Un profesor de religión demanda a la administración pública por un contrato temporal que terminó en la fecha establecida
El docente ha llegado hasta el Tribunal Supremo para mostrar que su trabajo como profesor terminó con un despido improcedente. Ello, a pesar de contar con un contrato a tiempo parcial y duración determinada con la Generalitat de Cataluña.
Laureano (nombre ficticio), prestaba servicios para el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña desde octubre de 2018. Un cargo en el que contaba con categoría profesional “Profesor Grupo B”.
En concreto, “las partes suscribieron un contrato de tiempo parcial y de duración determinada, con el objeto de que el demandante prestara servicios como profesor de religión durante el curso escolar 2018-2018, estipulándose la duración del contrato hasta el 30/06/2019«.
Fecha en la que, tal y como se mostraba en el contrato, la administración dio por finalizada la relación laboral con el maestro de religión. Algo que, sin embargo, no fue aceptado por el docente. Y es que, a pesar de la duración del contrato estipulada en el documento laboral, el profesor alegó que el despido era improcedente.
Así lo mostró Laureano en fecha 23/07/2019. Día en el que el hombre presentó un escrito de reclamación ante el Departamento de Justicia de la Generalitat, en el que solicitaba la declaración de la improcedencia del despido. Reclamación que, sin embargo, no obtuvo respuesta.
El juzgado de lo Social nº33 de Barcelona estipulaba la desestimación de la demanda. Algo que llevaba al trabajador ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat). Un tribunal que, sin embargo, en su sentencia de 28 de septiembre de 2022, desestimaba igualmente el recurso de suplicación presentado por el trabajador. Y por tanto, confirmaba la resolución anterior.
NO HAY DESPIDO IMPROCEDENTE PARA EL PROFESOR DE RELIGIÓN
Cuestión de improcedencia del despido que el profesor de religión elevaba hasta el Tribunal Supremo.
En concreto, ante la Sala de lo Social compuesta por los magistrados Ángel Blasco Pellicer, María Luz García Paredes, Concepción Rosario Ureste García y Juan Molins García-Atance (ponente).
“La controversia litigiosa radica en determinar si es ajustado a derecho el contrato de trabajo temporal suscrito por las partes para la prestación de servicios como profesor de religión católica”, señala la sentencia 983/2024 del alto tribunal.
Controversia en la que el profesor alegaba que “la contratación temporal fue fraudulenta, por lo que la relación laboral es de duración indefinida”.
in embargo, la empresa alegó que “la enseñanza de religión no es obligatoria, sino voluntaria, de manera que su impartición en los centros escolares depende de la demanda de los alumnos”. Una demanda que haría que la asignatura de religión “quede excluida de los servicios que tienen carácter permanente dentro de la empresa”.
Y, del mismo modo, señala la empresa que “la duración (del contrato) ha sido limitada en el tiempo a la duración del curso escolar para el que se contrató al demandante”.
Situación ante la que el trabajador, como sentencia de contraste, aportaba el caso de otra profesora de religión, a la que sí se reconoció la relación laboral fraudulenta.
Sin embargo, tal y como apunta el Supremo, “no concurre el requisito de contradicción entre las sentencias comparadas”. Y es que, en el caso de la maestra, ésta acumuló diversos contratos temporales. Y, tras la finalización del último de ellos, continuó trabajando sin contrato.
Razonamiento ante el que el alto tribunal falla desestimando el recurso de casación. Y con ello, niega nuevamente el despido procedente al profesor con contrato temporal.
FUENTE: CONFILEGAL
El Juzgado de Primera Instancia nº21 de Madrid ha anulado el último testamento de una mujer con Alzhéimer. Y con ello, ha reconocido el reparto de la herencia planteado anteriormente, en el que se reconoce como herederos a partes iguales a los dos hijos de la fallecida, así como a su nieta, única hija del tercer hijo, anteriormente fallecido. María (nombre ficticio) era declarada incapaz por sentencia 78/2013, de 3 de julio de 2013. Ello, debido a que la mujer padecía «un diagnóstico de deterioro cognitivo moderado mixto neurodegenerativo-vascular con Alzhéimer». Una patología que, según sus médicos, empeoraba a nivel cognitivo y general, falleciendo la anciana el 27 de diciembre de 2015. Sin embargo, poco antes de fallecer, y estando ya incapacitada, la mujer cambiaba su testamento. Ello, favoreciendo únicamente a uno de sus hijos, Manuel, al que le instituía como único y universal heredero. Y con ello, determinaba como legatarios de la legítima estricta a su otro hijo, Juan, así como a su nieta, Laura. Un testamento ante el que Juan no dudaba en presentar una demanda judicial. Un procedimiento que recaía sobre el Juzgado de Primera Instancia nº21 de Madrid. Demanda en la que el hombre impugnaba el testamento realizado el 4 de julio de 2014 «por falta de capacidad del testador», «El mencionado testamento fue otorgado un año después de ser declarada incapaz, por lo que es manifiestamente nulo», estipula la defensa del hombre, representado por Ignacio Palomar Ruiz, socio director de Servilegal Abogados. Razonamiento por el que desde Servilegal Abogados se solicitaba la nulidad del testamento. También la imposición de costas a la parte demandada. LA JUSTICIA ANULA EL TESTAMENTO IMPUGNADO «María, cuando otorgó el testamento de 2014, no regía bien. De hecho, fue Manuel quién forzó con ir a notaría. Y luego, al sentirse mal, renunció a la herencia», estipula la impugnación del testamento. Las otras partes del procedimiento se allanaron a la demanda ante la objetividad de los hechos, lo que permitió una rápida resolución, dado que todos los