Segunda Oportunidad: Se concede una de las mayores exoneraciones de deuda a persona física, por importe de más de 5 millones €
Es la mayor exoneración de deuda de la historia del despacho que ha llevado el caso, Círculo Legal
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Tarragona ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho -el perdón de las deudas- a una mujer por un importe de más de cinco millones de euros, gracias a la llamada Ley de Segunda Oportunidad. Es una de las mayores exoneraciones de deuda a persona física.
Y la más alta de la historia del despacho que ha llevado el caso, Círculo Legal.
En concreto, son 5.031.366,64 euros.
El auto de exoneración, dictado el pasado 6 de octubre por el magistrado Santiago Aragonés Seijo, titular del Juzgado, establece no sólo el perdón de la cuantiosa deuda, sino que obliga a los acreedores a que de inmediato den de baja a esta mujer de los ficheros de morosos en los que estaba inscrita.
La protagonista de esta historia es una mujer de Tarragona, de unos cincuenta años, que actualmente es una trabajadora por cuenta ajena.
“La situación proviene de la empresa constructora que tenía su familia hace años, con mucho crédito y producto bancario a nivel de financiación, y que estaba avalado por ella”, relata a Confilegal el abogado que ha llevado el caso, Jorge Fernández Fernández, socio de Círculo Legal Barcelona y director del Departamento de Derecho mercantil.
“La empresa entró en crisis, y finalmente tuvo que cerrar. Como las deudas que tenía la mercantil, en su mayoría bancarias, estaban avaladas por ella, continuaron vivas y generando intereses. Y se interpusieron diversos procedimientos judiciales contra ella, que acabaron con la pérdida de su casa”, relata su letrado.
A su vez, la deuda tenía como acreedores a fondos de inversión que, en su día, adquirieron paquetes de créditos de los bancos por un precio muy inferior a su importe.
El volumen de deuda que tenía la empresa, avalada por ella personalmente, era muy elevada, por lo que esta mujer tenía embargadas todas las propiedades y saldos de cuentas, lo le llevó a perder su vivienda y “a vivir en una situación muy precaria durante muchos años”.
“Recabamos toda la información que la clienta tenía (las deudas eran muy antiguas), se cumplían los requisitos que marca la ley para poder acceder al mecanismo de la Segunda Oportunidad, y acreditamos que en el registro de la propiedad no tiene ningún inmueble a su nombre, porque ya se los habían subastado y los había perdido todos”, expone Jorge Fernández.
El letrado destaca que el auto, además de exonerarle de toda la deuda que señalaron, le ha perdonado todos los créditos, “incluso los que no se hubieran comunicado por desconocimiento, anteriores a la declaración del concurso”.
“Gracias al mecanismo de la Segunda Oportunidad, esta mujer podrá retomar su vida, sin deudas. Sin el enorme lastre de tener embargado lo poco que le quedaba; esto es, sus cuentas y las eventuales devoluciones de Hacienda en su declaración de la renta, de forma que podrá iniciar proyectos empresariales o vitales, sin el estigma de ser ‘morosa’, teniendo acceso a financiación bancaria y desarrollando una vida completamente normal”, declara Jorge Fernández.
LOS PASOS DADOS PARA CONSEGUIRLO
En este caso, presentaron la solicitud de concurso sin masa. Es decir, que la persona deudora sólo tiene deudas y no tiene nada a su nombre que liquidar. A ella adjuntaron la documentación acreditativa de que no tiene bienes y detallaron todas las deudas.
Acto seguido, el juez dictó auto de declaración de concurso sin masa ordenando publicar el concurso y concedió a los acreedores un plazo de 15 días hábiles para que pidieran, a su costa, que se nombrara a un administrador concursal con el objeto de ver si el concurso era calificable como culpable y si se podían ejercitar acciones de reintegración.
Después, si pasan los 15 días y no se solicita por ningún acreedor el nombramiento de administrador, automáticamente comienza un plazo de 10 días hábiles para que el deudor solicite la exoneración del pasivo insatisfecho (E.P.I), que es lo que ocurrió.
