La Justicia condena a la Policía a indemnizar con 13.600 € a un agente por las lesiones sufridas cuando intentaron matarle
Los agresores condenados eran insolventes razón por la cual el agente demandó a la Dirección General de la Policía basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El TSJ de las Islas Baleares le ha dado la razón.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha obligado a la Dirección General de la Policía indemnizar a un agente de policía nacional -ya jubilado- con 13.600 euros por las lesiones sufridas en un acto de servicio.
Los agresores fueron condenados por la Audiencia Provincial de esta ciudad en noviembre de 2019 a penas de cárcel de entre tres y cinco años por los delitos de intento de homicidio y otro de lesiones con instrumento peligroso. Le dieron con una barra de hierro en reiteradas ocasiones.
Además de la pena de cárcel, dicho tribunal les condenó a indemnizarle con 13.600 euros por los daños ocasionados, pero se declararon insolventes y el policía solicitó a la Administración que se hiciese cargo de los gastos. Como no quisieron hacerse cargo, el agente se vio obligado a acudir a los tribunales.
Esta sentencia, que es la 554/2023 de 5 de julio, ha sido dictada por los magistrados de la Sala de lo Contencioso. Pablo Delfont Maza, Carmen Frigola Castillón y Fernando Socías Fuster.
GOLPEARON AL POLICÍA EN LA ESPALDA, CABEZA E INTENTARON CLAVARLE LA BARRA
La agresión tuvo lugar el 29 de mayo de 2018 cuando el policía acudió al domicilio de uno de los condenados para entregarle una citación del Juzgado de Instrucción Nº5 por un asunto que tenía pendiente. Comenzó a llamar al policía “hijo de puta” y como no quería recoger la citación, el agente decidió dejársela en una verja.
En esos momentos, según se explica en la sentencia condenatoria de la Audiencia de Baleares, el agresor le golpeó con una barra metálica en la espalda con intención de acabar con su vida.
Al oír el altercado, el hijo del agresor, que se encontraba en el interior de la vivienda, salió al ver que su padre estaba peleándose. Sujetó al policía por la espalda y le inmovilizó los brazos para que su progenitor pudiese golpearle en la cabeza con la barra de hierro. Y aunque el hijo desconocía que la víctima era policía, intentó acabar con su vida al intentar clavarle el palo en el abdomen, pero pudo escapar.
El policía pidió ayuda y cuando llegaron al lugar, ambos agresores manifestaron expresiones como “el perro se me ha escapado, le tenía que haber matado” o “vuestro compañero ha tenido mala suerte”.
Estuvo cuatro días en el hospital y tardó en curarse un total de 137.
LOS MAGISTRADOS DEL TSJ SE BASAN EN LA JURISPRUDENCIA DEL SUPREMO
Los magistrados del TSJ de Baleares se han apoyado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho al resarcimiento e indemnidad al policía que ha sufrido daños en un acto de servicio sin mediar dolo, culpa o impericia de su parte.
Dichas sentencias establecen que «las lesiones y perjuicios sufridos por los agentes de policía como consecuencia de acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin culpa o negligencia por su parte, las funciones que son propias de su cargo, deben ser resarcidos por la Administración mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad», el cuales es «el principio general que rige para los empleados públicos».
Y, en el presente caso, los magistrados explicaron que el policía nacional, hoy ya jubilado, no tuvo culpa o impericia en la producción de las lesiones sufridas y que la propia sentencia en la que se condenó a los dos agresores se estableció una indemnización.
Por lo que “declarada la insolvencia de ambos condenados para atender el pago de esa indemnización según resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Palma en sendas ejecutorias penales de fechas 24 de agosto de 2020 y 9 de noviembre de 2020 y reclamando el pago a la Dirección General de 2020, la petición ha de prosperar”.
De tal forma que la Sala de lo contencioso ha explicado que “la Dirección General de Policía se subroga en la posición de los condenados declarados insolventes, frente a los cuales, podrá ésta repetir, si aquellos vinieren a mejor fortuna”. Por lo que han estimado el recurso.
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La sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcorcón ha desestimado las pretensiones de la inmobiliaria del municipio madrileño. Ello, rechazando los más de 6.000 euros que exigían a una pareja por una vivienda que visitaron, pero cuya compra no se llegó a formalizar. Carmen y Julio (nombres ficticios) acudían a la inmobiliaria Vitapiso Servicios Inmobiliarios, de Alcorcón, en 2018, con la intención de adquirir una vivienda, anunciada en el portal de internet Idealista. Desde la inmobiliaria intermediaria se concertó una visita al inmueble el 7 de abril de 2017, tras la que la pareja realizó una oferta formal por la vivienda, firmada por ambos compradores. Un encuentro en el que, igualmente, Carmen firmaba una hoja de encargo a la inmobiliaria, en la que se formalizaba la relación entre ambos para la búsqueda de un inmueble con las características solicitadas. Un escrito en el que la pareja se comprometía a abonar una comisión del 3% a la inmobiliaria por su gestión «para el supuesto de llegarse a adquirir el inmueble en el año siguiente a la visita». Compra que, sin embargo, no llegaba a formalizarse. Y por la que la inmobiliaria reclamaba el abono de 6.534 euros, IVA incluido, a la pareja visitante. Una exigencia que la entidad llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Tribunal de Instancia de Alcorcón, bajo la magistratura de María del Mar Tomás Corpa. Demanda en la que la intermediaria destacaba que la compra no llegó a formalizarse «por causa no imputable» a la compañía. Razón por la que valoraban que la pareja visitante del inmueble debían abonar sus honorarios, de más de 6.000 euros. NO HAY ABONO DE HONORARIOS PARA LA INMOBILIARIA Se oponía la demandada, ya que la propuesta de compra «nunca fe aceptada por los vendedores, que transmitieron la vivienda a otros compradores», Algo por lo que, alegan, «no se cumplen los presupuestos establecidos en el contrato». Una valoración de los demandados, representados por el abogado Rubén Loro Cáceres que comparte el juzgado en su sentencia 129/2025. Ello, desestimando las pretensiones de la inmobiliaria de Alcorcón. «El documento condiciona el devengo de los honorarios del actor a que se llegase a adquirir el inmueble durante el periodo de un año desde la visita», expone la sentencia. Un condicionante que no se produce. «Es obvio que la compraventa no se formalizó», puntualiza la magistrada. «La parte demandante no ha acreditado, ni siquiera, que la propuesta de compraventa realizada se aceptase por los vendedores, luego difícilmente podrían estos adquirir la propiedad, siendo ello un requisito imprescindible para que se devengaran los honorarios». Del mismo modo, destaca la magistrada que tampoco queda probado que la falta de compra «fuese imputable» a los codemandados. Algo por lo que desestima la demanda. Y con ello, rechaza que la pareja que visitó la vivienda deba abonar pago alguno a la inmobiliaria. Empresa que deberá hacer frente al pago de costas. FUENTE: CONFILEGAL
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