Un profesor de religión demanda a la administración pública por un contrato temporal que terminó en la fecha establecida

El docente ha llegado hasta el Tribunal Supremo para mostrar que su trabajo como profesor terminó con un despido improcedente. Ello, a pesar de contar con un contrato a tiempo parcial y duración determinada con la Generalitat de Cataluña.
Laureano (nombre ficticio), prestaba servicios para el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña desde octubre de 2018. Un cargo en el que contaba con categoría profesional “Profesor Grupo B”.
En concreto, “las partes suscribieron un contrato de tiempo parcial y de duración determinada, con el objeto de que el demandante prestara servicios como profesor de religión durante el curso escolar 2018-2018, estipulándose la duración del contrato hasta el 30/06/2019«.
Fecha en la que, tal y como se mostraba en el contrato, la administración dio por finalizada la relación laboral con el maestro de religión. Algo que, sin embargo, no fue aceptado por el docente. Y es que, a pesar de la duración del contrato estipulada en el documento laboral, el profesor alegó que el despido era improcedente.
Así lo mostró Laureano en fecha 23/07/2019. Día en el que el hombre presentó un escrito de reclamación ante el Departamento de Justicia de la Generalitat, en el que solicitaba la declaración de la improcedencia del despido. Reclamación que, sin embargo, no obtuvo respuesta.
El juzgado de lo Social nº33 de Barcelona estipulaba la desestimación de la demanda. Algo que llevaba al trabajador ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat). Un tribunal que, sin embargo, en su sentencia de 28 de septiembre de 2022, desestimaba igualmente el recurso de suplicación presentado por el trabajador. Y por tanto, confirmaba la resolución anterior.
NO HAY DESPIDO IMPROCEDENTE PARA EL PROFESOR DE RELIGIÓN
Cuestión de improcedencia del despido que el profesor de religión elevaba hasta el Tribunal Supremo.
En concreto, ante la Sala de lo Social compuesta por los magistrados Ángel Blasco Pellicer, María Luz García Paredes, Concepción Rosario Ureste García y Juan Molins García-Atance (ponente).
“La controversia litigiosa radica en determinar si es ajustado a derecho el contrato de trabajo temporal suscrito por las partes para la prestación de servicios como profesor de religión católica”, señala la sentencia 983/2024 del alto tribunal.
Controversia en la que el profesor alegaba que “la contratación temporal fue fraudulenta, por lo que la relación laboral es de duración indefinida”.
in embargo, la empresa alegó que “la enseñanza de religión no es obligatoria, sino voluntaria, de manera que su impartición en los centros escolares depende de la demanda de los alumnos”. Una demanda que haría que la asignatura de religión “quede excluida de los servicios que tienen carácter permanente dentro de la empresa”.
Y, del mismo modo, señala la empresa que “la duración (del contrato) ha sido limitada en el tiempo a la duración del curso escolar para el que se contrató al demandante”.
Situación ante la que el trabajador, como sentencia de contraste, aportaba el caso de otra profesora de religión, a la que sí se reconoció la relación laboral fraudulenta. 
Sin embargo, tal y como apunta el Supremo, “no concurre el requisito de contradicción entre las sentencias comparadas”. Y es que, en el caso de la maestra, ésta acumuló diversos contratos temporales. Y, tras la finalización del último de ellos, continuó trabajando sin contrato.
Razonamiento ante el que el alto tribunal falla desestimando el recurso de casación. Y con ello, niega nuevamente el despido procedente al profesor con contrato temporal.
FUENTE: CONFILEGAL
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado el despido de un trabajador, «pillado» en el gimnasio estando de baja por dolor de espalda, con una sintomatología que desaconsejaba los ejercicios de intensidad sobre la zona. Una sentencia en la que el tribunal estipula que el centro deportivo no es una zona «privada». El absentismo laboral se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las empresas en España. También dentro de la administración pública. Ausencias que se multiplican en los puestos de trabajo que llevan a muchas empresas a apostar por contratar detectives privados para comprobar si esos trabajadores realmente se encuentran en incapacidad temporal, o están intentando «engañar» al sistema. Una práctica que llevaba a FCC Aqualia S.A. a despedir a Jesús, un empleado de la empresa desde mayo de 2008. Así pues, en enero de 2022, el trabajador iniciaba una IT hasta junio de 2023 por «dolor en la parte inferior de la espalda». Una IT que volvía a causar baja en la empresa en enero de 2024, por la misma dolencia. Un dolor ante el que la recomendación médica era «no cargar peso sobre la espalda, no realizar ejercicios de cargas axilares de columna, saltos, carrera intensa», o ejercicios que supusiesen agresión a la zona afectada. Sin embargo, en abril de 2024, Detectives Garbo comprobaba que el trabajador, además de conducir y realizar todo tipo de actividades, había acudido a hacer un circuito intenso de montaña durante tres horas. También, durante varios días, «acudió a un club deportivo a realizar clases dirigidas en las que se realiza todo tipo de movimientos y esfuerzos», sin que se observase dolencia alguna. Algo que llevaba a la empresa a despedir al trabajador el 23 de abril de 2024 por falta muy grave. Ir al gimnasio puede ser motivo de despido Un despido que el hombre llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Juzgado de lo Social nº4 de Elche que, en su sentencia de 22 de noviembre de 2024, desestimaba las pretensiones del trabajador. Decisión que llevaba a Jesús a presentar un recurso de suplicación ante el TSJCV. Caso que recaía sobre los magistrados Isabel Moreno de Viana-Cárdenas (presidente), Miguel Ángel Beltrán Aleu y María del Carmen Torregrosa Maicas (ponente). Recurso en el que el trabajador alegaba que el informe del detective debía ser declarado nulo debido a que las fotos obtenidas en el gimnasio «lo fueron en un espacio privado, por lo que son ilícitas». Del mismo modo, alegaba Jesús que su despido era discriminatorio por baja médica. Y que, del mismo modo, no se podía demostrar una vulneración de la buena fe contractual. Motivos que desestimaba el tribunal. «El club privado, gimnasio, en el que se tomaron las fotografías no tiene la consideración de espacio reservado puesto que, de un lado, el detective obtuvo permiso para entrar; y de otro, no puede considerarse que se trate de un lugar donde se ejerce la vida íntima, personal y familiar», expone el tribunal. Una valoración que el TSJCV acompaña de que el trabajador no cumplió con el «leal comportamiento» que le imponía la incapacidad temporal de cara a la empresa, en busca de cooperar activamente en su recuperación. Algo que sí supone la transgresión de la buena fe contractual, justificando así su despido. Fallo en el que el tribunal desestima el recurso, confirmando el despido. Sin costas.
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