Unicaja, condenada a pagar 2.000 euros a un cliente por una transferencia que él no realizó voluntariamente

Unicaja, condenada a pagar 2.000 euros a un cliente por una transferencia que él no realizó voluntariamente
El Juzgado de Primera Instancia nº3 de Albacete ha condenado a Unicaja a pagar 2.000 euros, más intereses legales, a su cliente. Ello, después de que una transferencia involuntaria, realizada a través de una supuesta estafa de SMS, llegara a los tribunales.
La digitalización se ha convertido en un proceso de cambio que pocos ya podrían negar. Y es que, gracias al avance de las nuevas tecnologías, y las aplicaciones digitales, cada vez son más los usuarios que optan por llevar a cabo sus trámites «online».
Algo que simplifica enormemente los procesos. Pero que, sin embargo, parece entrañar riesgos difíciles de evitar. Una realidad ante la que las ciberestafas no han dejado de crecer en sus diferentes modalidades, como el phishing, smishing o spoofing.
Última técnica que consiste en una estafa en la que los delincuentes suplantan la identidad, por ejemplo, de una entidad bancaria, para conseguir ilícitamente el dinero de los clientes de ese mismo banco. Engaño que ahora ha llevado a Unicaja ante los tribunales. Ello, después de que el banco negara su responsabilidad en un caso de spoofing que hizo que un cliente perdiera 2.000 por una transferencia falsa.
Situación ante la que el Juzgado de Primera Instancia estima la sentencia presentada por el cliente de la entidad bancaria.
«La sentencia subraya que las víctimas de este tipo de estafas no pueden ser consideradas negligentes si actúan bajo engaño. Además, recuerda la responsabilidad de las entidades bancarias de garantizar la seguridad de sus sistemas. Y asumir las consecuencias de fallos en su operativa», explica el abogado Manuel Cazalilla, de Ensis Legal, el despacho que ha representado a la víctima.
LA RESPONSABILIDAD NO RECAE SOBRE EL CLIENTE DE UNICAJA
«Alega la parte actora la falta de consentimiento en la realización de la transferencia. Y se corrobora con la llamada inmediata al servicio de atención al cliente, y la denuncia presentada en la Comisaría Provincial de Policía Nacional», destaca la sentencia 719/2024.
Un «fraude informático» que no puede ser considerado negligencia por parte del cliente bancario. Y es que, a pesar de que «es cierto que la operación fue autorizada, el medio de autorizarla fue fraudulento».
«El demandante fue víctima de un fraude. Un aviso por SMS afirmando que un móvil está intentando vincularse a la cuenta. Y a continuación, una llamada por quien se identifica como trabajador de Unicaja», explica la sentencia. Un contacto que se produjo «dentro del hijo del sms del banco».
«Los autores de la estafa debieron acceder a los datos del banco». destaca. Una realidad ante la que no se puede considerar «la actuación del demandante como negligente».
Algo que pone en el punto de mira a Unicaja. «Si un banco no ha sido capaz de limitar el acceso al canal de banca electrónica, no puede pretender que el presunto ordenante víctima sea el único responsable. Pues es el banco quien tiene responsabilidad respecto del buen funcionamiento y la seguridad del mismo».
«La resolución concluye que el banco demandado no acreditó haber implementado las medidas de seguridad necesarias para prevenir este tipo de fraudes. A pesar de que la transferencia aparecía como «autorizada», se acreditó que el medio empleado para obtener dicha autorización fue fraudulenta», explica Cazalilla.
Fallo en el que el juzgado condena a Unicaja a «pagar a la actora la cantidad de 2.000 euros, con los intereses legales». Y, del mismo modo, al pago de costas procesales.
FUENTE: CONFILEGAL

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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado el despido de un trabajador, «pillado» en el gimnasio estando de baja por dolor de espalda, con una sintomatología que desaconsejaba los ejercicios de intensidad sobre la zona. Una sentencia en la que el tribunal estipula que el centro deportivo no es una zona «privada». El absentismo laboral se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las empresas en España. También dentro de la administración pública. Ausencias que se multiplican en los puestos de trabajo que llevan a muchas empresas a apostar por contratar detectives privados para comprobar si esos trabajadores realmente se encuentran en incapacidad temporal, o están intentando «engañar» al sistema. Una práctica que llevaba a FCC Aqualia S.A. a despedir a Jesús, un empleado de la empresa desde mayo de 2008. Así pues, en enero de 2022, el trabajador iniciaba una IT hasta junio de 2023 por «dolor en la parte inferior de la espalda». Una IT que volvía a causar baja en la empresa en enero de 2024, por la misma dolencia. Un dolor ante el que la recomendación médica era «no cargar peso sobre la espalda, no realizar ejercicios de cargas axilares de columna, saltos, carrera intensa», o ejercicios que supusiesen agresión a la zona afectada. Sin embargo, en abril de 2024, Detectives Garbo comprobaba que el trabajador, además de conducir y realizar todo tipo de actividades, había acudido a hacer un circuito intenso de montaña durante tres horas. También, durante varios días, «acudió a un club deportivo a realizar clases dirigidas en las que se realiza todo tipo de movimientos y esfuerzos», sin que se observase dolencia alguna. Algo que llevaba a la empresa a despedir al trabajador el 23 de abril de 2024 por falta muy grave. Ir al gimnasio puede ser motivo de despido Un despido que el hombre llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Juzgado de lo Social nº4 de Elche que, en su sentencia de 22 de noviembre de 2024, desestimaba las pretensiones del trabajador. Decisión que llevaba a Jesús a presentar un recurso de suplicación ante el TSJCV. Caso que recaía sobre los magistrados Isabel Moreno de Viana-Cárdenas (presidente), Miguel Ángel Beltrán Aleu y María del Carmen Torregrosa Maicas (ponente). Recurso en el que el trabajador alegaba que el informe del detective debía ser declarado nulo debido a que las fotos obtenidas en el gimnasio «lo fueron en un espacio privado, por lo que son ilícitas». Del mismo modo, alegaba Jesús que su despido era discriminatorio por baja médica. Y que, del mismo modo, no se podía demostrar una vulneración de la buena fe contractual. Motivos que desestimaba el tribunal. «El club privado, gimnasio, en el que se tomaron las fotografías no tiene la consideración de espacio reservado puesto que, de un lado, el detective obtuvo permiso para entrar; y de otro, no puede considerarse que se trate de un lugar donde se ejerce la vida íntima, personal y familiar», expone el tribunal. Una valoración que el TSJCV acompaña de que el trabajador no cumplió con el «leal comportamiento» que le imponía la incapacidad temporal de cara a la empresa, en busca de cooperar activamente en su recuperación. Algo que sí supone la transgresión de la buena fe contractual, justificando así su despido. Fallo en el que el tribunal desestima el recurso, confirmando el despido. Sin costas.