Acto seguido, el juez ha concedió un plazo a acreedores para que se opusieran a la solicitud de exoneración. Al no oponerse nadie, el juez ha dictado auto de conclusión del concurso y de exoneración del pasivo Insatisfecho.
Esta resolución, que ya es firme, supone la mayor exoneración de deudas para una persona física que ha obtenido Círculo Legal Barcelona, superando otro reciente caso cuyo importe ascendía a 4,2 millones de euros. Un caso que también llevó Jorge Fernández.
FUENTE: CONFILEGAL
El juzgado de lo Penal nº03 de Móstoles ha absuelto a un agente de policía de un presunto delito de revelación de secretos, después de que la abogada denunciante haya retirado los cargos. Una decisión con la que se cierra un procedimiento abierto en 2021 por la letrada contra dos agentes, después de que uno de ellos accediera a sus datos personales gracias a sus credenciales policiales. Era noviembre de 2020 cuando el agente Alejandro (nombre ficticio), consultaba las bases de datos policiales en relación a la matrícula de una abogada. Pocos meses después, en febrero de 2021, este mismo agente consultaba nuevamente la base de datos policial. En este caso, para conocer las denuncias que esta mujer, abogada de profesión, había realizado ante la Policía. Una actuación que llevaba poco después a Sandra , esta abogada, a presentar una denuncia a este agente, así como a su compañero, ante asuntos internos. Ello, acusándoles de un presunto delito de revelación de secretos. Algo a lo que la mujer unía un presunto delito de injurias. Y es que, en este mismo escrito, aseguraba que estos agentes habían utilizado esta información, así como la información obtenida en una intervención policial en su casa, para difamarla delante de sus clientes. Ello, haciendo declaraciones del tipo «si ya se la había follado, si había ido ya a su domicilio. Que era una drogadicta y tomaba pastillas». Acusaciones ante las que las investigaciones realizadas por la Unidad de Asuntos Internos concluye que estas investigaciones en la base de datos de la Policía las realizó Alejandro, sin que hubiera intervención alguna del otro agente. Unas consultas que se reconoce que «no tienen causa legal alguna». Pero sin que existan «suficientes indicios de criminalidad» debido a ellas, al existir relación entre estas búsquedas y las comprobaciones policiales para la prevención de delitos. EL POLICÍA, ABSUELTO DE LOS CARGOS DE REVELACIÓN DE SECRETOS Un caso ante el que el juez de instrucción decidía ir a juicio por un prsunto delito de revelación de secretos, y otro de injurias. Algo ante lo que el abogado Manuel Chamorro, representante del agente de policía, recurría ante la Audiencia Provincial de Madrid. En concreto, ante los magistrados Esther Arranz Cuesta (ponente), Luis Carlos Pelluz Robles, y Mª del Pilar Casado Rubio. Magistrados que, en su auto 261/2023, determinaban la extinción de la responsabilidad penal del delito de injurias. Ello, debido a que este supuesto delito ya habría prescrito. Una decisión en la que, a la vez, la Audiencia determinaba la continuación de la causa por un presunto delito de revelación de secretos. Ello, a pesar de reconocer que estas consultas, pese a que sí son datos reservados de carácter personal, no tienen «la consideración de sensibles». Algo por lo que «el mero acceso no integraría delito, salvo que se acreditara perjuicio para el titular de los datos o que este fuera ínsito, por la naturaleza de los descubiertos, como es el caso de los datos sensibles». Y es que la Audiencia decidía no archivar la causa, debido a que existían, aparentemente, testigos que podían corroborar la revelación de secretos por parte del agente de Policía, afectando a la abogada denunciante. Caso que llegaba ante el Juzgado de lo Penal nº03 de Móstoles, bajo la magistratura de José Antonio Blanco Anes. Magistrado que, en su sentencia 182/2025, absolvía al agente de los cargos. Así pues, ante este auto de la Audiencia Provincial de Madrid, la Fiscalía decidía no acusar al agente de Policía. Por su parte, la abogada mantenía la acusación, exigiendo cinco años por revelación de secretos con ocasión del cargo a Alejandro. Una acusación que, finalmente, la abogada decidía retirar en juicio de penales. Y por tanto, sin acusación, el magistrado de lo penal absuelve «libremente de toda responsabilidad criminal derivada de la imputación formulada contra él». Ello, debido a que, «no habiendo delito, no puede hablarse de autor de delito», ni de sus consecuencias penales. Decisión del magistrado que es firme, en cuanto a que todas las partes mostraron su conformidad en el acto de vista. FUENTE. CONFILEGAL