hechos estaban debidamente acreditados mediante prueba documental: informes médicos, sentencia de incapacitación y certificado de últimas voluntades. Una valoración que acepta el juzgado madrileño, bajo la magistratura de María Luz Losada Vime. Y así, reconoce las pretensiones de la nieta de la mujer fallecida, y de uno de sus hijos, en reconocimiento del anterior testamento. «En el presente caso, la parte actora ejercita una acción de nulidad del testamento otorgado el 4 de julio de 2014 por falta de capacidad de la otorgante para testar. Frente a esta pretensión, la parte demandada se allana», expone el juzgado. Y así, estima la demanda presentada. Algo que supone que sea el testamento anterior, firmado por la fallecida en abril de 2003, el que se aplique en este caso, reconociendo «por terceras partes e iguales» a todos los herederos. “Este caso demuestra que no todo vale en materia sucesoria. Muchas familias se ven perjudicadas por testamentos otorgados cuando el testador ya no tenía capacidad. La justicia está para restaurar el equilibrio y proteger a quienes realmente tienen derecho”, afirma Ignacio Palomar, responsable del caso, a Confilegal. Un caso que demuestra que acreditar la nulidad de un testamento es posible. Eso sí, actuando «con prontitud y una estrategia jurídica clara». FUENTE. CONFILEGAL
l Tribunal Supremo ha precisado que su nueva doctrina sobre la necesidad de conceder al trabajador un trámite de audiencia previa antes de proceder a un despido disciplinario no tiene efectos retroactivos. Sólo se aplica a los despidos realizados con posterioridad a la sentencia que la estableció, dictada el 13 de noviembre de 2024 por el Pleno de la Sala de lo Social (sentencia 250/2024). Así lo aclara el Alto Tribunal en dos nuevas resoluciones, con fechas de 5 y 11 de marzo de 2025, en las que desestima los recursos presentados por los Tribunales Superiores de Justicia de Navarra y de la Comunidad Valenciana, que pretendían aplicar la nueva doctrina a casos previos a su publicación. En esta noticia se habla de: audiencia previadespido disciplinarioTribunal Supremo (TS) El Tribunal Supremo ha precisado que su nueva doctrina sobre la necesidad de conceder al trabajador un trámite de audiencia previa antes de proceder a un despido disciplinario no tiene efectos retroactivos. Sólo se aplica a los despidos realizados con posterioridad a la sentencia que la estableció, dictada el 13 de noviembre de 2024 por el Pleno de la Sala de lo Social (sentencia 250/2024). Así lo aclara el Alto Tribunal en dos nuevas resoluciones, con fechas de 5 y 11 de marzo de 2025, en las que desestima los recursos presentados por los Tribunales Superiores de Justicia de Navarra y de la Comunidad Valenciana, que pretendían aplicar la nueva doctrina a casos previos a su publicación. La sentencia del pasado noviembre marcó un hito jurisprudencial al establecer que los trabajadores no pueden ser despedidos disciplinariamente sin haber tenido la oportunidad de defenderse previamente frente a las acusaciones que fundamentan la extinción de su contrato. Un derecho que, según la Sala de lo Social, deriva directamente del artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en vigor en España desde 1982. Esa norma internacional exige que el trabajador pueda exponer las razones por las que considera injustificadas las acusaciones antes de que se adopte la decisión de despido, “salvo que no pueda pedirse razonablemente al empleador”. Con ese fundamento, el Supremo modificó una doctrina que había mantenido durante décadas, justificando el cambio por “los avances producidos en nuestro ordenamiento jurídico desde entonces”, como la Ley de Tratados Internacionales, la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional, la calificación de los despidos o la inaplicación de la norma más favorable considerada de forma global. NO EXIGIBLE RETROACTIVAMENTE En las recientes sentencias de marzo, el Supremo subraya que, en los casos analizados, los despidos se produjeron antes del cambio jurisprudencial, cuando todavía no era exigible la audiencia previa. Por tanto, no se puede sancionar a los empleadores por no haber cumplido con un requisito que en ese momento no formaba parte de las exigencias legales o jurisprudenciales. “No podía razonablemente pedirse al empleador que tuviera que conceder la audiencia previa al trabajador en tanto que en el momento en que activó el despido no se le podía exigir ese requisito”, concluye una de las resoluciones. Y remata: “En todos los casos en los que el despido se produjo con anterioridad a nuestro cambio de doctrina, es aplicable la excepción”. El caso resuelto por el Supremo en la sentencia 250/2024 partía de una trabajadora despedida sin ese trámite de audiencia. En ese fallo, la Sala reconocía que se apartaba de su criterio anterior para alinearse definitivamente con el Convenio 158 de la OIT. Como explicó entonces a Confilegal el abogado Alfredo Aspra, socio director de Labormatters Abogados, se trataba de “la sentencia más relevante de los últimos años dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo”. Un auténtico leading case que, a su juicio, “establecía un cambio de jurisprudencia sobre esta materia” y obligaba a los tribunales españoles “a aplicar el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT a la hora de valorar los despidos disciplinarios”. Ahora, las dos nuevas sentencias de marzo, el Supremo acota el alcance temporal de esa transformación doctrinal y da seguridad jurídica a las empresas en relación con decisiones adoptadas antes de noviembre de 2024. A partir de esa fecha, la audiencia previa se convierte en un requisito esencial en todo despido disciplinario. FUENTE: CONFILEGAL
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