Un juzgado de Madrid anula las cláusulas abusivas de la hipoteca de BBVA y libera a una consumidora de pagar 438.247,30 €

Han tenido que pasar más de 10 años para que una avalista afectada haya podido ver que se hacía justicia. Diez años de litigaciones y de cargar con deudas de otros, lo que le impidió pedir préstamo alguno a su nombre. ¿El «pecado»? Otorgar, de forma inocente, un poder para pleitos a favor de su hermana con el fin de que lo utilizara en cualquier emergencia.
Su hermana, sin su consentimiento, la convirtió en avalista de un préstamos de 438.247,30 euros,
La «pesadilla» comenzó en abril de 2008, cuando la consumidora, residente en Madrid capital, se encontraba de viaje turístico en Portugal.
Su hermana utilizó el poder notarial para pedir una ampliación de un préstamo por un importe total de 438.247,30€, hipotecando además la vivienda donde vivían sus padres.
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Han tenido que pasar más de 10 años para que una avalista afectada haya podido ver que se hacía justicia. Diez años de litigaciones y de cargar con deudas de otros, lo que le impidió pedir préstamo alguno a su nombre. ¿El «pecado»? Otorgar, de forma inocente, un poder para pleitos a favor de su hermana con el fin de que lo utilizara en cualquier emergencia.
Su hermana, sin su consentimiento, la convirtió en avalista de un préstamos de 438.247,30 euros,
La «pesadilla» comenzó en abril de 2008, cuando la consumidora, residente en Madrid capital, se encontraba de viaje turístico en Portugal.
Su hermana utilizó el poder notarial para pedir una ampliación de un préstamo por un importe total de 438.247,30€, hipotecando además la vivienda donde vivían sus padres.
También aprovechó, «de paso», para poner esta vivienda a su nombre.
Después de recibir el dinero, la hermana de la demandante no pagó ninguna cuota del préstamo hipotecario, con lo que comenzó una ejecución hipotecaria en la que el juzgado se adjudicó la vivienda, quedando deuda pendiente y manifestando su intención de continuar la ejecución contra la consumidora, convertida en avalista contra su voluntad por su hermana.
Finalizado el procedimiento hipotecario, en 2019, la letrada Carmen Moreno Cidoncha, socia del despacho de abogados Lawyou, presentó una demanda ordinaria de nulidad frente a BBVA, solicitando entre otras peticiones la declaración de abusividad y por la tanto la anulación de la cláusula de afianzamiento solidario que situaba a su cliente en la misma posición que la prestataria.
Porque en la escritura hipotecaria –que la avalista nunca consintió– se renunciaba a los beneficios de división, exclusión y orden, de forma que el banco quedaba legitimado para ejecutar indistintamente, bien al deudor hipotecario, bien al avalista/fiador. Hubo ausencia de transparencia y las cláusulas eran abusivas.
El BBVA, en su contestación, se opuso a las pretensiones articuladas de la consumidora, alegando la caducidad o prescripción de la acción de nulidad por error o vicio del consentimiento y la existencia de negociación, de transparencia de la cláusula suelo impugnada y la no abusividad de la misma.
No lo vio así, finalmente, el magistrado Sergio Burguillo Pozo, titular del Juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid especialista en cláusulas abusivas, que estimó íntegramente la demanda con condena en costas al BBVA declarando nulo entre otras estipulaciones, la cláusula de aval/fianza solidaria y liberando a la consumidora cliente de la deuda contraída por su hermana, según la sentencia número 3792/2023, de 5 de julio.
Queda así acreditado que el aval suscrito fue altruista, en el que la avalista no fue informada del préstamo, violándose las normas de transparencia que han de regir en las operaciones bancarias.
FUENTE: CONFILEGAL

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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado el despido de un trabajador, «pillado» en el gimnasio estando de baja por dolor de espalda, con una sintomatología que desaconsejaba los ejercicios de intensidad sobre la zona. Una sentencia en la que el tribunal estipula que el centro deportivo no es una zona «privada». El absentismo laboral se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las empresas en España. También dentro de la administración pública. Ausencias que se multiplican en los puestos de trabajo que llevan a muchas empresas a apostar por contratar detectives privados para comprobar si esos trabajadores realmente se encuentran en incapacidad temporal, o están intentando «engañar» al sistema. Una práctica que llevaba a FCC Aqualia S.A. a despedir a Jesús, un empleado de la empresa desde mayo de 2008. Así pues, en enero de 2022, el trabajador iniciaba una IT hasta junio de 2023 por «dolor en la parte inferior de la espalda». Una IT que volvía a causar baja en la empresa en enero de 2024, por la misma dolencia. Un dolor ante el que la recomendación médica era «no cargar peso sobre la espalda, no realizar ejercicios de cargas axilares de columna, saltos, carrera intensa», o ejercicios que supusiesen agresión a la zona afectada. Sin embargo, en abril de 2024, Detectives Garbo comprobaba que el trabajador, además de conducir y realizar todo tipo de actividades, había acudido a hacer un circuito intenso de montaña durante tres horas. También, durante varios días, «acudió a un club deportivo a realizar clases dirigidas en las que se realiza todo tipo de movimientos y esfuerzos», sin que se observase dolencia alguna. Algo que llevaba a la empresa a despedir al trabajador el 23 de abril de 2024 por falta muy grave. Ir al gimnasio puede ser motivo de despido Un despido que el hombre llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Juzgado de lo Social nº4 de Elche que, en su sentencia de 22 de noviembre de 2024, desestimaba las pretensiones del trabajador. Decisión que llevaba a Jesús a presentar un recurso de suplicación ante el TSJCV. Caso que recaía sobre los magistrados Isabel Moreno de Viana-Cárdenas (presidente), Miguel Ángel Beltrán Aleu y María del Carmen Torregrosa Maicas (ponente). Recurso en el que el trabajador alegaba que el informe del detective debía ser declarado nulo debido a que las fotos obtenidas en el gimnasio «lo fueron en un espacio privado, por lo que son ilícitas». Del mismo modo, alegaba Jesús que su despido era discriminatorio por baja médica. Y que, del mismo modo, no se podía demostrar una vulneración de la buena fe contractual. Motivos que desestimaba el tribunal. «El club privado, gimnasio, en el que se tomaron las fotografías no tiene la consideración de espacio reservado puesto que, de un lado, el detective obtuvo permiso para entrar; y de otro, no puede considerarse que se trate de un lugar donde se ejerce la vida íntima, personal y familiar», expone el tribunal. Una valoración que el TSJCV acompaña de que el trabajador no cumplió con el «leal comportamiento» que le imponía la incapacidad temporal de cara a la empresa, en busca de cooperar activamente en su recuperación. Algo que sí supone la transgresión de la buena fe contractual, justificando así su despido. Fallo en el que el tribunal desestima el recurso, confirmando el despido. Sin costas.


