PROBLEMAS HABITUALES EN PISCINAS COMUNITARIA
Este verano hemos decidido no abrir la piscina por la COVID-19. ¿Podemos hacerlo?
Este año, como el anterior, la pregunta más habitual de muchas comunidades de vecinos ha sido esta, ya que muchas comunidades de propietarios han podido tomar la decisión de no abrir las piscinas este verano, derivadas de las medidas de seguridad a adoptar con motivo de la pandemia por la COVID-19.
Debemos tener en cuenta que, para acordar no abrir la piscina comunitaria en una comunidad de propietarios, es necesario que se haya producido previamente una Junta de Propietarios donde se haya aprobado por mayoría la no apertura de ésta.
En esta deberán, además, adoptarse aquellas medidas que se consideren necesarias para garantizar las medidas de salud y seguridad que son exigidas en las circunstancias actuales (posibles limitaciones de aforo, puesta a disposición de los vecinos de geles desinfectantes, limitación de posibles visitantes…).
¿Qué ley marca las normas en las piscinas comunitarias?
Las piscinas comunitarias están sometidas desde el año 2013 al Real Decreto 742/2013 del 27 de septiembre, que actualiza y describe los criterios sanitarios básicos y mínimos de la normativa de piscinas en el ámbito nacional.
Además, hay que tener en cuenta que cada comunidad autónoma establece una legislación diferente por lo que habrá que estar a la normativa concreta de cada comunidad autónoma en cuanto a las condiciones de apertura de estas instalaciones, muchas de estas normativas establecen como medidas fundamentales:
• Distancia de seguridad entre diferentes grupos de convivencia.
• Sistemas de acceso y salida que eviten las acumulaciones de personas en un mismo lugar.
• Uso de mascarillas en zonas que no estén al aire libre y en determinadas zonas donde no se pueda asegurar la distancia de seguridad.
• Objetos personales siempre dentro de la parcelación de cada unidad de convivencia.
• Señalización de las normas de higiene.
• Medidas de higiene y desinfección.
• Determinación de aforos máximos….
• En la piscina de mi comunidad van a hacer reforma, hay que pagar derrama, y actualmente solo un par de familias hacen uso de la piscina. ¿Hay manera de cerrar la piscina para no tener que hacer esas obras?
• Para poder suprimir el servicio de piscina, es requisito necesario el acuerdo previo en junta, por lo que hasta que llegue ese momento se tiene la obligación de contribuir con los gastos de mantenimiento y reparación, aunque no se use la piscina.
• Para instalar una piscina portátil en mi terraza, ¿tengo que pedir permiso a la comunidad?
• La instalación de una piscina portátil no requiere autorización previa de la junta ni licencia urbanística siempre y cuando la instalación de la piscina no requiera la ejecución de alguna obra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas piscinas portátiles, una vez rellenadas de agua, suelen pesar importantes toneladas, por lo que hay que tener cuidado y tener en cuenta la estructura del edificio, que permita a la terraza aguantar ese peso sin incidencias.
• ¿Puede la comunidad limitar el uso de invitados a la piscina (amigos, familiares...)?
• La comunidad de propietarios a través de las normas de régimen interno del uso de la piscina puede establecer un límite de acceso al respecto de familiares y amigos estableciendo un número máximo de invitados por propietario de vivienda. Es habitual que este tipo de limitaciones venga recogido en los estatutos de la comunidad.
• ¿Puede prohibirme que acceda con mi perro a la zona de césped de la piscina?
• En el caso en que esta situación esté recogida en los estatutos de la comunidad o en la normativa interna de la comunidad si pueden impedirle el paso con el animal.
• ¿Qué información sobre la piscina es obligatorio que facilite la comunidad de propietarios?
• Para que todo el mundo conozca las normas de uso y disfrute de la piscina debe existir una normativa interna que debe ser visible fácilmente en las zonas comunes, como el acceso de entrada. En estas normas, se debe recoger el horario, aforo, condiciones de uso además de otras informaciones que los propietarios deben conocer.
• ¿Puedo bañarme por la noche en la piscina?
• Depende de si existe o no posibilidad de uso en horario nocturno, según lo recogido en los estatus de la comunidad o en el régimen interno de la comunidad. También habrá que tener en cuenta que, dependiendo del número de vecinos, la presencia de socorrista durante el baño puede ser exigida y establecida en el régimen interno de la comunidad.
• ¿Es posible organizar una fiesta privada en la piscina comunitaria?
• La celebración de fiestas en el recinto de la piscina comunitaria supone un uso indebido de la misma, ya que no se puede utilizar el recinto de la piscina comunitaria para la celebración de fiestas salvo que los propios estatutos de la comunidad recojan la autorización de estas, algo que no suele ser habitual. Sí existe la posibilidad de poder celebrarlas si la junta lo autorizad tras la solicitud de un vecino.
• ¿Puedo pedir la supresión de barreras arquitectónicas de la piscina?
