La Audiencia Provincial de Álava declara nula la comisión por descubierto de posición deudora
Las comisiones por descubierto o posiciones deudoras se han convertido en otro frente jurídico entre consumidores y entidades financieras. Cobrar una cantidad y no dar servicio es algo que el Tribunal Supremo ya señaló en la sentencia 566/2019 que no es consistente jurídicamente.
La Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV) acaba de recibir el fallo de una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que respalda estas tesis. Entre otros argumentos este órgano judicial señala que dicha comisión no supone ningún servicio al cliente y que únicamente beneficia a la entidad.
El tribunal de la Audiencia Provincial de Álava, compuesto por los magistrados Emilio Ramón Villalain Ruiz yIñigo Elizaburu y David Losada, ha ratificado la sentencia (142/19) del juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria-Gasteiz que estimó la acción de cesación planteada por esta asociación.
En ese fallo se condenó a Laboral Kutxa a cesar en la práctica indicada y a eliminar de sus condiciones generales la cláusula contractual por la que impone el cobro de la comisión por reclamación de posiciones deudoras (en cualquiera de sus denominaciones), absteniéndose de llevar a cabo la conducta y de utilizar la cláusula señalada en el futuro.
Para Iñaki Velasco, responsable jurídico de esta asociación, “el fallo de la Audiencia Provincial de Álava es claro y los argumentos que ofrece son lógicos. En el caso que Laboral Kutxa apele al Tribunal Supremo dudo mucho que se eche para atrás dicha sentencia”.
Hasta ahora el Tribunal Supremo, cuestionado por su cambio de opinión en gastos hipotecarios, vencimiento hipotecario o IRPH, ha mantenido en este tema de comisiones por posiciones deudoras esta postura.
Iñaki Velasco, Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV).
En el fallo del Tribunal Supremo, sentencia 566/2019 con ponencia de Pedro Vela, la Sala estableció que la comisión empleada por Kutxabank no cumplía las exigencias del Banco de España porque prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática. En este caso, también fue la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV) la parte consumidora afectada.
Con este fallo, desde EKA/ACUV se ha facilitado un formulario a los afectados para que puedan pedirle a esta entidad bancaria que les devuelva el dinero cobrado de más. “Nos consta que a quien lo está reclamando se le está devolviendo el dinero. Hay una sentencia firme del Supremo que tienen que acatar, además deben dejar de aplicar dicha comisión en todos sus contratos, tanto de cuenta corriente como préstamo”, explica Velasco.
Según datos del sector, “los grandes grupos bancarios de este país han encontrado en las comisiones, tanto de cuentas, fondos de inversión, planes de pensiones o medios de pago un nuevo negocio muy lucrativo”.
De acuerdo con las estimaciones, las comisiones supusieron unos ingresos en 2018 de un total 21.347 millones de euros, un porcentaje que supone el 24% del margen bruto de sus ingresos en todo el ejercicio.
Desde esta asociación se insiste en que el tribunal estima que supone una comisión desproporcionada al existir ya el interés de demora para el caso de los impagos. Por todo ello mantiene que dicha comisión es abusiva y por tanto nula.
USO DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN
La acción de cesación es una demanda que pueden interponer las asociaciones de consumidores para pedir que cese un comportamiento concreto de entidades bancarias en relación al uso de clausulas bancarias abusivas o nulas.
Es una acción que aparece prevista en algunas leyes especiales, como la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, al igual que se señala en los artículos 53 y siguientes de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios donde se legitima al Ministerio Fiscal y a asociaciones de consumidores a su uso.
Se pretende, con ella, obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato.
“Nadie va a presentar una demanda por 35 euros que te cobran por un descubierto, pero sí es una cláusula que afecta a muchos consumidores. De ahí que la acción de cesación pueda dar respuesta a todos aquellos ciudadanos a los que se les cobra de forma indebida dicha comisión pero que individualmente no le sería rentable reclamar. Así ver restituidos sus derechos y los pueden ejercitar”.
“En este caso, lo primero que hicimos fue contactar con la entidad bancaria de forma extrajudicial y ante el poco éxito se interpusieron varias demandas”, recuerda Velasco.
Esta sentencia se une a las ya existentes frente a Kutxabank (la cual es firme al haber rechazado el Supremo el recurso de casación interpuesto) y otras entidades bancarias como Bankia y Abanca que han recurrido ante el Tribunal Supremo.
Una vez que se conoció el fallo del Supremo, en el caso de Kutxabank, “el banco debe dejar de aplicar dicha cláusula y dejar de cobrar la comisión. La debe retirar de sus contratos e incluso dejar de publicitarla. Otra cosa es que la gente a la que se la ha cobrado debería devolverle el importe de forma voluntaria. Pero nunca actúan así”.
