Reclamar de indemnización por accidente de tráfico
Indemnización por daños materiales
En este concepto entran todos los daños ocasionados al vehículo, sin importar que se trate de un automóvil, una motocicleta o cualquier otro tipo. Por supuesto, solo puede reclamar la parte afectada del incidente, por lo que tendrá que demostrar que la culpa corresponde exclusivamente al otro vehículo.
Habitualmente, es la aseguradora del auto afectado la que recibe el dinero correspondiente al daño causado. Entonces, será la responsable de reparar cualquier daño atribuible al accidente hasta restituir a su condición previa el vehículo. Ocasionalmente, esto solo es posible declarándose como pérdida total.
Indemnización por lesiones
Aunque restituir los daños materiales es importante, es aún más relevante restituir la salud de los afectados de un accidente de tráfico. Sin embargo, no se trata únicamente de pagar los gastos médicos derivados del incidente. También, en vista que la convalecencia deriva en un estado de incapacidad laboral, se debe restituir los salarios no percibidos a causa del accidente.
Ahora bien, la legislación vigente establece claramente la cantidad económica que le corresponde al accidentado. Dependiendo de la condición clínica del afectado se asigna una indemnización que varía entre los 30€ y los 100€ por día, siendo las más graves cuando se encuentra en estado de coma. Cabe descartar que para ser acreedor a esta indemnización no es necesario demostrar la culpabilidad de la contraparte. Será suficiente con el hecho que el accidentado no sea el culpable del incidente.
Pérdidas adicionales
La legislación actual contempla la restitución del patrimonio del afectado en todos los aspectos posibles. Por eso, se puede reclamar una indemnización por cualquier pertenencia que haya sufrido algún daño a causa del accidente de tráfico. Esto puede ser equipamientos de seguridad, como el casco de motociclista o las rodilleras. También puede tratarse de otros artículos que se encontraban en el vehículo en el momento del accidente, como teléfonos y computadoras.
Adicionalmente, los accidentes de tráfico pueden acarrear otros gastos imprevistos, como traslados a una clínica. Además, es posible que haya que alquilar un vehículo para realizar las actividades cotidianas mientras reparan el auto accidentado. En cualquier caso, estos supuestos representan una merma en el patrimonio del afectado, por lo que deben restituirse a través de una indemnización.
Perjuicios adicionales
Por otro lado, es posible que se genere una reducción más sutil en el patrimonio del afectado a causa del accidente de tráfico. Por ejemplo, puede ser que no perciba los salarios correspondientes al tiempo de convalecencia. Esto también debe restituirse, por lo que se puede reclamar una indemnización por este concepto. Además, es posible que el vehículo dañado sea una parte fundamental para el desempeño de las actividades laborales del afectado. Este sería el caso, por ejemplo, si el vehículo fuera usado como taxi. Por supuesto, mientras más tiempo tarde en ser reparado, mayor será la pérdida económica derivada del incidente.
En vista de que son muchos los factores que deben tomarse en cuenta, la recomendación es contacta con un abogado especialista en accidentes de tránsito. Su asesoría es indispensable para determinar si cierta circunstancia puede derivar en el pago de una indemnización y la cuantía de la misma. Además, se logra agilizar el proceso, aumentando la posición de obtener el resultado deseado.
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La sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcorcón ha desestimado las pretensiones de la inmobiliaria del municipio madrileño. Ello, rechazando los más de 6.000 euros que exigían a una pareja por una vivienda que visitaron, pero cuya compra no se llegó a formalizar. Carmen y Julio (nombres ficticios) acudían a la inmobiliaria Vitapiso Servicios Inmobiliarios, de Alcorcón, en 2018, con la intención de adquirir una vivienda, anunciada en el portal de internet Idealista. Desde la inmobiliaria intermediaria se concertó una visita al inmueble el 7 de abril de 2017, tras la que la pareja realizó una oferta formal por la vivienda, firmada por ambos compradores. Un encuentro en el que, igualmente, Carmen firmaba una hoja de encargo a la inmobiliaria, en la que se formalizaba la relación entre ambos para la búsqueda de un inmueble con las características solicitadas. Un escrito en el que la pareja se comprometía a abonar una comisión del 3% a la inmobiliaria por su gestión «para el supuesto de llegarse a adquirir el inmueble en el año siguiente a la visita». Compra que, sin embargo, no llegaba a formalizarse. Y por la que la inmobiliaria reclamaba el abono de 6.534 euros, IVA incluido, a la pareja visitante. Una exigencia que la entidad llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Tribunal de Instancia de Alcorcón, bajo la magistratura de María del Mar Tomás Corpa. Demanda en la que la intermediaria destacaba que la compra no llegó a formalizarse «por causa no imputable» a la compañía. Razón por la que valoraban que la pareja visitante del inmueble debían abonar sus honorarios, de más de 6.000 euros. NO HAY ABONO DE HONORARIOS PARA LA INMOBILIARIA Se oponía la demandada, ya que la propuesta de compra «nunca fe aceptada por los vendedores, que transmitieron la vivienda a otros compradores», Algo por lo que, alegan, «no se cumplen los presupuestos establecidos en el contrato». Una valoración de los demandados, representados por el abogado Rubén Loro Cáceres que comparte el juzgado en su sentencia 129/2025. Ello, desestimando las pretensiones de la inmobiliaria de Alcorcón. «El documento condiciona el devengo de los honorarios del actor a que se llegase a adquirir el inmueble durante el periodo de un año desde la visita», expone la sentencia. Un condicionante que no se produce. «Es obvio que la compraventa no se formalizó», puntualiza la magistrada. «La parte demandante no ha acreditado, ni siquiera, que la propuesta de compraventa realizada se aceptase por los vendedores, luego difícilmente podrían estos adquirir la propiedad, siendo ello un requisito imprescindible para que se devengaran los honorarios». Del mismo modo, destaca la magistrada que tampoco queda probado que la falta de compra «fuese imputable» a los codemandados. Algo por lo que desestima la demanda. Y con ello, rechaza que la pareja que visitó la vivienda deba abonar pago alguno a la inmobiliaria. Empresa que deberá hacer frente al pago de costas. FUENTE: CONFILEGAL
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