• Cualquier propietario tiene derecho a exigir la adecuación que considere de la piscina por el motivo que sea, para cumplir con los requisitos de accesibilidad exigidos por la Ley conforme a la normativa estatal y autonómica.
• ¿Se puede jugar a la pelota en el césped de la piscina?
• Si existe la prohibición de jugar a la pelota en las zonas comunes de la urbanización, en la piscina tampoco se podrá practicar su juego puesto que estaría igualmente prohibido. Además, en caso de jugar y producir cualquier tipo de daño, el propietario tendrá que hacerse cargo del coste de estos.
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) mantiene el despido procedente de un trabajador, pese a estar de baja por ansiedad, por su consumo de alcohol. Una práctica que mermaba su capacidad de recuperación, según los tribunales. Vidal trabajaba para TRANSDOYLO SL, empresa dedicada a la actividad de transporte de mercancías, desde febrero de 2011. Un puesto de trabajo en el que se mantenía cuando, en diciembre de 2022, comenzaba una baja médica, siendo diagnosticado con un trastorno de adaptación con ansiedad. Una situación mental ante la que el hombre recibía medicación por parte de la atención primaria. Pero ante la que el hombre no mantenía una actitud de recuperación. Así pues, tal y como pudo comprobar el detective contratado por la compañía durante varios días, Vidal acompañaba esta situación de baja por ansiedad con altos consumos de alcohol, así como conduciendo su vehículo particular. En concreto, según el informe del investigador, el hombre ingirió «cerveza con alcohol, en una cantidad relevante, como mínimo un litro». También «la ingesta de combinado de whiskey», además de cerveza. Consumo de alcohol al que añadía conducción de vehículos a motor de forma habitual. Algo que llevaba a la empresa, en noviembre de 2023, a comunicar al trabajador la carta de despido disciplinario. «Estas actividades están dotadas de una más que suficiente gravedad e intencionalidad como para considerarse que ha transgredido la buena fe contractual», valora la empresa en la carta de despido. Ello, debido a que la ingesta de alcohol está contraindicada en el tratamiento médico del trabajador, «perturbando» su curación. Un despido ante el que el trabajador presentaba una demanda ante el Juzgado de lo Social nº1 de Jaén. Juzgado que, sin embargo, desestimaba su demanda, llegando el caso ante el TSJA. Alcohol y ansiedad son incompatibles Un caso que valoraban los magistrados Beatriz Pérez Heredia (presidente), Fernando Oliet Palá, y Benito Raboso del Amo (ponente), en su sentencia 37/2026. Tribunal ante el que el trabajador alegaba que se había vulnerado su derecho fundamental a la garantía de indemnidad. Ello, al estar de baja médica cuando se produjo el despido disciplinario por parte de la empresa. Una valoración que, sin embargo, no comparte el tribunal. «La suspensión (laboral) exonera al trabajador de prestar servicio, pero no de cumplir con las estantes obligaciones del contrato de trabajo», recuerda, en este sentido, el TSJA. Así pues, pese a estar de baja médica, el trabajador cometió transgresión de la buena fe contractual, al producirse «quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral». En concreto, «por realizar actividades que eran incompatibles con la situación de incapacidad temporal en la que se encontraba el demandante». «Ha realizado una actividad que no tenía permitida por el tipo de medicación que estaba tomando. Ha venido realizando actividades que son incompatibles con su estado médico y tratamiento farmacológico, consistentes en la ingesta de alcohol de forma habitual, estando ante una conducta que retrasa el proceso de curación, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones laborales», valora el TSJA. Algo que lleva al tribunal a coincidir con el criterio de instancia. Y por tanto, a desestimar el recurso de suplicación interpuesto, confirmando el despido procedente. FUENTE: CONFILEGAL
Un juez permite dividir una vivienda en dos, a pesar de que la comunidad de vecinos estaba en contra
El Tribunal de Instancia de Madrid nº92 ha dado la razón a un propietario de un local, en su pretensión de dividir su local para convertirlo en dos viviendas. Un proyecto al que se oponía la comunidad de vecinos, que rechazaba en votación la propuesta del propietario. La crisis de la vivienda se ha convertido en una realidad para muchos jóvenes. No sólo por los elevados y en muchas ocasiones abusivos precios de alquileres y compra, sino también por la falta de oferta de vivienda. Especialmente, en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Un contexto en el que A.A., propietario de un local de más de 100 metros cuadrados en Madrid, tomaba la decisión de dividir un local de su propiedad, a fin de convertirlo en dos viviendas individuales. Algo para lo que solicitaba autorización a la junta de la comunidad de propietarios. Una primera votación en la que no se alcanzaba la mayoría necesaria. Sin embargo, en una segunda votación, sí que se obtenía la mayoría exigida por la Ley de Propiedad Horizontal, cumpliendo con todos los requisitos legales y administrativos. Pese a ello, el administrador exigió unanimidad. Un requisito que no