Sombras y luces de la sentencia del Supremo que anuló, por abusivas, las comisiones bancarias por números rojos
Carlos Ballugera y Eugenio Ribón analizan la sentencia del Supremo que anula las comisiones por números rojos. No es tan clara como se pensaba.
Velasco destaca que lo que se suele hacer es “interponer una reclamación ante la propia entidad bancaria para que le devuelva ese dinero. Esto es lo primero que se hace. Normalmente se le devuelve el dinero. En caso contrario, asociaciones de consumidores pueden servir de ayuda como apoyo a esa reclamación y tramitar dicha queja. En muy pocos se judicializa el tema”.
EKA/ACUV recuerda que la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. “Creemos que acabará en el Supremo porque estamos hablando de que si el fallo se confirmara Laboral Kutxa deberá dejar de aplicar dicha comisión en todas sus operaciones y abonar las cantidades cobradas indebidamente durante todo este tiempo”, explica este jurista.
Al ser una cláusula abusiva, en el caso que hubiera una sentencia firme, cualquier consumidor al que se le hubiera cobrado una comisión de más por este motivo podría verse beneficiado de dicho fallo judicial. “Es una cláusula abusiva, nula de pleno derecho, con lo cual no hay plazo para prescripción”, apunta Velasco.
La previsión, siguiendo el asunto ya comentado de Kutxabank, es que el Supremo tarde unos cuatro años en dictar sentencia sobre esta cuestión.
En esta coyuntura dicha asociación de consumidores ha aprovechado para instar a todas las entidades financieras a que dejen de inmediato de aplicar dicha comisión y a que devuelvan los importes cobrados indebidamente.
LA DISCAPACIDAD DE UN HIJO MAYOR DE EDAD NO IMPIDE POR SI MISMO LA EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado el despido de un trabajador, «pillado» en el gimnasio estando de baja por dolor de espalda, con una sintomatología que desaconsejaba los ejercicios de intensidad sobre la zona. Una sentencia en la que el tribunal estipula que el centro deportivo no es una zona «privada». El absentismo laboral se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las empresas en España. También dentro de la administración pública. Ausencias que se multiplican en los puestos de trabajo que llevan a muchas empresas a apostar por contratar detectives privados para comprobar si esos trabajadores realmente se encuentran en incapacidad temporal, o están intentando «engañar» al sistema. Una práctica que llevaba a FCC Aqualia S.A. a despedir a Jesús, un empleado de la empresa desde mayo de 2008. Así pues, en enero de 2022, el trabajador iniciaba una IT hasta junio de 2023 por «dolor en la parte inferior de la espalda». Una IT que volvía a causar baja en la empresa en enero de 2024, por la misma dolencia. Un dolor ante el que la recomendación médica era «no cargar peso sobre la espalda, no realizar ejercicios de cargas axilares de columna, saltos, carrera intensa», o ejercicios que supusiesen agresión a la zona afectada. Sin embargo, en abril de 2024, Detectives Garbo comprobaba que el trabajador, además de conducir y realizar todo tipo de actividades, había acudido a hacer un circuito intenso de montaña durante tres horas. También, durante varios días, «acudió a un club deportivo a realizar clases dirigidas en las que se realiza todo tipo de movimientos y esfuerzos», sin que se observase dolencia alguna. Algo que llevaba a la empresa a despedir al trabajador el 23 de abril de 2024 por falta muy grave. Ir al gimnasio puede ser motivo de despido Un despido que el hombre llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Juzgado de lo Social nº4 de Elche que, en su sentencia de 22 de noviembre de 2024, desestimaba las pretensiones del trabajador. Decisión que llevaba a Jesús a presentar un recurso de suplicación ante el TSJCV. Caso que recaía sobre los magistrados Isabel Moreno de Viana-Cárdenas (presidente), Miguel Ángel Beltrán Aleu y María del Carmen Torregrosa Maicas (ponente). Recurso en el que el trabajador alegaba que el informe del detective debía ser declarado nulo debido a que las fotos obtenidas en el gimnasio «lo fueron en un espacio privado, por lo que son ilícitas». Del mismo modo, alegaba Jesús que su despido era discriminatorio por baja médica. Y que, del mismo modo, no se podía demostrar una vulneración de la buena fe contractual. Motivos que desestimaba el tribunal. «El club privado, gimnasio, en el que se tomaron las fotografías no tiene la consideración de espacio reservado puesto que, de un lado, el detective obtuvo permiso para entrar; y de otro, no puede considerarse que se trate de un lugar donde se ejerce la vida íntima, personal y familiar», expone el tribunal. Una valoración que el TSJCV acompaña de que el trabajador no cumplió con el «leal comportamiento» que le imponía la incapacidad temporal de cara a la empresa, en busca de cooperar activamente en su recuperación. Algo que sí supone la transgresión de la buena fe contractual, justificando así su despido. Fallo en el que el tribunal desestima el recurso, confirmando el despido. Sin costas.