiento jurídico desde entonces”, como la Ley de Tratados Internacionales, la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional, la calificación de los despidos o la inaplicación de la norma más favorable considerada de forma global. NO EXIGIBLE RETROACTIVAMENTE En las recientes sentencias de marzo, el Supremo subraya que, en los casos analizados, los despidos se produjeron antes del cambio jurisprudencial, cuando todavía no era exigible la audiencia previa. Por tanto, no se puede sancionar a los empleadores por no haber cumplido con un requisito que en ese momento no formaba parte de las exigencias legales o jurisprudenciales. “No podía razonablemente pedirse al empleador que tuviera que conceder la audiencia previa al trabajador en tanto que en el momento en que activó el despido no se le podía exigir ese requisito”, concluye una de las resoluciones. Y remata: “En todos los casos en los que el despido se produjo con anterioridad a nuestro cambio de doctrina, es aplicable la excepción”. El caso resuelto por el Supremo en la sentencia 250/2024 partía de una trabajadora despedida sin ese trámite de audiencia. En ese fallo, la Sala reconocía que se apartaba de su criterio anterior para alinearse definitivamente con el Convenio 158 de la OIT. Como explicó entonces a Confilegal el abogado Alfredo Aspra, socio director de Labormatters Abogados, se trataba de “la sentencia más relevante de los últimos años dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo”. Un auténtico leading case que, a su juicio, “establecía un cambio de jurisprudencia sobre esta materia” y obligaba a los tribunales españoles “a aplicar el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT a la hora de valorar los despidos disciplinarios”. Ahora, las dos nuevas sentencias de marzo, el Supremo acota el alcance temporal de esa transformación doctrinal y da seguridad jurídica a las empresas en relación con decisiones adoptadas antes de noviembre de 2024. A partir de esa fecha, la audiencia previa se convierte en un requisito esencial en todo despido disciplinario. FUENTE: CONFILEGAL
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