estaba contemplado en la normativa, pero que llevó a la comunidad a intentar revocar, en una junta posterior, la autorización ya admitida al propietario. Un caso que A.A., representado por Servilegal Abogados, llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Tribunal de Instancia de Madrid nº92 , bajo la magistratura de Francisco Juan Hernández Bautista. Dividir la vivienda no necesita el «sí» unánime de la comunidad Magistrado que, en su sentencia 21/2026, da la razón al propietario del inmueble. Ello, recordando que la Ley a este respecto «no exige unanimidad en estos supuestos, sino una mayoría cualificada» explican desde el bufete a Confilegal. “Demostramos que la interpretación legal debía ser la de la mayoría cualificada. La ley es clara. Exigir unanimidad cuando no procede supone un abuso y genera un perjuicio injustificado al propietario”, explica Ignacio Palomar Ruiz, letrado del caso y director de Servilegal Abogados. Así pues, el tribunal declaró que la mayoría exigible era de tres quintos en la comunidad de propietarios, y no era necesaria la unanimidad. Además, se puso de manifiesto que, tras un «sí» concedido a la división de la vivienda, no se podía dar marcha atrás. Decisión con la que el magistrado estimaba la demanda. Y, así, aceptaba la división del inmueble, con imposición de costas a la comunidad de vecinos. «El caso tiene una trascendencia que va más allá del conflicto concreto», valora el abogado. Ello, debido a que cada vez son más frecuentes estos casos de cambio de uso en un local. Especialmente, en las grandes ciudades, donde cada vez es más complicado encontrar un lugar al que llamar hogar. “Este fallo devuelve la confianza en la justicia frente a decisiones arbitrarias dentro de las comunidades. No se puede cambiar las reglas cuando no gusta el resultado de una votación», expone Palomar. FUENTE: CONFILEGAL
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha desestimado las pretensiones del trabajador, confirmando el despido procedente. Y es que, tras amenazar a su encargado de obra con golpearle en la cabeza con una piedra, la defensa del despedido no justificó la razón por la que no era merecedor de la sanción máxima por parte de la compañía. Raúl trabajaba para Opera Catalonia S.L.U. desde septiembre de 2018, con contrato indefinido como Oficial 1ª. Un puesto de trabajo que el hombre mantenía el 27 de junio de 2023, día en el que tenía un duro enfrentamiento con el encargado de la obra en la que trabajaba. Así pues, después de criticar el encargado que la obra estaba hecha «una mierda», Raúl se enfrentaba a él, «reaccionando de una forma violenta». «Le ha dicho ‘»cojo una piedra y te reviento la cabeza». Seguidamente, se ha dirigido al encargado, con la intención de agredirle, llegando a cogerlo del cuello, y debiendo se separado por otro trabajador presente en ese momento», explica ahora la sentencia del TSJCat. Acciones que llevaban a la empresa a despedir al trabajador disciplinariamente, con efectos ese mismo día. Ello, alegando que el trabajador había cometido una falta muy grave, tipificada en el artículo 101h) del convenio colectivo estatal del sector de la Construcción, como malos tratos de palabra y obra, o faltas graves de respeto y consideraciones a los superiores. Un apartado que se contempla como sanción en el art. 102 del mismo Convenio con suspensión de empleo y sueldo de 16 a 90 días, o el despido. Un despido disciplinario que el hombre llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Juzgado de lo Social nº2 de Tarragona que, en su sentencia de 18 de octubre de 2024, desestimaba las pretensiones del trabajador. Fallo ante el que el hombre elevaba el caso ante el TSJCat. Recurso de suplicación que llegaba ante la sala compuesta por los magistrados Amparo Illán Teba (ponente), María Pía Casajuana Palet y Jesús Gómez Esteban. Amenazas que suponen un despido procedente «No se ha guardado una proporcionalidad entre la falta y la sanción impuesta, habiendo optado la empresa demandada por la sanción máxima del despido, cuando tenía la posibilidad de imponer la suspensión de empleo y sueldo», expone la defensa de Raúl ante el TSJCat. Unas alegaciones ante las que se oponía la empresa demandada. Ello, recordando que «los hechos probados ponen en evidencia que el trabajador en dos ocasiones amenaza y trata de agredir a su encargado». Respuesta de la empresa en la que, además, se pone de manifiesto que la recurrente «se limita a efectuar una exposición teórica sobre el principio de proporcionalidad, pero sin argumentar sobre las razones por las que no resultaría proporcionada la sanción en este caso». Alegaciones expuestas por Opera Catalonia S.L.U. con las que coincide el tribunal. «Debe señalarse que, si bien la parte recurrente alega que no existe proporcionalidad entre la conducta y la sanción de despido, ni siquiera alega circunstancia alguna que pudiera atenuar la gravedad de la conducta del trabajador», sentencia el TSJCat, que recuerda que conducta de Raúl fue «muy violenta y agresiva». Y por tanto, justificaba el despido disciplinario. Valoración con la que el tribunal desestima el recurso de suplicación, confirmando la sentencia de instancia. Sin costas. FUENTE: CONFILEGAL