El Tribunal Supremo (TS) ha determinado que, si durante el tiempo de comida, no «desconectas» por completo del trabajo, este espacio temporal cuenta como tiempo efectivo de trabajo. Una sentencia con la que el alto tribunal resuelve el conflicto de los trabajadores de transporte sanitario urgente de Barcelona con la empresa encargada, Ambulancias Domingo SAU. La hora de comida de los trabajadores del servicio de transporte de urgencias de la Ciudad Condal ha llegado ante los tribunales. Así pues, todo comenzaba en el conflicto acerca de esa hora de pausa para almorzar antes de 2018. En aquellos momentos, aunque estuviesen en su hora de descanso, los trabajadores debían seguir disponibles para atender las emergencias. Ello, manteniendo las «comunicaciones» abiertas. Una obligación que llegaba a los tribunales, produciéndose varias sentencias en las que se reconocía que este periodo debía ser considerado «tiempo efectivo de trabajo». Situación ante la que la empresa, en 2018, tomaba ,la decisión de reformular la organización del servicio. Así pues, comunicaba a los trabajadores que el tiempo de comida pasaría a ser una hora de descanso no retribuida. Ello, estableciendo que no sería necesario que los trabajadores estuviesen localizables. La modificación desencadenó un conflicto sindical inmediato. SITAC y la sección sindical de CGT criticaron que el cambio afectaba a derechos fundamentales y que constituía una represalia hacia quienes habían reclamado judicialmente en el pasado. Una demanda que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) admitía. EL SUPREMO DETERMINA SI ES TIEMPO DE TRABAJO, O NO Ello, declarando nula la modificación sustancial comunicada por Ambulancias Domingo SAU en enero de 2018. Así pues, la sala entendió que la empresa había actuado movida por un propósito lesivo. Ello, al considerar que la medida constituía “una clara represalia por haber reclamado judicialmente”. Y que así, los trabajadores afectados quedaban así “en peor situación” que aquellos que no habían demandado. Además, el TSJ concluyó que la empresa no había acreditado “razones de tipo productivo u organizativo” que justificaran el cambio. A partir de ese razonamiento, declaró la nulidad de la medida y estimó la demanda de los sindicatos. Una decisión que la empresa recurría ante el Tribunal Supremo. En concreto, ante la sala de lo Social compuesta por los magistrados Félix Vicente Azon (ponente), Antonio V.Sempere Navarro, Juan Molins García-Atance, Juan Manuel San Cristóbal, y Luisa María Gómez Garrido. Magistrados que, en su sentencia 808/2025, cambiaban el rumbo del procedimiento. Ello, en primer lugar, asegurando que este cambio “se aplicó por igual a todos los trabajadores”, lo que descarta cualquier trato diferenciado, motivo por el cual “no puede apreciarse represalia alguna”. El Supremo identifica después el elemento que considera decisivo: las instrucciones internas entregadas a la plantilla. En ellas se indicaba literalmente que durante la hora de comida “no estará usted a disposición de CECOS” y que los trabajadores podían proceder “al apagado de todos los sistemas de telecomunicaciones”. Para el Tribunal Supremo, esto demuestra que el tiempo de comida pasó a ser “tiempo de descanso real y efectivo”, algo que el TSJ no valoró. Por esa razón, el Alto Tribunal concluye que “no puede hablarse de cosa juzgada”, Y así, estima el recurso de la empresa, revocando la sentencia anterior y declarando ajustada a derecho la modificación de 2018. FUENTE: CONFILEGAL
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