Cómo saber si tenía seguro de vida tras fallecimiento

En términos generales, la rama de los seguros de personas se ha visto fuertemente afectada por el coronavirus. Las compañías de seguros de vida están satisfaciendo el pago de las indemnizaciones por los casos de asegurados fallecidos como consecuencia de la COVID-19, asumiendo así las cantidades aseguradas a los beneficiaros designados en sus pólizas.

Esto significa que, en los momentos tan delicados que atraviesa nuestro país, este tipo de seguros pueden convertirse en una tabla de salvación para muchas familias, ya que el cobro de la indemnización, al menos, les puede servir para aliviar la incertidumbre económica familiar generada por la sacudida que la COVID-19 está dejando a nivel global.

Este tipo de seguros no solo se encuentran diseñados para proporcionar recursos económicos a los familiares en caso de muerte, sino que también pueden ofrecer ingresos económicos en los supuestos de invalidez permanente generada por posibles secuelas derivadas del coronavirus o de una agravación de una enfermedad preexistente que como consecuencia de haber pasado el COVID-19 ha desencadenado una dolencia permanente.

En ocasiones, los beneficiarios de estos seguros de vida no se plantean o desconocen si el difunto tenía o no contratado un seguro de este tipo. Esto lleva a no reclamar su capital a la compañía aseguradora y por lo tanto, a no cobrar la indemnización económica que legalmente pudiera corresponderles.

Por ello, para que esta situación no se produzca se creó el Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, que es un órgano donde aparecen registrados públicamente los contratos de seguros de vida y que depende del propio Ministerio de Justicia. Este registro tiene como finalidad el facilitar la información precisa para que los posibles beneficiarios puedan constatar si existe un seguro y con qué entidad aseguradora se tenía. De esta manera, se podría instar la correspondiente reclamación de la prestación derivada del contrato de seguro de vida.
¿Cómo se puede consultar si una persona fallecida tiene un seguro de vida?
Para saber si una persona fallecida cuenta con un seguro de vida, lo primero que hay que hacer es acreditar su muerte, dirigiéndose al Registro Civil y solicitando el correspondiente certificado de defunción. Es necesario que, para hacer este trámite hayan transcurrido por lo menos 15 días del fallecimiento y hasta un máximo de 5 años.

A partir de aquí, ya se puede efectuar la solicitud de información sobre el seguro de vida, que podrá formalizarse a través de cualquiera de las formas que a continuación se referencia:
• Personalmente, ante las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia o ante la Oficina Central de Atención al Ciudadano en Madrid. Para ello, es necesario presentar cumplimentado el formulario oficial 790.
• A través de correo postal ante la Oficina de Atención al Ciudadano del Ministerio de Justicia, situada en la Plaza Jacinto Benavente, núm. 3 de Madrid 28012.
• A través de Internet ante la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.
Con independencia de la opción escogida, será necesario pagar unas tasas administrativas cuyo justificante de pago deberá adjuntarse para la consulta sobre la existencia o no de un seguro de vida.

No obstante, es importante saber que, si el fallecido hubiese dejado testamento, este trámite de consulta de información sobre seguros de vida lo realizará obligatoriamente y de forma telemática la propia notaría, por lo que en estos casos no será necesario que los herederos o familiares del fallecido hagan trámite alguno.
FUENTE : LAW & TRENDS

Por Juan José Sanchez Busnadiego 30 de octubre de 2025
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Por Juan José Sanchez Busnadiego 30 de octubre de 2025
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Por Juan José Sanchez Busnadiego 29 de octubre de 2025
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Por Juan José Sanchez Busnadiego 27 de octubre de 2025
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Por Juan José Sanchez Busnadiego 27 de octubre de 2025
La sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcorcón ha desestimado las pretensiones de la inmobiliaria del municipio madrileño. Ello, rechazando los más de 6.000 euros que exigían a una pareja por una vivienda que visitaron, pero cuya compra no se llegó a formalizar. Carmen y Julio (nombres ficticios) acudían a la inmobiliaria Vitapiso Servicios Inmobiliarios, de Alcorcón, en 2018, con la intención de adquirir una vivienda, anunciada en el portal de internet Idealista. Desde la inmobiliaria intermediaria se concertó una visita al inmueble el 7 de abril de 2017, tras la que la pareja realizó una oferta formal por la vivienda, firmada por ambos compradores. Un encuentro en el que, igualmente, Carmen firmaba una hoja de encargo a la inmobiliaria, en la que se formalizaba la relación entre ambos para la búsqueda de un inmueble con las características solicitadas. Un escrito en el que la pareja se comprometía a abonar una comisión del 3% a la inmobiliaria por su gestión «para el supuesto de llegarse a adquirir el inmueble en el año siguiente a la visita». Compra que, sin embargo, no llegaba a formalizarse. Y por la que la inmobiliaria reclamaba el abono de 6.534 euros, IVA incluido, a la pareja visitante. Una exigencia que la entidad llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Tribunal de Instancia de Alcorcón, bajo la magistratura de María del Mar Tomás Corpa. Demanda en la que la intermediaria destacaba que la compra no llegó a formalizarse «por causa no imputable» a la compañía. Razón por la que valoraban que la pareja visitante del inmueble debían abonar sus honorarios, de más de 6.000 euros. NO HAY ABONO DE HONORARIOS PARA LA INMOBILIARIA Se oponía la demandada, ya que la propuesta de compra «nunca fe aceptada por los vendedores, que transmitieron la vivienda a otros compradores», Algo por lo que, alegan, «no se cumplen los presupuestos establecidos en el contrato». Una valoración de los demandados, representados por el abogado Rubén Loro Cáceres que comparte el juzgado en su sentencia 129/2025. Ello, desestimando las pretensiones de la inmobiliaria de Alcorcón. «El documento condiciona el devengo de los honorarios del actor a que se llegase a adquirir el inmueble durante el periodo de un año desde la visita», expone la sentencia. Un condicionante que no se produce. «Es obvio que la compraventa no se formalizó», puntualiza la magistrada. «La parte demandante no ha acreditado, ni siquiera, que la propuesta de compraventa realizada se aceptase por los vendedores, luego difícilmente podrían estos adquirir la propiedad, siendo ello un requisito imprescindible para que se devengaran los honorarios». Del mismo modo, destaca la magistrada que tampoco queda probado que la falta de compra «fuese imputable» a los codemandados. Algo por lo que desestima la demanda. Y con ello, rechaza que la pareja que visitó la vivienda deba abonar pago alguno a la inmobiliaria. Empresa que deberá hacer frente al pago de costas. FUENTE: CONFILEGAL
Por Juan José Sanchez Busnadiego 24 de octubre de 2025
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Por Juan José Sanchez Busnadiego 16 de octubre de 2025
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Por Juan José Sanchez Busnadiego 15 de octubre de 2025
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